Miguel Tellado ha convertido un mitin electoral en Alcobendas en una sucesión de acusaciones, pronósticos judiciales y expresiones de confrontación política. El secretario general del Partido Popular pidió a sus compañeros madrileños que propinaran una «paliza» al PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre y aseguró que «todos los sanchistas irán al banquillo de los acusados».
No hablaba un fiscal, tampoco un magistrado con una sentencia en la mano. Hablaba el número dos del principal partido de la oposición, ante un auditorio dispuesto a aplaudir sus palabras y en plena campaña electoral.
Tellado aprovechó las últimas actuaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el caso Koldo para presentar al PSOE como una organización entregada a la delincuencia. «Su delincuencia ha vuelto al primer plano de la actualidad», proclamó, antes de asegurar que todo aquel que se acerca a Pedro Sánchez termina ante la Justicia.
La investigación judicial existe, las detenciones se han producido y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos deberán esclarecerse. Lo que no existe es una resolución judicial que permita extender esas responsabilidades a todos los integrantes de una corriente política, como hizo Tellado desde la tribuna.
La memoria judicial del Partido Popular
La contundencia de Tellado plantea una cuestión que su discurso dejó fuera del mitin. El Partido Popular también tiene una historia judicial que forma parte de la democracia española y que no desaparece por mucho que sus dirigentes prefieran hablar exclusivamente de los procedimientos que afectan a sus adversarios.
La sentencia del caso Gürtel, que declaró al PP responsable civil a título lucrativo en determinados hechos, constituye uno de los antecedentes más relevantes. Conviene precisar que esa responsabilidad no equivalía a una condena penal del partido, pero tampoco puede borrarse del relato político. A ello se suma la condena por la reforma de la sede nacional del PP en la causa conocida como los papeles de Bárcenas, otro episodio que puso bajo escrutinio judicial las finanzas de la formación.
La existencia de esos antecedentes no exculpa a ningún investigado del caso Koldo. Pero obliga a examinar con el mismo rigor las responsabilidades de unos y otros. La corrupción no cambia de naturaleza según las siglas de quienes aparecen relacionados con ella. Tellado puede exigir explicaciones al Gobierno y a reclamar responsabilidades políticas o a criticar con toda la dureza que considere oportuna los hechos investigados. Otra cosa es presentar como culpables a personas que no han sido condenadas o anunciar un destino judicial colectivo para quienes comparten una determinada identificación política.
Las víctimas de los accidentes ferroviarios también entran en el mitin
Uno de los pasajes más polémicos de la intervención llegó cuando Tellado utilizó los fallecimientos en los accidentes ferroviarios para atacar a Óscar Puente. El dirigente popular sostuvo que la salida del ministro de Transportes no respondía a una asunción de responsabilidades, sino a los cálculos electorales del PSOE. Para expresarlo, contrapuso el número de víctimas mortales con los escaños que atribuyó a los socialistas.
La utilización de una tragedia humana como recurso retórico de campaña merece un examen particular. Las víctimas, sus familias y la investigación de las causas de los accidentes reclaman respuestas, responsabilidades cuando correspondan y medidas de seguridad y , convertir esas muertes en una comparación electoral desplaza el debate desde las obligaciones institucionales hacia electoralismo puro.
Tellado también cuestionó la capacidad del Gobierno para gestionar los ferrocarriles y vinculó su funcionamiento con las investigaciones por corrupción. Son acusaciones políticas que no sustituyen el análisis técnico de los accidentes ni acreditan por sí mismas una relación causal entre unos hechos y otros.
La ironía llega hasta la mascota de Sánchez
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, añadió otro episodio al mitin al bromear sobre la posibilidad de que hasta la perra de Pedro Sánchez terminara investigada. La referencia a 'La Turca' pretendía ridiculizar la acumulación de procedimientos que afectan a personas del entorno del presidente. El recurso provocó una nueva derivación del discurso hacia el terreno personal y familiar.
La crítica a un presidente del Gobierno puede ser tan intensa como permitan los hechos y la libertad de expresión. Sin embargo, la investigación judicial de familiares o antiguos colaboradores no establece automáticamente la responsabilidad del presidente, del mismo modo que los antecedentes judiciales de dirigentes populares no permiten atribuir delitos a todos los miembros del PP. Esa regla debería resultar elemental para cualquier formación que aspire a gobernar.
Tellado defendió, además, que el PP representa la gestión rigurosa y la seriedad política. Esa es la imagen que su partido pretende proyectar frente al PSOE. Corresponde contrastarla con sus propuestas, sus decisiones de gobierno y sus antecedentes, no darla por acreditada por el simple hecho de que uno de sus dirigentes la proclame desde un escenario. El caso Koldo exige una investigación exhaustiva y consecuencias para quienes resulten responsables. Los antecedentes judiciales del PP merecen el mismo rigor. Ni la corrupción puede justificarse por comparación ni la presunción de inocencia puede aplicarse de manera selectiva.
El secretario general popular ha elegido una campaña de expresiones contundentes, acusaciones generalizadas y referencias personales. Queda abierta una cuestión de mayor importancia democrática que el volumen de los aplausos recibidos en Alcobendas, qué lugar ocupan las pruebas, las garantías judiciales y el respeto a las víctimas cuando la política se convierte en una competición de descalificaciones.
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