La irresponsabilidad de Sémper amenaza la confianza en el sistema electoral

Hay una diferencia sustancial entre ejercer el derecho a fiscalizar un proceso electoral y sembrar dudas sobre su limpieza antes de que los ciudadanos hayan depositado una sola papeleta. Borja Sémper ha decidido situarse en ese terreno especialmente peligroso para cualquier democracia, al insinuar que Pedro Sánchez podría interferir en el voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre. No ha presentado pruebas de irregularidades en el procedimiento, ni ha identificado una actuación concreta que permita cuestionar su seguridad. Le ha bastado con hablar de inquietud, de miedo y de unos supuestos factores que justificarían la desconfianza del Partido Popular. Una fórmula suficientemente ambigua para evitar una acusación directa y lo bastante explícita para que el mensaje llegue a los electores. El problema no reside únicamente en lo que ha dicho, sino en lo que pretende dejar instalado en la opinión pública.

El portavoz nacional del PP aseguró durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI que existen «una serie de factores que hacen que el PP esté inquieto ante lo que pueda hacer Pedro Sánchez». Añadió que hay personas que tienen «miedo» de las decisiones del presidente del Gobierno y anunció que su formación utilizará todos los instrumentos disponibles, incluida la Junta Electoral Central, para garantizar la legalidad del voto por correo. La cuestión es que la legalidad del procedimiento no está en discusión por ninguna irregularidad acreditada en sus declaraciones, sino por las sospechas que el propio Sémper acaba de introducir. Resulta difícil encontrar una irresponsabilidad política mayor que convertir el temor a una hipotética manipulación electoral en argumento de campaña sin acompañarlo de hechos que permitan sostener semejante insinuación.

La sospecha como instrumento electoral

El voto por correo no es una concesión del Gobierno de turno ni un mecanismo que dependa de la voluntad personal del presidente. Forma parte del sistema electoral español, está regulado legalmente y sometido a controles administrativos y electorales. Su funcionamiento implica a Correos, a la Oficina del Censo Electoral y a las juntas electorales, dentro de un procedimiento que establece requisitos de identificación, documentación, custodia y entrega de los sufragios. Que existan mecanismos para denunciar y corregir posibles irregularidades constituye precisamente una garantía del sistema, no una razón para presentar su funcionamiento como sospechoso.

Sémper conoce perfectamente esa diferencia, o al menos debería conocerla quien ocupa una responsabilidad de semejante relevancia en uno de los principales partidos españoles. Solicitar medidas adicionales de supervisión entra dentro del debate democrático y puede resultar legítimo. Otra cosa es justificar esa petición con el miedo a lo que supuestamente podría hacer un adversario político. Cuando se introduce la sospecha sin pruebas, el daño no se limita al presidente contra el que se dirige la insinuación, porque alcanza a los organismos encargados de organizar las elecciones y, especialmente, a los ciudadanos que necesitan confiar en que su voto será contado correctamente.

La gravedad aumenta por el momento elegido. En plena precampaña electoral, el Partido Popular está obligado a explicar qué garantías considera insuficientes, qué deficiencias ha detectado y qué modificaciones concretas propone. Lo que no resulta aceptable desde una perspectiva de responsabilidad institucional es sustituir esas explicaciones por una apelación al miedo. La democracia no puede quedar sometida a la estrategia de insinuar un fraude antes de que exista siquiera una votación, porque esa práctica prepara el terreno para que cualquier resultado desfavorable pueda ser recibido con desconfianza, incluso aunque las autoridades electorales no hayan apreciado ninguna anomalía.

El miedo que el PP dice combatir y termina alimentando

La intervención de Sémper resulta todavía más contradictoria cuando se examina el discurso que quiso presentar ante los asistentes. El dirigente popular pidió una campaña centrada en el futuro, en los problemas cotidianos y en las propuestas de Alberto Núñez Feijóo, con el argumento de que dedicar demasiado tiempo al pasado supone desatender las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, fue él mismo quien recuperó episodios de las primarias socialistas para alimentar sus recelos hacia Sánchez y trasladarlos al terreno de unas elecciones generales organizadas bajo reglas completamente diferentes. Establecer esa asociación sin demostrarla permite construir un relato de desconfianza, pero no aporta información útil sobre la seguridad electoral.

