El conflicto abierto entre el Ministerio de Sanidad y una parte muy significativa de la profesión médica ha alcanzado un punto de elevada tensión. El Comité de Huelga solicitó la intervención directa del presidente del Gobierno para desbloquear una negociación que considera agotada. La respuesta de Moncloa ha sido clara. El interlocutor competente es el Ministerio de Sanidad y el diálogo debe mantenerse dentro de los cauces institucionales previstos.
Desde el punto de vista institucional, la decisión resulta coherente. No corresponde al presidente del Gobierno sustituir a cada ministro cuando aparece un conflicto sectorial. Si esa lógica se generalizara, la estructura del propio Ejecutivo perdería sentido y cualquier negociación acabaría trasladándose a la Presidencia.
Sin embargo, la política no se mueve únicamente por criterios competenciales. También exige capacidad para interpretar cuándo un conflicto ha dejado de ser estrictamente administrativo para convertirse en un problema de alcance político. Y la huelga médica lleva tiempo situándose en ese terreno.
La reforma del Estatuto Marco pretende actualizar una norma que llevaba más de dos décadas vigente e incorpora mejoras relevantes en aspectos como la jornada, las guardias o la estabilidad laboral. El Gobierno recuerda, además, que el texto ha sido negociado con las organizaciones sindicales presentes en el ámbito oficial de negociación.
Pero existe otra realidad que tampoco puede ignorarse. Los sindicatos médicos mantienen un rechazo frontal al proyecto y consideran que sus reivindicaciones no han encontrado un cauce de negociación suficiente. Esa discrepancia no desaparece porque exista un procedimiento formal correctamente seguido. Cuando un colectivo estratégico para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud sostiene que no se siente escuchado, la política tiene la obligación de preguntarse qué ha fallado.
Eso no significa que todas las exigencias deban aceptarse ni que cada grupo profesional pueda disponer de un marco propio al margen del resto del sistema sanitario. El interés general exige preservar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y evitar una negociación fragmentada que termine debilitando al conjunto de los profesionales. Pero escuchar no equivale a ceder. Dialogar tampoco significa renunciar a gobernar.
En este contexto, conviene evitar otro riesgo. La derecha y la ultraderecha han encontrado en cualquier conflicto con el Gobierno una oportunidad para alimentar un relato de fracaso permanente de los servicios públicos. La sanidad pública necesita críticas cuando existen problemas, pero no campañas destinadas a erosionar la confianza ciudadana en uno de los pilares del Estado del bienestar. Defender la sanidad pública exige mejorarla, no utilizar cada dificultad como argumento para desacreditarla.
El Ejecutivo tiene margen para seguir dialogando dentro del Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos conservan la legitimidad para defender sus reivindicaciones mediante la negociación y la movilización. Lo que ninguna de las partes puede permitirse es convertir el conflicto en un escenario sin salida. Porque quienes terminan soportando las consecuencias son los pacientes y un sistema sanitario que ya afronta desafíos enormes relacionados con el envejecimiento de la población, la falta de profesionales en determinadas especialidades y la presión asistencial.
La fortaleza de las instituciones no consiste únicamente en respetar las competencias. También depende de su capacidad para resolver los conflictos antes de que se enquisten. Ese sigue siendo el verdadero reto. No encontrar un ganador en la negociación, sino preservar un sistema sanitario público que constituye uno de los mayores logros de la democracia española.
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