Es una medida importante, pero ha pasado casi desapercibida entre días de descanso, reuniones familiares, procesiones y comilonas propias de la Semana Santa. Sin embargo, afectará a miles de clientes a partir de esta semana, cuando vuelvan a la rutina de comer fuera en sus recesos laborales o, simplemente, a compartir una velada con amigos o en pareja en cualquier local de restauración de nuestro país.
Desde el pasado 3 de este mes, coincidiendo con el Viernes Santo, pedir “¿me lo pone para llevar?” ya no tendrá coste. Bares y restaurantes tienen prohibido cobrar por los envases destinados a que los clientes se lleven la comida no consumida, es decir, las sobras. La medida, impulsada por el Gobierno de España, entra ahora en aplicación efectiva tras el fin del periodo de gracia desde la aprobación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace un año.
De este modo, lo que hasta hace poco tiempo estaba mal visto en España, llevarse las sobras del restaurante, asociado a veces a una idea de tacañería o “cutrez”, queda ahora institucionalizado como un derecho del consumidor. El Ejecutivo de PSOE-Sumar busca así forzar un cambio cultural en una práctica todavía marcada por cierto estigma social. Y además, se lo pone fácil: los establecimientos deberán proporcionar recipientes sin coste adicional o permitir que el cliente utilice los suyos propios.
Del cobro habitual a una práctica sancionable
Hasta ahora, pagar por un envase era algo habitual. En muchos locales, el cliente debía abonar entre 0,20 y 0,50 euros, e incluso más, por un tupper o una caja para llevarse las sobras. Desde el pasado viernes, esta práctica queda prohibida y no puede aparecer en el ticket.
Una vez finalizado el periodo de adaptación, seguir cobrando por estos recipientes puede acarrear sanciones, ya que la norma considera que “facilitar el aprovechamiento de los alimentos forma parte del servicio básico y de la responsabilidad ambiental del negocio”.
No obstante, los establecimientos que incumplan la normativa se exponen a tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Las infracciones leves pueden suponer apercibimientos o multas de hasta 2.000 euros, las graves oscilan entre 2.001 y 60.000 euros y, por ultimo, las muy graves pueden alcanzar entre 60.001 y 500.000 euros
En cuanto a los plazos de prescripción, serán de seis meses para las infracciones leves, un año para las graves y dos años para las muy graves.
No solo bares: también supermercados
El alcance de la ley va más allá de la hostelería. Supermercados y grandes superficies de más de 1.300 metros cuadrados deberán aplicar medidas para evitar que los alimentos terminen en la basura, desde la venta con descuentos de productos próximos a caducar hasta la donación de excedentes a entidades sociales, ONG o bancos de alimentos con los cuales deberán llegar a acuerdos de colaboración.
A partir de ahora, no será extraño encontrar zonas específicas con frutas y verduras rebajadas hasta en un 30 %, especialmente aquellas piezas irregulares o de tamaño poco habitual, cuya compra se incentivará con descuentos más atractivos.
En la misma línea, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario amplía el número de productos que pueden venderse con descuentos cuando se aproxima su fecha de caducidad y exige a los fabricantes revisar el etiquetado para ajustarlo mejor. También promueve campañas informativas para que los consumidores comprendan la diferencia entre “fecha de caducidad” y “consumo preferente”, facilitando así una compra más eficiente y reduciendo el desperdicio.
Una medida contra el despilfarro alimentario
La decisión no es menor. En España se desperdicia cada año más de 1,1 millones de toneladas de alimentos en los hogares, según del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si se amplía el foco a toda la cadena alimentaria (producción, industria y distribución), la cifra se eleva hasta cerca de 7,7 millones de toneladas anuales.
Con esta medida, el Ejecutivo trata de avanzar en la reducción de residuos, fomentar hábitos de consumo responsables y normalizar que el cliente se lleve lo que no consume, sin estigmas.
La normativa también pone el foco en el tipo de envases, priorizando aquellos reutilizables o reciclables, en línea con las políticas medioambientales de la Unión Europea.
En este sentido, cabe recordar que en abril de 2022 durante la legislatura anterior de PSOE-Sumar, el Ministerio de Consumo a cargo del excoordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aprobó la ley que exigía a bares y restaurantes a facilitar agua gratuita a todos sus clientes que así la solicitasen. El objetivo de aquella medida era reducir el uso de envases y de plásticos de un solo uso muy habituales en la hostelería.