El Tribunal Supremo ha rechazado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y ha vuelto a descartar su suspensión cautelar. La decisión no resuelve todavía el fondo del asunto, pero sí permite que el proceso continúe. Y ese matiz tiene una enorme importancia política, jurídica y humana.
La derecha y la ultraderecha intentaron convertir esta regularización en una amenaza. Vox, la Comunidad de Madrid y varias entidades pidieron que se frenara. Aragón y la Comunidad Valenciana también acudieron al Supremo. El tribunal, sin embargo, ha optado por no paralizar una medida que afecta a personas que ya están en España, que ya trabajan en demasiadas ocasiones en condiciones de vulnerabilidad y que ya forman parte, aunque algunos se empeñen en negarlo, de nuestra realidad social.
El lenguaje utilizado por el propio Supremo en sus resoluciones anteriores merece atención. Al rechazar la suspensión cautelar, la Sala habló de interés público y de un sustrato humano que trasciende la mera consideración económica. Esa expresión resulta especialmente valiosa porque devuelve el debate al lugar del que nunca debió salir. Detrás de cada expediente hay una persona, una familia, una vida suspendida por una situación administrativa que condiciona el acceso al trabajo, a la vivienda, a la protección y a la plena integración.
Regularizar no significa abrir una puerta sin control. Significa ordenar una realidad que ya existe. La irregularidad administrativa no hace desaparecer a nadie. Solo empuja a las personas hacia empleos más precarios, alquileres más abusivos, mayor dependencia de redes informales y más riesgo de explotación laboral. La ausencia de papeles nunca ha sido una política migratoria. Ha sido, demasiadas veces, una fábrica de vulnerabilidad.
Por eso resulta tan importante desmontar el relato interesado que presenta la regularización como una concesión ideológica. El propio Supremo ya señaló que la incorporación plena al sistema administrativo y económico puede fortalecer la Seguridad Social, mejorar la recaudación tributaria y contribuir a un mercado laboral más transparente. Hay humanidad en esa afirmación, pero también hay realismo. Un país funciona mejor cuando quienes viven en él pueden trabajar con derechos y obligaciones.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que España no ha vulnerado competencias europeas y ha recordado que el proceso cuenta con el aval del Consejo de Estado. Además, Bruselas ya había señalado que estas decisiones pertenecen al margen de actuación de los Estados miembros, siempre dentro del marco común europeo.
El debate, por tanto, no puede reducirse a una caricatura entre buenos y malos. Europa tiene normas migratorias, España debe respetarlas y el Supremo tendrá que pronunciarse sobre el fondo. Pero la decisión de no frenar ahora la regularización evita un daño inmediato a cientos de miles de personas que podrían quedar atrapadas durante meses o años en una espera incompatible con cualquier política pública seria.
La reacción de quienes han intentado paralizar el proceso revela también una determinada forma de entender la inmigración. Para la ultraderecha, el migrante irregular funciona como figura permanente de sospecha. Para parte del PP, demasiado pendiente de ese marco, la tentación consiste en endurecer el gesto y asumir un lenguaje que reduce vidas concretas a un problema de orden. Ese camino puede dar titulares, pero no ofrece soluciones.
España necesita una política migratoria ordenada, exigente y humana. Necesita controles, sí. También necesita procedimientos realistas, vías legales, integración laboral y reconocimiento de una evidencia que la economía, la demografía y los servicios públicos conocen desde hace años: muchas personas migrantes sostienen sectores esenciales del país.
La ministra Elma Saiz lo ha expresado en términos políticos claros al defender que la gestión migratoria debe hacerse desde los derechos humanos y frente a quienes pretenden normalizar conceptos como la “prioridad nacional”. Esa disputa no es menor. La cuestión no es solo cuántas personas se regularizan. Es qué país decide ser España cuando habla de quienes ya viven, trabajan y cuidan aquí.
El Supremo no ha cerrado el debate jurídico. Pero al rechazar la suspensión y descartar por ahora acudir al TJUE, ha impedido que la regularización quede atrapada en una estrategia de bloqueo. Y eso permite recordar una verdad sencilla: ordenar la migración no consiste en esconder la realidad bajo la alfombra, sino en reconocerla, regularla y dotarla de derechos y deberes.
Porque una sociedad no se vuelve más segura manteniendo a miles de personas en la sombra. Se vuelve más justa, más eficaz y más cohesionada cuando entiende que integrar también es gobernar.
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