La nueva escalada de los precios energéticos vuelve a colocar al Gobierno ante una decisión conocida:, la de repartir el coste de la crisis o dejar que termine llegando fundamentalmente al bolsillo de las familias. Yolanda Díaz ha reclamado al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que la respuesta incluya límites a los alquileres y un gravamen al sector del refino, mientras CCOO y UGT piden ampliar la protección y recuperar la excepción ibérica.
El planteamiento llega cuando los datos empiezan a reflejar con claridad el impacto de la guerra de Irán. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, siete décimas más que en julio y su nivel más alto desde febrero de 2023. El transporte registra ya una subida anual del 9,5%, empujado principalmente por los combustibles, mientras la inflación subyacente se moderó una décima, hasta el 2,9%.
Es decir, el nuevo repunte no responde por ahora a una escalada generalizada de todos los precios, sino que tiene en la energía uno de sus principales focos. Y es precisamente ahí donde Díaz plantea intervenir.
Limitar alquileres y gravar el refino
La vicepresidenta segunda ha pedido prorrogar las medidas de protección que vencen el 30 de septiembre, limitar los alquileres y establecer un gravamen sobre el refino, con el objetivo de evitar que el encarecimiento energético vuelva a trasladarse íntegramente a los hogares.
La propuesta introduce además una cuestión relevante en el debate sobre las ayudas públicas. Rebajar impuestos o subvencionar determinados consumos puede aliviar la factura inmediata, pero también supone utilizar recursos públicos para absorber parte del incremento. Gravar los beneficios vinculados al refino desplaza una parte del esfuerzo hacia las empresas que operan en uno de los sectores situados en el centro de la crisis energética.
Los sindicatos comparten la necesidad de intervenir. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclama mantener las medidas actuales y ampliar algunas de ellas, mientras denuncia que el aumento de los precios de los carburantes no guarda la misma proporción que la evolución del crudo.
CCOO recupera la excepción ibérica
CCOO plantea además volver a utilizar la excepción ibérica, el mecanismo aplicado por España y Portugal durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania para limitar temporalmente el precio del gas utilizado para producir electricidad.
Unai Sordo también reclama una prestación de al menos 300 euros para los hogares situados por debajo de la renta media, que podría alcanzar a unos diez millones de personas, y pide controles sobre toda la cadena energética para impedir que las rebajas fiscales terminen engordando los márgenes empresariales.
La recuperación de la excepción ibérica cuenta, sin embargo, con la oposición del sector eléctrico. Aelec, que agrupa a compañías como Endesa, Iberdrola y EDP España, sostiene que las circunstancias son distintas a las de 2022 y que actualmente el gas determina el precio eléctrico en menos del 15% de las horas, frente a alrededor del 75% durante aquella crisis.
Carlos Cuerpo, por su parte, ha abierto la puerta a mantener las medidas de protección más allá del 30 de septiembre y el Gobierno continuará la próxima semana las reuniones con los sectores más afectados, especialmente transporte y agroalimentación.
Con los carburantes empujando nuevamente la inflación por encima del 4%, el debate dentro del Ejecutivo ya no se limita a decidir si continúa el escudo frente a la crisis. También vuelve a plantear cómo se distribuye su factura entre las arcas públicas, las empresas energéticas y unos hogares que vuelven a enfrentarse al encarecimiento de gastos difícilmente evitables.
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