Extremadura se ha convertido en el escenario accidental donde Vox intenta rehacerse. Pero lo que la dirección de Santiago Abascal pone en juego va mucho más allá de un puñado de escaños: es la reconstrucción de un partido que ha perdido influencia institucional, que vive una pugna silenciosa entre su núcleo madrileño y sus delegaciones territoriales y que trata de recuperar el control a través de una estrategia de presión al Partido Popular en todos los frentes que tiene abiertos.
La cita del 21 de diciembre, sin embargo, no es el ensayo general de un ciclo electoral creciente, como sostiene Vox, sino la demostración de hasta qué punto el partido ha quedado atrapado en su propia retórica de bloqueo. Y de cómo Abascal intenta, una vez más, convertir sus dificultades internas en una ofensiva contra el PP, mientras alimenta un discurso crispado que nada tiene que ver con la realidad social de la región.
Extremadura: ensayo de una campaña basada en el agravio y la simplificación
La presencia constante de Abascal —actos consecutivos en Plasencia, Cáceres, Mérida y todo lo que pueda añadir— no responde a una convicción particular sobre la región, sino a la necesidad de mostrar músculo en un territorio donde Vox quiere elevarse a partido bisagra. La dirección maneja proyecciones para pasar de cinco a nueve diputados, sin precisar que ese cálculo se apoya en una participación incierta y en un voto de rechazo, no de adhesión.
El argumento con el que justifican ese salto se sostiene en dos pilares: un supuesto desgaste del PSOE por los problemas judiciales de su candidato y la idea de que la izquierda “no tiene nada que hacer”. La lectura es cómoda, pero incompleta. La fragmentación del voto progresista existe, pero también existe un voto conservador que observa con desconfianza el historial extremeño de Vox y sus vaivenes: la ruptura del acuerdo de 2023, las exigencias contradictorias y una campaña que intenta convertir la política regional en un plebiscito ideológico ajeno a las preocupaciones concretas de los extremeños.
Vox insiste en que el PP “no tendrá mayoría absoluta”, a pesar de la gestión razonablemente estable de María Guardiola. La desconfianza hacia la presidenta extremeña es mutua. Los dos años de fricción con ella han erosionado cualquier confianza política, y la dirección nacional no oculta que, tras el 21 de diciembre, elevará el precio de cualquier acuerdo. La brújula de Vox no apunta hacia la estabilidad, sino hacia la demostración de fuerza.
Aragón y la Comunidad Valenciana: el intento de castigar al PP para recuperar centralidad
El endurecimiento con Jorge Azcón en Aragón no es casual. Vox considera que el presidente aragonés cometió una “afrenta” al condicionarlo todo al cese inmediato de un asesor suyo que publicó mensajes racistas. La medida era políticamente inevitable; lo relevante es que Vox ha decidido utilizarla como pretexto para inflar el conflicto. Hablan incluso de una “traición”, un lenguaje que busca recuperar la idea de un PP débil frente a un partido que se atribuye la defensa de verdades simples, aunque sean incompatibles con la realidad.
La dirección de Vox exige a Azcón que “recogiera cable”. En realidad, la operación consiste en mantenerlo bajo presión hasta saber el resultado de Extremadura, para después elevar el precio de su apoyo a los presupuestos autonómicos. Una dinámica que desgasta a ambos gobiernos y que dificulta cualquier margen para políticas públicas estables.
En la Comunidad Valenciana, el pulso con el PP mantiene el aire denso desde la dimisión de Carlos Mazón. Las conversaciones para su sustituto avanzan como un tablero secundario de la estrategia de Abascal: si Extremadura sale bien, Vox exigirá consejerías; si no, reforzará el tono de victimismo y bloqueo. Nada de ello se vincula a las necesidades estructurales de la comunidad, sino a la necesidad interna de Vox de medirse con el PP para evitar la imagen de irrelevancia.
Castilla y León y el síntoma de fondo: un partido sin estructura que necesita conflicto para sobrevivir
La salida de Juan García-Gallardo, sin explicación política clara, es un síntoma de la tensión interna que atraviesa Vox. El partido ha crecido sin estructura sólida y se sostiene en la autoridad del núcleo madrileño, que ahora tiene que designar un candidato para marzo entre dos perfiles poco conocidos: David Hierro y Carlos Pollán. Ninguno aporta la cohesión interna que Vox necesitaría en un territorio donde ya gestiona poder y donde los roces con el PP incidieron en su mayor crisis autonómica.
El ciclo político de Vox está marcado por una evidencia: necesita conflicto para sobrevivir. Su discurso pierde tracción cuando la política vuelve al terreno de lo concreto —vivienda, sanidad, fiscalidad, agua, infraestructuras— y vuelve a ganar cuando puede ampliar el marco a un relato de confrontación cultural donde no tiene que aportar soluciones, solo consignas.
La retórica del enemigo interno y la sobreactuación permanente
Abascal ha encontrado en Ayuso una aliada discursiva involuntaria. Ambos agitan la idea de una España fracturada por un Gobierno “que compra voluntades”, “levanta muros” y “deja endeudados a los jóvenes”. Ninguno aporta datos que sostengan esas afirmaciones. Pero la frase funciona porque activa la idea de que hay un país a punto de romperse, algo que se pretende atribuir únicamente al adversario político.
No hay “guerracivilismo” ni “herencia envenenada”, sino confrontación interesada. No hay un Gobierno que “expulse inversiones”, sino un ciclo económico condicionado por factores globales. No hay un país que “pierde las ganas de trabajar”, sino un mercado laboral tensionado donde el salario mínimo ha corregido una década de deterioro.
Ayuso afirma que el precio de la vivienda sube por “falta de políticas liberales”. La realidad es la contraria: donde más ha crecido el alquiler es en comunidades con fuerte presión especulativa y escasa construcción pública. Vox, que exige libertad total del suelo, no añade ni una coma a la ecuación: libera suelo, pero no garantiza vivienda asequible. El resultado es siempre el mismo: precios más altos.
2025: Vox necesita ganar en algún sitio para no perder en todas partes
El verdadero objetivo de Vox en Extremadura no es gobernar. Es volver a ser noticia.
Recuperar iniciativa. Marcar la conversación del PP. Mostrar que hay un espacio a la derecha que el PP no controla.
El problema —para Vox— es que el país no vive en clave de agitación constante. Los territorios piden estabilidad, infraestructuras, servicios públicos, acuerdos razonables. Vox solo ofrece conflicto, amenaza y un catálogo de agravios que no mejora la vida de nadie.
Extremadura será un test para el partido. Si sube, lo utilizará para asediar al PP en todas las mesas de negociación abiertas. Si no sube, la fractura interna será difícil de contener.
Y en ambos casos, el impacto político para el conjunto del país será el mismo: un partido que necesita tensión para respirar seguirá alimentando una crispación que no responde a ninguna urgencia real y que solo busca mantener un protagonismo en riesgo de agotarse.