Los movimientos electorales en EE. UU., Países Bajos e Irlanda dibujan un escenario que España ya empieza a replicar: la vivienda decide mucho más que cualquier otra variable.
Durante años, hablar de vivienda en España servía para constatar un malestar creciente, pero parecía que el sistema podía seguir ajustándose sin modificar su arquitectura profunda. Esa inercia se ha agotado. En este final de 2025, el acceso a un hogar digno ha pasado a ser un factor decisivo para medir la acción política, un asunto que ya condiciona la vida de la mayoría de las familias y que, además, se ha convertido en eje de comparación con lo que ocurre en Estados Unidos, Países Bajos o Irlanda, donde los últimos procesos electorales han girado precisamente en torno a esta cuestión.
España llega a este punto con un mercado del alquiler tensado hasta el límite, un parque público insignificante y una generación joven que ha normalizado la idea de no independizarse hasta bien entrada la treintena. No se trata ya de un problema económico: define expectativas vitales y marca la forma en que amplias capas sociales perciben a sus representantes públicos.
Un final de 2025 atravesado por la crisis de la vivienda
El caso de Nueva York, donde Zohran Mamdani ha alcanzado la alcaldía con una propuesta tan clara como arriesgada —congelar los alquileres de renta controlada y aumentar el parque público—, ha tenido un eco inmediato en España. Buena parte de la juventud urbana sigue con atención estas señales porque reconocen en ellas una respuesta tajante a un problema que aquí continúa acumulando diagnósticos sin soluciones proporcionadas.
El giro en Países Bajos, con el triunfo de Rob Jetten tras desplazar a Geert Wilders, ha reforzado esa percepción: la ciudadanía ha rechazado el intento de vincular inmigración y subida de precios, centrando la responsabilidad en la especulación, la falta de regulación y la ausencia de un plan estatal coherente. Irlanda, con la victoria contundente de Catherine Connolly, ha completado un mapa que obliga a observar lo que ocurre más allá de nuestras fronteras para entender mejor cómo se está moviendo el electorado europeo y occidental.
En todos los casos, la vivienda actúa como elemento que ordena prioridades. España no es ajena a este cambio.
El mercado español: una estructura que expulsa y cronifica desigualdades
Los indicadores son conocidos, pero su impacto político aún no se había asumido con claridad. El precio del alquiler en las ciudades supera con holgura cualquier margen razonable para salarios que no han crecido al mismo ritmo. La vivienda turística, la compra como activo de inversión y la ausencia de regulación en zonas tensionadas han configurado un entorno que expulsa de manera sostenida a la población joven y precariza los proyectos familiares.
La SAREB, llamada a convertirse en una palanca para reconstruir un parque público significativo, avanza con lentitud y sin una hoja de ruta que responda a la emergencia actual. Algunas comunidades autónomas han optado por reducir aún más los controles y promover la liberalización total, decisiones que han agravado la brecha entre demanda y oferta, especialmente en Madrid, Baleares y buena parte del litoral mediterráneo.
Todo ello ha generado un clima social distinto al de hace una década. La vivienda ha dejado de ser un problema privado para convertirse en un límite estructural. Ese límite empieza a traducirse en preferencias políticas estables.
La política española entra en un ciclo diferente
La derecha española ha mantenido durante años un discurso centrado en bajar impuestos y confiar en la iniciativa privada como motor de creación de vivienda. Pero el desgaste de ese argumento es visible. La realidad diaria ha demostrado que el mercado, por sí solo, no garantiza ni estabilidad ni accesibilidad. Incluso gobiernos autonómicos que rechazaban cualquier regulación han comenzado a matizar posiciones, conscientes de que la presión social aumenta y de que la comparación internacional es cada vez más evidente.
Mientras tanto, la izquierda institucional ha encontrado en la vivienda un terreno donde confluyen justicia social, igualdad territorial y modernización económica. El Ejecutivo ha impulsado medidas, pero su alcance todavía no compensa décadas de retraso y falta de inversión pública. Aun así, la demanda de una actuación más firme se ha convertido en una exigencia común entre votantes jóvenes y urbanos, tradicionalmente más volátiles, pero que en 2025 muestran una cohesión inusual en torno a esta reclamación.
El próximo año será clave: las elecciones generales de 2026 llegarán con la vivienda asentada como criterio principal para amplios sectores del electorado.
Un país que encara 2026 sin resolver su mayor tensión interna
Los expertos consultados subrayan un punto que la clase política española empieza a reconocer: la vivienda actúa hoy como frontera que determina expectativas económicas, movilidad social y estabilidad intergeneracional. También explica el aumento de la confrontación territorial en torno a la financiación autonómica y la demanda creciente de más competencias locales para intervenir en el mercado.
España cierra 2025 con una certeza que trasciende siglas: la vivienda ha pasado de ser un problema más a convertirse en el eje que condiciona la capacidad de las instituciones para sostener la cohesión social.