Tampoco puede interpretarse la intervención de Sémper como una declaración aislada. Isabel Díaz Ayuso había alentado previamente las sospechas sobre el voto postal, el PP madrileño difundió un mensaje contrario a utilizarlo y Feijóo terminó expresando su desconfianza hacia los directivos de Correos, aunque distinguió entre estos y los trabajadores de la empresa pública. Sémper, que inicialmente había defendido el carácter garantista del sistema, pasó después a justificar las inquietudes de su partido por los supuestos precedentes de Sánchez. La dirección popular ha terminado aceptando como materia de debate una sospecha para la que sus dirigentes no han aportado pruebas concretas, con el consiguiente riesgo de deteriorar la confianza de los electores en un procedimiento que forma parte de la normalidad democrática española.

La democracia exige pruebas, no insinuaciones

Existe, además, una contradicción de fondo en la pretensión de Sémper de presentarse como garante de la legalidad electoral. El procedimiento de voto por correo ya contempla controles de identificación, intervención de la Oficina del Censo Electoral y supervisión de las autoridades competentes. La Junta Electoral Central estableció en 2023 la obligación general de entregar personalmente la documentación electoral en Correos, con excepciones justificadas, precisamente para reforzar las garantías del sistema. El PP tiene pleno derecho a proponer mejoras, pero no puede convertir la existencia de mecanismos de vigilancia en una insinuación de que el proceso está bajo amenaza. La diferencia entre ambas posiciones no es menor, porque una fortalece las instituciones y la otra puede debilitar la confianza pública en ellas.

La responsabilidad de Sémper adquiere una dimensión especialmente relevante por su condición de portavoz nacional. Sus declaraciones no son las de un ciudadano que expresa una preocupación personal, sino las de un representante político cuyas palabras contribuyen a fijar la posición pública de su partido. Cuando un dirigente de ese nivel vincula el voto por correo con el miedo a lo que pueda hacer el presidente del Gobierno, está obligado a explicar qué hechos justifican esa asociación. No basta con invocar antecedentes, apelar a sensaciones o anunciar medidas preventivas para sostener una sospecha de semejante gravedad. Si existen indicios de irregularidades, corresponde trasladarlos a las autoridades competentes; si no existen, lo responsable es no presentar como una amenaza lo que constituye un derecho reconocido a los electores.

El precio de jugar con la confianza en las urnas

Sémper terminó su intervención hablando de recuperar el respeto, la educación y una política capaz de gobernar para todos. Son compromisos que merecen ser examinados a la luz de sus propias declaraciones. El respeto institucional también consiste en reconocer la legitimidad de los procedimientos electorales, incluso cuando existe una profunda desconfianza política hacia quien ocupa el Gobierno. El problema del discurso del PP no es que reclame garantías, sino que contribuya a instalar dudas sin acreditar la existencia de una amenaza real. Un partido que aspira a gobernar España debe poder cuestionar al Ejecutivo con toda la dureza que considere necesaria, pero esa crítica no debería extenderse, sin fundamento, a la credibilidad del sistema que permite a los ciudadanos elegir y sustituir a sus gobernantes.

La campaña electoral ofrecerá suficientes ocasiones para discutir sobre vivienda, empleo, servicios públicos, inmigración y las propuestas de los distintos partidos. El voto por correo no necesita convertirse en otro campo de batalla construido sobre sospechas. La limpieza de unas elecciones no puede depender de que sus resultados satisfagan las expectativas de una formación política, ni la confianza en las urnas debería utilizarse como recurso de confrontación. Esa es la responsabilidad que Sémper y la dirección del Partido Popular tienen ante los ciudadanos, con independencia de sus diferencias con Pedro Sánchez.