La estabilidad del Gobierno de coalición se enfrenta a un nuevo y severo test de resistencia tras la decisión de Junts per Catalunya de suspender de forma indefinida todas sus relaciones con Sumar. El detonante de esta ruptura total ha sido la contundencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien en una reciente entrevista radiofónica ratificó su visión del partido liderado por Carles Puigdemont como un proyecto racista y clasista. Esta crisis diplomática interna no solo dinamita los puentes entre dos socios clave para la gobernabilidad, sino que coloca al Ejecutivo en una posición de vulnerabilidad legislativa extrema, con Junts avisando de que no habrá negociación alguna si no media una rectificación pública y solemne.
La dirección de Junts ha reaccionado con una agresividad política inusual, advirtiendo de que, a partir de este momento, los interlocutores de Sumar no encontrarán respuesta al otro lado del teléfono. El mensaje enviado desde la formación independentista es un desafío directo a la aritmética parlamentaria: si los de Yolanda Díaz pretenden sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados, deberán buscar el apoyo del Partido Popular. Este veto, que por ahora no se extiende formalmente a los Comuns pero que en la práctica los mantiene en el ostracismo tanto en Madrid como en el Parlament de Catalunya, evidencia el agotamiento de una confianza que ya era frágil desde el inicio de la legislatura.
El origen de la disputa reside en la gestión de la política migratoria, un terreno donde Junts ha endurecido su discurso mediante la exigencia de una delegación integral de competencias para la Generalitat de Cataluña. Esta propuesta de ley ha sido el blanco preferido de los ataques de Podemos y, ahora, de Sumar, quienes utilizan el marco del racismo para descalificar las aspiraciones de control fronterizo y social de los posconvergentes. Para Junts, las palabras de Díaz no responden a una convicción profunda, sino a una necesidad táctica derivada de la competición electoral con Podemos, en un intento por recuperar el perfil más purista de la izquierda frente a una derecha catalana que se desplaza hacia posiciones de mayor firmeza identitaria.
En el fondo subyace la dificultad de mantener una mayoría heterogénea donde las diferencias de clase y modelo de sociedad son abismales. Mientras Yolanda Díaz intenta erigirse en el baluarte de los valores progresistas frente a lo que denomina una derecha insolidaria, Junts reivindica su derecho a ejercer una política nacionalista sin ser estigmatizada. La acusación de clasismo y racismo toca la línea de flotación de un partido que busca homologarse con las derechas liberales europeas, y cuya respuesta ha sido el repliegue táctico: convertir sus siete votos en el Congreso en una barrera infranqueable para los intereses de Sumar.
La parálisis de la relación entre Junts y el partido de la vicepresidenta abre un escenario de incertidumbre para el resto del ciclo legislativo. Si el bloque de la investidura pierde la pieza catalana, la capacidad de acción del Ministerio de Trabajo y de otras carteras gestionadas por Sumar quedará reducida a la mínima expresión. Sin una disculpa que restablezca el statu quo, el Gobierno se encamina a un bloqueo crónico donde cada votación será un campo de batalla en el que Junts, lejos de ceder, parece decidido a demostrar que su papel de socio no es un cheque en blanco, sino una relación de poder que exige, ante todo, respeto institucional.