Hay algo de impostura en la escena. Vox lleva semanas negociando con el Partido Popular para entrar en gobiernos autonómicos, pero ahora señala a su propio socio como el principal problema. Ignacio Garriga, secretario general del partido, ha ido un paso más allá y ha pedido directamente que Alberto Núñez Feijóo se retire de las conversaciones.
Es un intento bastante explícito de desplazar al líder del PP del centro de las decisiones en comunidades clave como Extremadura, Castilla y León o Aragón.
Garriga lo plantea como una solución, si Feijóo se aparta —y, de paso, también su entorno más cercano—, los acuerdos llegarán. Según su versión, las negociaciones con los dirigentes regionales del PP avanzan “de buen grado”, pero es la dirección nacional la que interfiere y ralentiza el proceso.
Vox necesita cerrar pactos y entrar en gobiernos, pero al mismo tiempo intenta proyectar la idea de que no es quien bloquea. La responsabilidad, en este caso, se desplaza hacia Feijóo, al que acusa de torpedear unas negociaciones que, en la práctica, dependen de ambos partidos.
Lo llamativo es que el reproche no viene desde fuera, sino desde dentro del mismo bloque político.
Porque lo que deja entrever este cruce de declaraciones es una relación mucho menos sólida de lo que aparenta. Vox presiona para entrar en los ejecutivos autonómicos, mientras el PP trata de gestionar ese encaje sin asumir completamente el coste político que implica.
Ahí es donde aparece Feijóo. Su posición ha oscilado en las últimas semanas entre la necesidad de alcanzar acuerdos para gobernar y el intento de marcar cierta distancia con Vox en el plano estatal. Ese equilibrio, que ya era complicado, se vuelve aún más frágil cuando desde su potencial socio se le señala directamente como un problema.
Garriga, por su parte, no disimula el objetivo. Vox quiere formar parte de los gobiernos y hacerlo con visibilidad. “Vamos a entrar en esos gobiernos”, ha insistido, dejando claro que no se trata de apoyar desde fuera ni de acuerdos puntuales. La aspiración es tener presencia directa en la gestión.
Más que una petición, lo que hay es una forma de presión pública. Se lanza el mensaje de que los acuerdos están cerca, pero condicionados a un cambio de interlocutores dentro del PP. Una manera de forzar decisiones sin asumir abiertamente el bloqueo.
El problema para Feijóo es que esta situación vuelve a evidenciar una dificultad que arrastra desde hace tiempo, la de mantener una estrategia coherente frente a Vox. Cada negociación autonómica abre una grieta distinta, y cada acuerdo potencial expone las contradicciones entre el discurso nacional y la práctica territorial.
Mientras tanto, Vox aprovecha ese espacio. Eleva el tono cuando le interesa, marca condiciones y se presenta como actor imprescindible en la formación de gobiernos. Todo ello sin renunciar a señalar al propio PP cuando el proceso se atasca.
El resultado es una negociación que avanza, pero envuelta en una tensión cada vez menos disimulada. Y con un mensaje que empieza a repetirse, que el problema, según Vox, no está en el acuerdo, sino en quién lo gestiona.