La renuncia de José Tomé a la presidencia de la Diputación de Lugo este martes marca un hito político en Galicia, reflejando no solo la tensión interna del PSdeG, sino también la fragilidad de la reputación pública en un contexto de acusaciones de acoso sexual. Tomé, que durante seis años y medio lideró la institución, ofreció un breve pero contundente discurso en el pleno, defendiendo su inocencia y denunciando lo que él considera una instrumentalización política de los hechos.
«Quien nada ha hecho nada tiene que temer», afirmó Tomé, asegurando que la denuncia presentada en un canal interno del partido «es falsa» y que no detendrá su investigación hasta «descubrir lo que hay detrás». Con estas palabras, el todavía expresidente provincial proyectó la narrativa de víctima de una maniobra que, en su interpretación, responde a «cuestiones políticas supramunicipales».
El exregidor no se limitó a negar los hechos: buscó reivindicar su legado. Subrayó que su gobierno fue «ejemplar» y se desarrolló «con total transparencia», apelando a su trayectoria de seis años y medio al frente de la Diputación. Sin embargo, reconoció que el daño —político, personal, social y familiar— ya es irreparable. «Ya no hay vuelta atrás», sostuvo, en un reconocimiento tácito de que la percepción pública y el impacto mediático sobre su figura han alcanzado un punto de no retorno.
En el plano institucional, la presidencia provisional recae en Efrén Castro, vicepresidente hasta ahora, del BNG, mientras se convoca un pleno para designar al sucesor definitivo de Tomé, cuya identidad todavía no se ha concretado. La situación política se complica porque, pese a abandonar la presidencia, Tomé aún no ha entregado su acta, lo que le permite mantener un voto determinante en la elección de su sustituto. Además, continúa ejerciendo como alcalde de Monforte (Lugo), aunque ya no adscrito al PSdeG, consolidando así un poder residual que podría influir en la política local y provincial durante los próximos meses.
El caso Tomé no solo refleja la presión sobre los líderes políticos ante acusaciones de conducta inapropiada, sino también cómo estas denuncias se cruzan con dinámicas internas de partido y rivalidades supramunicipales. La mezcla de acusaciones personales, estrategia política y control institucional genera un escenario de incertidumbre que obliga a los actores implicados a calibrar cuidadosamente cada movimiento, consciente de que la narrativa pública y la judicial pueden divergir significativamente.
En este contexto, la renuncia de Tomé se interpreta como un acto pragmático para contener el daño institucional y mediático, pero no como una aceptación de culpa. Su insistencia en que continuará investigando la procedencia de la denuncia deja abierta la posibilidad de futuras confrontaciones legales y políticas, mientras que su permanencia como alcalde no adscrito le otorga un espacio de maniobra que seguirá marcando la agenda de la Diputación de Lugo.
El desenlace de este episodio podría tener implicaciones más allá de lo local: sirve como espejo de cómo los partidos manejan crisis internas y cómo las acusaciones de acoso, incluso en ausencia de veredictos judiciales, condicionan la carrera y la percepción pública de los dirigentes. La política gallega, como tantas otras en España, demuestra así que la frontera entre responsabilidad ética, lucha de poder y estrategia electoral es cada vez más difusa.