El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su balance político de los últimos seis meses de legislatura poniendo el foco en los casos de corrupción y acoso sexual surgidos en el entorno del PSOE, en un momento de alta presión política y desgaste institucional. Lejos de esquivar el debate, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado la respuesta del partido y del Gobierno de coalición como un elemento distintivo frente a sus adversarios.
“El compromiso del Gobierno de coalición y singularmente del PSOE con el feminismo es absoluto”, ha afirmado Sánchez, subrayando que el partido ha sido “la primera organización política en afrontar el problema del acoso y los abusos con absoluta contundencia”, promoviendo la denuncia y garantizando la protección de las víctimas.
En un mensaje dirigido tanto al electorado progresista como a la oposición, el presidente ha insistido en que “la contundencia contra el acoso y el abuso tiene las siglas del PSOE”, marcando una línea de defensa política basada en la asunción de responsabilidades y la diferenciación con la derecha.
Choque frontal con la derecha por corrupción
Sánchez ha rechazado de plano aceptar “lecciones de la derecha”, a la que ha acusado de falta de legitimidad moral para erigirse en referente de ejemplaridad democrática. En una alusión directa al pasado del Partido Popular, ha recordado que algunas formaciones “sueltan programas de ejemplaridad desde sedes pagadas con dinero negro”.
El presidente ha defendido que su Ejecutivo ha actuado con “contundencia” frente a la corrupción, insistiendo en que la corrupción sistémica terminó con la salida del PP del Gobierno en 2018. El mensaje subyacente es claro: el actual contexto de escándalos no puede equipararse a una estructura de corrupción institucionalizada, sino que se aborda mediante mecanismos de control y reacción inmediata.
Sin adelanto electoral
En un contexto de tensión parlamentaria y polarización, Sánchez ha vuelto a descartar cualquier adelanto de las elecciones generales. “Nos sentimos cargados de energía y daremos lo mejor de nosotros mismos en la segunda parte de la legislatura”, ha afirmado durante su comparecencia de balance del curso político.
El presidente ha enmarcado la continuidad del Gobierno como una obligación política y moral, vinculada a la defensa de un modelo social frente a lo que considera una ofensiva conservadora:
“Debemos seguir avanzando hacia una economía más justa, más productiva y más humana, neutralizar la emergencia climática y defender el Estado del bienestar de quienes quieren venderlo o recortarlo”, ha dicho, en referencia a las comunidades autónomas gobernadas por el PP con apoyo de Vox.
Sánchez ha añadido que su Ejecutivo está dispuesto a “aguantar fango” si con ello se protege la democracia, el orden multilateral y los valores europeos frente a xenófobos, aislacionistas y autócratas.
Deuda social pendiente
En el plano económico, el presidente ha celebrado los buenos datos macroeconómicos de España, aunque ha reconocido que el reto pendiente es trasladar ese crecimiento al impacto microeconómico en el día a día de los trabajadores.
“El poder adquisitivo de los españoles todavía es bajo y hay demasiada gente que vive en precariedad”, ha admitido, aunque ha insistido en que “vamos en la dirección correcta”.
El mensaje busca equilibrar el optimismo económico con un reconocimiento explícito de las limitaciones sociales del crecimiento, un discurso clave para sostener el apoyo del electorado progresista.
Política de vivienda
Entre los anuncios más concretos del balance semestral, Sánchez ha presentado la creación de un abono único de transporte para todo el país, con una tarifa de 60 euros para adultos y 30 euros para jóvenes, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero.
Este abono permitirá viajar por todo el territorio nacional utilizando trenes de media distancia, cercanías y autobuses, una medida orientada a aliviar el coste de la movilidad, fomentar el transporte público y avanzar en la transición ecológica.
En materia de vivienda, uno de los asuntos que el presidente ha calificado como “uno de los mayores problemas que afectan a la sociedad”, ha reprochado a las comunidades gobernadas por el PP que se nieguen a aplicar la ley de vivienda por motivos ideológicos.
Sánchez ha destacado que 308 municipios, donde viven más de ocho millones de personas, ya se han declarado zonas tensionadas, aunque ha reconocido que el avance es desigual porque a algunas regiones “les entra por un oído y les sale por el otro”.