El Ministerio de Sanidad ha requerido formalmente a las autonomías gobernadas por el PP que entreguen los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. La información es imprescindible para evaluar si los programas funcionan y llegar a quien más lo necesita. La resistencia del PP convierte un asunto técnico de salud pública en un conflicto político que no debería existir.
El envío de datos entre administraciones es una rutina en el funcionamiento de la sanidad española. No es un gesto de cortesía, sino el mecanismo que permite medir resultados y corregir fallos. Por eso resulta significativo que varias comunidades gobernadas por el PP hayan decidido bloquear el traslado de los indicadores de cribado oncológico, pese a estar obligadas por ley. La situación no es nueva, pero se agrava tras conocerse incidencias relevantes en el sistema andaluz que afectaron a miles de mujeres convocadas para mamografías.
La respuesta de los gobiernos autonómicos del PP ha sido presentar la petición como una maniobra partidista. Una lectura cómoda, pero que no encaja con la naturaleza de lo solicitado. Hablamos de datos consolidados, que deberían estar recopilados y auditados de forma periódica, y que sirven para saber si los llamamientos se están haciendo a tiempo, si los equipos tienen recursos y si las mujeres —especialmente las que viven en entornos más vulnerables— están siendo alcanzadas por el sistema de prevención.
La prevención no es un terreno neutral, pero sí debería ser común
Los cribados permiten detectar lesiones que aún no dan síntomas. No se trata de diagnósticos individuales, sino de programas poblacionales con impacto directo en la esperanza de vida. Cuando una comunidad no remite estos datos, lo que se interrumpe no es una conversación administrativa, sino la posibilidad de corregir desigualdades que ya existen.
No todos los territorios tienen la misma infraestructura, ni la misma capacidad para llegar a mujeres con menos acceso al sistema sanitario o con horarios laborales que dificultan acudir a las citas. La comparación entre regiones —la cooperación técnica entre ellas— es la herramienta para equilibrar. Negarse a compartir información equivale, en la práctica, a aceptar que esas desigualdades se consoliden.
De la gestión al relato
El giro en el discurso del PP —convertir una obligación legal en un frente político— se explica por el contexto. Reconocer fallos en los sistemas autonómicos de cribado supondría reconocer también limitaciones en el modelo de gestión que el partido presenta como ejemplar. La respuesta ha sido atribuir intención partidista al Ministerio, levantarse de la mesa y enmarcar la petición en un conflicto identitario entre administraciones.
Este desplazamiento del debate hacia el terreno simbólico no es nuevo. Ha sido la estrategia del PP en otros ámbitos sanitarios sensibles: el registro de objetores al aborto, la coordinación de salud pública durante emergencias o la incorporación de protocolos de igualdad en la atención sanitaria. La lógica es siempre la misma: cuando una política pública exige transparencia y evaluación, la reacción es convertirla en una cuestión de lealtades políticas.
El impacto para las mujeres
Lo decisivo aquí no es la disputa institucional, sino su efecto. Las mujeres a las que no se convoca a tiempo para un cribado, o a las que se convoca incorrectamente, están en mayor riesgo. Y ese riesgo no se distribuye de forma homogénea: afecta más a quienes tienen menos margen para reorganizar horarios, desplazarse o pedir cita de nuevo. Por eso es relevante recordar lo obvio: los datos de salud no pertenecen a los gobiernos, sino a la ciudadanía. Retenerlos es bloquear la mejora de un sistema cuya razón de ser es llegar antes a quien lo necesita.