Durante años, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero ha orbitado en torno al conflicto venezolano como un mediador autoproclamado, un actor que buscaba facilitar el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición. Pero, en los últimos meses, ese rol ha mutado en un foco de sospechas de alcance internacional. Según ha publicado Vozpópuli, la Justicia de Estados Unidos estaría “muy interesada” en acelerar la apertura de un proceso penal contra el expresidente español como “colaborador necesario” del régimen chavista. Un salto radical: del mediador al sospechoso, del invitado en Miraflores al posible encausado por una corte federal estadounidense.
Fuentes judiciales citadas por ese medio, vinculadas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, apuntan a que las revelaciones de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia militar de Venezuela, han sido “determinantes” para que la Fiscalía estadounidense impulse esta vía penal. Carvajal, extraditado desde España en 2023 y confeso de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, entregó en sus últimas comparecencias “datos precisos” sobre supuestos pagos millonarios a Zapatero provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Dinero del corazón económico del chavismo que, según el exgeneral, habría servido para apuntalar las actividades de Zapatero en Caracas.
El alcance de una eventual imputación penal no es menor: podría llevar al embargo de bienes y a la emisión de una orden internacional de arresto. Semejante escenario situaría a un expresidente del Gobierno español en un territorio jurídico inédito.
PDVSA, intermediarios y una geografía de poder
Las declaraciones de Carvajal no serían la única fuente de sospecha. La información recopilada por Vozpópuli señala que las autoridades estadounidenses están recabando datos en España sobre la actividad financiera de Zapatero y su evolución patrimonial. El foco se amplía, así, desde la figura del expresidente hacia una red más amplia de intereses energéticos, financieros y empresariales asociados al chavismo.
El testimonio de Carvajal conectaría con otras piezas del puzle. El expresidente de PDVSA y exministro de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, denunció en una entrevista concedida a Noticiero Digital que Zapatero habría participado en la intermediación de contratos petroleros vinculados a empresarios españoles de apellido Cortina. “De ahí viene su apego al diálogo”, afirmó Ramírez con ironía.
Diario Sabemos, que retomó y amplió esa información, subraya la verosimilitud del relato: las empresas vinculadas a Cortina habrían obtenido la explotación del sector Junín 10 de la Faja del Orinoco presuntamente a través de la sociedad Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. (IPISA), hecho que esta empresa negó.
Sin embargo, el rastro documental refuerza la sospecha. La periodista Maibort Petit publicó comunicaciones internas en las que Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol y condenado por el caso Gürtel, expresaba a autoridades venezolanas su interés en una empresa mixta con PDVSA para explotar el campo Junín. El correo señalaba que actuaba en nombre de IPISA, ligada al propio Cortina.
A esta arquitectura empresarial se sumaba, presuntamente, otro actor clave: Alejandro Betancourt, magnate venezolano señalado en varios procedimientos por presuntos esquemas de corrupción en la concesión de contratos eléctricos a través de la firma Derwick Associates. Documentos internos de PDVSA, citados por Diario Sabemos, vinculan directamente a Betancourt con IPISA e incluso con la operación que facilitó la obtención del contrato en Junín 10.
La operación petrolera, formalizada finalmente en 2017 bajo la empresa holandesa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, una firma creada apenas seis meses antes, con un capital de 147.000 euros y menos de diez empleados, nació sin licitación pública y sin aprobación parlamentaria, dos requisitos constitucionales en Venezuela.
La hipótesis que toma fuerza
En este mar de presuntas irregularidades, sospechas y entramados corporativos, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece una y otra vez como una bisagra entre dos mundos: Caracas y Madrid, el poder político y la ingeniería empresarial del petróleo, la diplomacia y el negocio.
Hay demasiados indicios que apuntan a la posibilidad de que Zapatero hubiese actuado, directa o indirectamente, como intermediario en operaciones petroleras de enorme alcance económico y político. Para Washington, por su parte, el testimonio de Carvajal habría sido el detonante de un proceso que ya había acumulado sombras, pero no certezas.
El caso Morodo
Entre 2008 y 2015, las autoridades españolas investigaron una trama de blanqueo de capitales, evasión fiscal y corrupción internacional que involucraba a Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el primer gobierno de Zapatero, su hijo Alejo Morodo y otros socios, con la estatal PDVSA como origen de los fondos. El presunto esquema consistía en contratos ficticios de asesoría y consultoría firmados por sociedades pantalla, a través de las cuales se canalizaban pagos millonarios de Venezuela hacia España.
En 2013-2014, aquellas sociedades recibieron cerca de 4,5 millones de euros que, según la fiscalía, correspondían a “ganancias” ocultadas a la Hacienda Pública española. Para ello, inventaron servicios de asesoría legal que nunca prestaron, y utilizaron estructuras societarias vacías de actividad real, con el fin de disfrazar la verdadera naturaleza del ingreso.
El escándalo implicó también a altos cargos de PDVSA. Por ejemplo, un exdirectivo que había firmado contratos con las sociedades vinculadas a los Morodo declaró ante la justicia poco antes de morir en circunstancias controvertidas, que los convenios habían sido gestionados directamente por el entonces ministro de Petróleo venezolano. Además, la investigación detectó vuelos compartidos entre los Morodo y ese directivo de PDVSA, evidencia de que las relaciones no eran puramente contractuales.
En octubre de 2024 la causa culminó con un acuerdo de conformidad ante la justicia española. Raúl Morodo aceptó una condena de 10 meses de prisión, y Alejo fue sentenciado a dos años por delitos contra la Hacienda Pública. Ambos reconocieron los hechos, pagaron más de 1,4 millones de euros como reparación y evitaron así penas mayores.
La sentencia documenta que las sociedades creadas por Alejo sirvieron exclusivamente para eludir impuestos personales mediante su tributación como sociedades en régimen más favorable. El dinero fue luego transferido al patrimonio personal tanto de Alejo como de su padre.
El caso Morodo no es aislado. Se inserta en un entramado mayor de investigaciones sobre la corrupción en PDVSA, denuncias de sobornos, uso de sociedades pantalla y fugas de capitales a paraísos fiscales. En los últimos años, tanto en Venezuela como en Europa, se han detectado decenas de operaciones de este tipo que ilustran cómo un Estado petrolero puede servir de plataforma para redes globales de blanqueo.
Esta trama global se entrelaza ahora con una selección de figuras políticas, diplomáticas y empresariales que, por su visibilidad, podrían reconfigurar las relaciones entre España, Venezuela y Estados Unidos.
El caso de Raúl Morodo y su hijo Alejo demuestra, con documentación judicial, que las maniobras de captación de fondos de PDVSA en España no eran excepcionales, sino parte de un patrón con estructura, actores y modus operandi definidos. Que haya acabado con condena penal refuerza la credibilidad de investigaciones que asocian a otros actores, como Zapatero, con redes similares.