La Audiencia Provincial de A Coruña se prepara para un juicio que, más allá de los delitos concretos que se juzgan, pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar justicia en contextos de intimidación estructural. Los días 28 y 29, A.J.J. se sentará en el banquillo acusado de violencia habitual, tres presuntos delitos de agresión sexual y amenazas continuadas contra su exmujer. Sin embargo, el resultado del proceso podría no depender tanto de la gravedad de los hechos como de una variable inquietante: el miedo de la víctima a declarar por temor a represalias.
Ese temor no es infundado. El acusado pertenece al clan de Los Zamoranos, mientras que la víctima forma parte de la familia Morón, dos grupos gitanos cuya historia reciente incluye enfrentamientos violentos, disputas en mercadillos ambulantes y episodios que acabaron con condenas de prisión. El juicio, por tanto, no solo reactiva un caso de violencia machista prolongada, sino también una fractura comunitaria latente, con capacidad de desbordar la sala judicial.
En este contexto, el proceso amenaza con convertirse en un polvorín social y jurídico. Fuentes conocedoras del caso advierten a Diario Sabemos de que la mujer podría optar por no declarar en el juicio oral, temiendo represalias contra ella o contra sus hijos. De producirse ese escenario, el riesgo es evidente: sin el testimonio directo de la víctima, la acusación podría debilitarse hasta el punto de dejar al acusado en libertad, pese a la gravedad de los hechos descritos y las penas de cárcel solicitadas.
Violencia prolongada y sistemática
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la relación entre A.J.J. y la víctima se extendió desde 1997 hasta 2011, periodo en el que contrajeron matrimonio por el rito gitano y tuvieron cuatro hijos en común. Desde el inicio, sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado habría sometido a su pareja a un trato degradante continuado, basado en humillaciones, descalificaciones y ataques constantes a su dignidad como mujer.
El relato sitúa ya en la luna de miel, durante un viaje a Asturias, los primeros episodios graves de vejaciones. No se trataría de incidentes aislados, sino del inicio de un patrón de dominación que se mantuvo durante años. Las humillaciones, las agresiones físicas y las amenazas habrían sido frecuentes, incluso durante los embarazos de la mujer y en presencia de los hijos menores, un elemento que agrava el impacto psicológico y jurídico de los hechos.
Con el paso del tiempo, la violencia se habría normalizado hasta integrarse en la vida cotidiana. En 1998, siempre según la acusación, el procesado habría prohibido a su pareja comunicarse con su madre y la habría agredido cuando intentó regresar a su domicilio. Años después, ya en Benavente, los servicios sociales tuvieron conocimiento de la situación y se incoaron diligencias por violencia de género, sin que ello pusiera fin al ciclo de abuso.
Separación sin ruptura del control
La separación en 2011 no supuso el final de los episodios violentos. La Fiscalía describe cómo los menosprecios, las amenazas y las agresiones continuaron en los años siguientes, con hechos documentados en Valladolid, Santiago de Compostela y otros puntos de Galicia. En ese periodo se incluyen traslados forzados en vehículo, amenazas vinculadas a la negativa de la mujer a mantener relaciones sexuales y nuevas agresiones de carácter sexual.
La gravedad de la situación llevó al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago a dictar, en mayo de 2019, una orden de alejamiento que prohibía al acusado aproximarse o comunicarse con la víctima a menos de 300 metros. La medida, sin embargo, no borra el historial previo ni neutraliza el clima de intimidación que rodea ahora al juicio.
35 años de prisión
La Fiscalía solicita para A.J.J. una condena global de 35 años de prisión, además de indemnizaciones de 100.000 euros para la víctima y 20.000 euros para cada uno de los hijos, en reconocimiento al daño moral y psicológico sufrido. También reclama mantener las medidas de protección durante al menos cinco años tras la sentencia.
Pero la contundencia de la petición contrasta con la fragilidad del escenario procesal. En los delitos de violencia sexual y violencia habitual, el testimonio de la víctima sigue siendo una pieza central, a menudo insustituible. Si la mujer decide no declarar por miedo, el juicio podría convertirse en un ejemplo extremo de cómo la coacción social y familiar puede vaciar de contenido el sistema penal.
El miedo derrota a la justicia
Este caso ilustra una paradoja inquietante del Estado de derecho: cuanto más poderoso es el entorno intimidatorio del acusado, mayor es la probabilidad de impunidad, incluso ante acusaciones sólidas. La ley ofrece protección formal, pero no siempre logra neutralizar el miedo real de quienes deben sostenerla con su palabra.
El juicio de A Coruña no solo decidirá el futuro penal de A.J.J. También medirá hasta qué punto la justicia española es capaz de proteger a las víctimas cuando el riesgo no es abstracto, sino concreto, comunitario y persistente. Si la mujer finalmente no declara y el acusado queda libre, el mensaje será devastador: en determinados contextos, el silencio forzado sigue siendo más fuerte que la ley.