La salud laboral de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid vuelve a situarse en el centro del debate tras las duras críticas lanzadas por UGT Servicios Públicos de Madrid. El sindicato, que asegura defender cualquier avance real en materia de prevención de riesgos, denuncia sin ambages la falta de medidas efectivas por parte de la Administración autonómica y califica de insuficientes e improvisadas las actuaciones anunciadas recientemente.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo específico de condiciones de trabajo firmado en 2021, en el que se recogían compromisos concretos para mejorar la seguridad y salud laboral de este colectivo esencial en la protección del medio natural. Sin embargo, según UGT, estas medidas siguen sin haberse materializado años después, lo que evidencia —a su juicio— una preocupante falta de voluntad política.
La reciente decisión de realizar reconocimientos médicos a toda la plantilla ha sido recibida con escepticismo por parte del sindicato. No cuestionan la utilidad de estos controles, pero consideran que llegan tarde y, sobre todo, que no abordan el problema estructural. “No se puede reducir la prevención a un simple chequeo médico”, sostienen, insistiendo en que la salud laboral exige un enfoque integral que incluya evaluación de riesgos, medidas preventivas reales y seguimiento continuo.
Además, la actuación de la Comunidad de Madrid se produce en un contexto normativo que añade aún más interrogantes. La Ley 4/2024, que regula a los agentes forestales y medioambientales, establece la obligación de desarrollar directrices específicas sobre riesgos laborales a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas directrices aún están pendientes, lo que, según UGT, hace aún más incomprensible que la Administración actúe sin un marco técnico claro.
Pero las críticas no se limitan a la planificación general. Uno de los puntos más alarmantes señalados por el sindicato es la situación de la oficina de San Lorenzo del Escorial, donde se han detectado niveles de gas radón superiores a los límites legales. Este gas, de origen natural, está asociado a riesgos graves para la salud, incluido el desarrollo de cáncer de pulmón en exposiciones prolongadas.
UGT denuncia que, pese a conocer esta situación, la Administración no ha actuado con la diligencia necesaria. Aunque se han anunciado medidas, aseguran que no se ha realizado una verificación técnica posterior que confirme la reducción de los niveles de radón. En consecuencia, sostienen que los trabajadores siguen expuestos a un riesgo inaceptable.
El sindicato también ha solicitado reconocimientos médicos específicos para los agentes que han trabajado durante años en estas instalaciones. Sin embargo, la respuesta de la Administración ha sido negativa, lo que ha incrementado la tensión y ha reforzado la percepción de desprotección entre la plantilla.
Otro de los aspectos que UGT considera especialmente grave es la ausencia de una perspectiva integral en las políticas de prevención. Denuncian que no se están teniendo en cuenta factores como los riesgos psicosociales —cada vez más relevantes en entornos laborales complejos— ni la necesaria perspectiva de género, tal y como exige la normativa vigente.
En este contexto, el sindicato insiste en que la solución no pasa por medidas aisladas ni por actuaciones de carácter reactivo. Reclaman la elaboración de un plan completo de prevención de riesgos laborales que incluya evaluación detallada, medidas correctoras, formación específica y seguimiento continuo. Un plan que, además, debe ser negociado con los representantes de los trabajadores y adaptado a las particularidades del trabajo que desempeñan los agentes forestales.
UGT va más allá y advierte de posibles responsabilidades legales si no se corrigen estas deficiencias. Consideran que la Administración autonómica podría ser responsable de las consecuencias derivadas de la exposición a riesgos no controlados, especialmente en casos como el del radón.
Mientras tanto, la tensión entre el sindicato y la Comunidad de Madrid continúa en aumento. Lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa, sino la seguridad y salud de un colectivo clave para la protección del entorno natural y la prevención de incendios.
La situación pone de relieve un problema de fondo: la distancia entre los compromisos adquiridos sobre el papel y su aplicación real. Para UGT, la salud laboral no puede seguir siendo una asignatura pendiente ni un asunto secundario. Exigen hechos, no anuncios. Y, sobre todo, una política seria que garantice que quienes protegen el medio ambiente no tengan que poner en riesgo su propia salud en el desempeño de su trabajo.