El derecho al voto de miles de españoles descendientes de quienes tuvieron que abandonar el país durante el franquismo se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la campaña electoral. El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión del sufragio a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, una decisión que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recibido como un avance en la protección de los derechos democráticos.
La resolución supone un revés para Vox y para Iustitia Europa, que habían solicitado extender las restricciones electorales a este colectivo. Cerca de 190.000 ciudadanos conservarán así la posibilidad de participar en las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque la decisión judicial mantiene una situación diferente para sus progenitores, muchos de los cuales continúan excluidos cautelarmente del proceso electoral.
Desde Lleida, donde participó en un acto junto a la candidata Montse Cortasa y la concejala Laura Bergès, Urtasun cuestionó los intentos de impedir que ciudadanos españoles puedan ejercer su derecho al sufragio. El ministro defendió que el reconocimiento de la nacionalidad debe ir acompañado de los derechos políticos que establece el ordenamiento jurídico.
Sus declaraciones sitúan el debate en una cuestión que trasciende las disputas electorales. La nacionalidad española reconocida a los descendientes del exilio no constituye únicamente una reparación histórica, sino también el reconocimiento de su pertenencia a una comunidad política con derechos y obligaciones.
El Supremo frena la ampliación de las restricciones electorales
La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo afecta a 189.678 personas que adquirieron la nacionalidad por una de las vías contempladas en la legislación de memoria democrática.
Los magistrados han rechazado la petición de Vox e Iustitia Europa de ampliar a este colectivo las medidas cautelares adoptadas en septiembre contra otros beneficiarios de la ley de nietos.
El tribunal considera que modificar el censo electoral a estas alturas del procedimiento supondría introducir dificultades graves en la organización de los comicios. La proximidad de las votaciones, especialmente entre los residentes en el extranjero, ha resultado determinante para desestimar la solicitud.
La resolución no supone, sin embargo, un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del conflicto jurídico. El Supremo mantiene la suspensión cautelar que afecta a más de 163.000 nacionalizados por otra vía de la misma legislación, salvo las excepciones reconocidas judicialmente.
La situación plantea una paradoja difícil de ignorar. Dentro de familias que han recuperado su vinculación jurídica con España mediante las leyes de memoria, algunos de sus integrantes podrán votar y otros no, dependiendo de la vía por la que adquirieron la nacionalidad y de las medidas cautelares acordadas.
El alto tribunal justifica esta diferencia por razones procesales y de seguridad jurídica, pero sus consecuencias afectan directamente al ejercicio de un derecho fundamental.
Además, la decisión no ha contado con una posición completamente uniforme entre los magistrados. Uno de ellos defendió extender la suspensión a los hijos, al considerar que existían razones semejantes a las aplicadas a sus progenitores. Otra magistrada ha cuestionado la propia suspensión del sufragio de los nacionalizados, al entender que las dudas sobre la regularidad del censo no justifican por sí solas privar cautelarmente del voto a ciudadanos españoles.
La memoria democrática también se expresa en las urnas
La posición de Urtasun conecta con el sentido reparador de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió nuevas vías para recuperar la nacionalidad española a descendientes de quienes sufrieron el exilio o perdieron su vinculación jurídica con España.
Para numerosas familias asentadas en América Latina y otros territorios, aquella legislación representó la posibilidad de recuperar una nacionalidad vinculada a su historia familiar.
El conflicto electoral ha introducido una nueva dimensión en ese proceso. Ya no se discute únicamente quién puede obtener la nacionalidad, sino en qué condiciones pueden ejercer sus derechos políticos quienes ya la tienen reconocida.
La pretensión de Vox de ampliar las restricciones ha situado el sufragio de estos ciudadanos en el centro de una controversia política y judicial, aunque corresponde distinguir las objeciones sobre la regularidad del censo de cualquier cuestionamiento general de su condición de españoles.
La Abogacía del Estado se opuso a la ampliación solicitada por Vox e Iustitia Europa, al considerar que no resultaba ajustada a derecho y que podía comprometer el desarrollo del proceso electoral.
La resolución del Supremo coincide parcialmente con esa posición, aunque mantiene las medidas cautelares previamente adoptadas para otro grupo de nacionalizados.
Urtasun ha querido poner el acento en la defensa de la participación democrática. Su planteamiento parte de una premisa esencial: el reconocimiento legal de la nacionalidad debe tener consecuencias efectivas en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
La polémica continúa abierta para los más de 163.000 afectados por la suspensión cautelar, cuya situación no ha quedado resuelta con la última decisión judicial.
El ministro también abordó durante su visita a Lleida la retirada de parte de la producción de aceite de oliva, una medida del Ministerio de Agricultura que considera perjudicial para las pequeñas cooperativas, al entender que soportan con mayores dificultades las oscilaciones del mercado que las grandes productoras.
Pero el principal alcance político de su intervención estuvo en la defensa del derecho al voto de los descendientes de la emigración y el exilio. La reparación de una injusticia histórica no termina necesariamente con la entrega de un documento de nacionalidad. También plantea la cuestión de cómo garantizar que los derechos reconocidos puedan ejercerse efectivamente.
Y esa es la discusión que permanece abierta cuando miles de españoles, unidos por una misma historia familiar, afrontan las próximas elecciones con posibilidades distintas de participar en ellas.
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