A menos de una semana del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, el panorama político se perfila con un marcado giro hacia la derecha. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó su primer barómetro preelectoral, que anticipa un escenario inédito: el Partido Popular (PP), liderado por María Guardiola, podría superar por primera vez al PSOE en votos y consolidar una posición de ventaja que, sin embargo, dependerá del respaldo de Vox para garantizar una mayoría estable.
El CIS atribuye a Guardiola entre 25 y 29 escaños, lo que representa aproximadamente el 38,5% del voto, frente al PSOE de Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, que caería a la segunda posición con un estimado de 19-22 escaños (8 más que otros sondeos) y el 31,6% de los sufragios. La diferencia no es meramente cuantitativa; simboliza un desplazamiento histórico del electorado extremeño, que hasta ahora había mantenido un predominio socialista sostenido. La pérdida de apoyos del PSOE refleja no solo la erosión del proyecto del candidato de Pedro Sánchez, sino también la dificultad de la izquierda para articular un liderazgo regional convincente capaz de contrarrestar la consolidación del centro-derecha.
Vox se perfila como la fuerza clave en este tablero electoral. Tras abandonar la Junta en julio de 2024, en protesta por la aceptación del PP de políticas de acogida de menores extranjeros no acompañados, la formación ultraderechista ha duplicado sus expectativas de voto, pasando de cinco a entre diez y doce escaños, con un porcentaje estimado del 17,3%. La evolución de Vox evidencia un electorado radicalizado en torno a temas identitarios y socioeconómicos, con demandas que van desde la reducción fiscal hasta la supresión de ayudas a ONG y políticas de igualdad, y que plantean un desafío directo para cualquier intento de coalición flexible.
La posición de Guardiola, por tanto, se ve condicionada por un doble dilema: consolidar el liderazgo del PP en la región mientras gestiona las exigencias de un socio potencialmente inflexible. La experiencia reciente, con los presupuestos regionales bloqueados por desacuerdos ideológicos con Vox, demuestra que cualquier negociación futura requerirá un equilibrio delicado entre pragmatismo político y coherencia programática. La candidata popular deberá decidir si acepta compromisos que podrían tensar su base moderada o intenta gobernar con acuerdos más limitados, confiando en el apoyo parlamentario circunstancial de Vox.
El análisis territorial revela que Badajoz será un epicentro clave: allí el PP podría lograr quince escaños frente a los once del PSOE, mientras que Vox podría obtener seis. Mérida, por su parte, muestra un reparto más equilibrado, con el PP estimado en doce escaños, el PSOE en nueve y Vox nuevamente en seis. La confluencia de izquierda Unidas por Extremadura (Podemos e IU) aspiraría a mejorar levemente, alcanzando seis o siete escaños, insuficientes para alterar la dinámica de poder. En términos de capacidad de gobernar, el PP podría depender de hasta ocho diputados de Vox para alcanzar la mayoría absoluta de 33 escaños, aunque en el mejor de los escenarios podría necesitar solo cuatro.
Este escenario sitúa a la izquierda en una posición de debilidad estructural. La suma máxima de PSOE y Unidas por Extremadura apenas alcanzaría los 29 escaños, igualando el nivel de un PP que, sin embargo, cuenta con margen de maniobra político adicional gracias a su capacidad de pactar con Vox. La historia reciente de Extremadura no ofrece precedentes comparables: por primera vez en la región, el PP lidera el voto popular y se encuentra en condiciones de formar gobierno por tercera ocasión en la etapa autonómica, después de la presidencia anterior de Guardiola y del mandato de Juan Antonio Monago, que gobernó entre 2011 y 2015 gracias a un pacto con IU.
Más allá de los números, lo que se evidencia es un cambio en la narrativa política regional. La campaña electoral de Guardiola se centrará previsiblemente en consolidar la imagen de liderazgo firme frente a un PSOE debilitado y fragmentado, mientras que Vox se posicionará como garante de las políticas identitarias y de control sobre inmigración, reducción de ayudas a ONG y limitación de intervenciones ideológicas en la administración regional. Esta dinámica reproduce un patrón que se observa a nivel nacional: la derecha utiliza la polarización y la exigencia de líneas programáticas estrictas para reforzar su control político, mientras la izquierda enfrenta dificultades para generar cohesión interna y ofrecer alternativas percibidas como viables.
La estrategia del PP también se ve condicionada por la gestión de las expectativas de Vox. Tras el precedente de Juanfran Pérez Llorca en Valencia, donde se aceptaron condiciones políticas estrictas para garantizar la investidura, cualquier negociación en Extremadura será observada con lupa. La posibilidad de un acuerdo con Vox, ya sea interno o con apoyo externo, obligará a Guardiola a equilibrar la gobernabilidad con el riesgo de alienar a votantes moderados que podrían rechazar concesiones demasiado extensas a la ultraderecha. La negociación con Vox no será un mero trámite: será un test de habilidad política que definirá la estabilidad del futuro gobierno regional.
El CIS refleja también la relevancia del contexto nacional. La pérdida de fuerza del PSOE en Extremadura envía señales sobre la capacidad de la izquierda para retener espacios estratégicos en otras regiones y, en última instancia, sobre la fortaleza de Pedro Sánchez y su gobierno ante los desafíos electorales de 2025. Extremadura se convierte así en un laboratorio político: un indicador de cómo las estrategias de comunicación, la gestión de coaliciones y la polarización ideológica pueden determinar resultados electorales en territorios históricamente dominados por un partido concreto.