El modelo político impulsado por Pedro Sánchez, cimentado sobre una geometría variable que incluye la amnistía, los pactos estratégicos con el independentismo catalán, la connivencia con EH Bildu y la dependencia de la extrema izquierda, está empezando a pasar factura no solo en la cohesión nacional, sino en la propia base electoral del PSOE. Lo que durante meses se presentó como una estrategia de "convivencia" ha terminado por generar una fractura interna que se manifiesta en una resistencia creciente al sanchismo y en un desplazamiento de sus votantes hacia postulados tradicionalmente defendidos por el centro-derecha.
Un reciente sondeo interno del Partido Popular revela una realidad incómoda para La Moncloa: el 40% de los votantes del PSOE respalda el principio de prioridad nacional en la concesión de ayudas sociales. Este dato no es un hecho aislado, sino el síntoma de un electorado que se siente huérfano ante un Gobierno que parece más preocupado por satisfacer las demandas de Junts o Bildu que por proteger los servicios públicos de las clases medias y trabajadoras. El alejamiento es tal que un 30% de los seguidores de Sánchez considera que la inmigración satura los servicios sociales, mientras que dos de cada diez creen que los inmigrantes en situación irregular no deberían tener acceso a prestaciones.
Esto también es una muestra más del triunfo de la estrategia de la extrema derecha de controlar el relato que se transmite a través de redes sociales por medio del conocimiento de cómo funcionan los algoritmos. Aunque el votante socialista ya ha mostrado su oposición a medidas adoptadas por el sanchismo, como la amnistía o los pactos con el independentismo, el hecho de que, siempre según la encuesta del PP, un 40% esté a favor de las medidas supremacistas incluidas en la prioridad nacional, es un golpe duro porque se trata de un elemento ideológico, no político.
La deriva del Ejecutivo ha provocado que el sanchismo se encuentre hoy maniatado por la presión de Sumar, Podemos y el radicalismo de sus socios de investidura. Esta situación ha generado una corriente de fondo dentro del socialismo tradicional que observa con estupor cómo el partido se aleja de su centralidad histórica para abrazar las tesis de la extrema izquierda. La ofensiva del Gobierno contra conceptos como el arraigo o la residencia para el acceso a ayudas se percibe, incluso entre sus filas, como una estrategia desconectada de la realidad de los barrios, donde la gestión de la inmigración y la seguridad ciudadana son preocupaciones primordiales.
El malestar no solo es electoral, sino también orgánico. La resistencia al sanchismo dentro del PSOE se nutre de la sensación de que el partido ha sido secuestrado por una agenda que no le pertenece. Mientras Sánchez cede competencias y privilegios a las élites independentistas de Cataluña para asegurar su permanencia, el votante socialista de a pie detecta una pérdida de igualdad entre españoles. Esta percepción es especialmente aguda ante el avance de formaciones como Aliança Catalana, que obliga incluso a Junts a endurecer su discurso migratorio, dejando al PSOE en una posición de extrema debilidad por su flanco izquierdo y derecho simultáneamente.
El concepto supremacista de prioridad nacional, que el PP ha integrado en sus pactos autonómicos con Vox en regiones como Extremadura y Aragón, se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde el sanchismo está perdiendo la hegemonía moral. Los populares han sabido matizar este principio supeditándolo a la ley, el arraigo y la residencia, una fórmula que ha conectado directamente con ese 40% de exvotantes socialistas que hoy ven con buenos ojos una gestión más firme y ordenada de los recursos públicos. El reto lanzado por el equipo de Miguel Tellado a Sánchez, instándole a llevar estas medidas ante la Justicia, evidencia la confianza de la oposición en un cambio de ciclo social.
La paradoja del momento actual es que la política migratoria y los pactos con el nacionalismo vasco y catalán están actuando como catalizadores de una fuga de votos sin precedentes. El electorado de Pedro Sánchez no solo no le sigue en su política de fronteras abiertas y concesiones territoriales, sino que está avalando postulados que el propio Gobierno tilda de "extrema derecha". Esta desconexión sugiere que el muro que Sánchez pretendía levantar contra la derecha está empezando a agrietarse por la base, debido a una gestión que prioriza la supervivencia en el poder a través de alianzas con los enemigos del Estado frente al sentir mayoritario de su propia base social.