Pedro Sánchez ha convertido las pensiones en uno de los principales argumentos de su discurso político frente al Partido Popular y Vox. Desde Zaragoza, el presidente del Gobierno ha aprovechado las contradicciones entre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y las de su portavoz sobre la sostenibilidad del sistema para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría un Ejecutivo compartido por la derecha y la ultraderecha. «Si PP y Vox llegan al Gobierno firman la carta de defunción del Estado del bienestar», ha afirmado ante sus simpatizantes, después de contraponer las garantías públicas del actual modelo de pensiones con las propuestas de reforma que atribuye a ambas formaciones.
Sánchez ha recurrido a la ironía para denunciar lo que considera un adelanto de las verdaderas intenciones de sus adversarios. «Esta gente se ha creído las encuestas y han destapado sus cartas», ha señalado, antes de recordar que Feijóo pide no bromear con las pensiones al tiempo que desde su partido se habla de un sistema colapsado. El presidente ha situado también en el centro de sus críticas a Santiago Abascal, al que ha vinculado con el modelo económico del argentino Javier Milei. «Entre las tijeras de Feijóo y Abascal, el amigo de Milei y su motosierra», ha advertido, para comprometerse a mantener durante otros cuatro años la revalorización de las pensiones sin recortes.
La disputa por el futuro de las pensiones
El presidente ha cuestionado especialmente la ambigüedad que aprecia en Vox respecto al modelo de jubilación. Abascal ha asegurado que su partido garantizaría las pensiones con independencia del sistema elegido, una afirmación que Sánchez ha utilizado para marcar distancias entre la protección pública y los mecanismos privados de capitalización. «No es lo mismo una pensión pública que una gestionada por un gran banco», ha replicado, en una intervención con la que ha buscado situar el debate más allá de las cuantías y centrarlo en quién asume los riesgos y cómo se garantiza la protección de los jubilados.
También ha recuperado la propuesta fiscal de Vox, cuyo coste Hacienda estima en 85.000 millones de euros, para cuestionar cómo podrían mantenerse los servicios públicos con semejante reducción de ingresos. La referencia a los «sacrificios» anunciados por Feijóo le ha permitido recordar los ajustes aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy y establecer un contraste entre dos modelos económicos. El argumento central de Sánchez es que las pensiones, la sanidad y la educación no pueden desligarse de las decisiones fiscales, y que una reducción sustancial de la recaudación exige explicar qué gastos se mantendrían y cuáles resultarían afectados.
Frente a las advertencias sobre un eventual colapso del sistema, Sánchez ha pedido «mucha calma» tanto a los jóvenes como a los pensionistas. Ha defendido las reformas impulsadas por su Gobierno, ha invocado los mecanismos de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y ha recordado la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según las cifras que ha expuesto, la legislatura terminará con más de 20.000 millones de euros en la denominada hucha de las pensiones, frente a los aproximadamente 5.000 millones que, ha afirmado, dejó el Ejecutivo de Rajoy. La sostenibilidad futura, no obstante, continúa sometida a evaluaciones periódicas y depende de factores demográficos, laborales y presupuestarios.
El voto de los nietos del exilio
Sánchez ha reservado otra de sus críticas para la situación de los descendientes de exiliados que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos. Tras cuestionar una decisión del Tribunal Supremo que, según ha denunciado, limita el ejercicio del voto a decenas de miles de estas personas, ha acusado al PP y a Vox de respaldar una interpretación restrictiva de sus derechos electorales.
«Los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos de los franquistas», ha proclamado, antes de advertir de las consecuencias políticas que atribuye a esa posición de la oposición. Con esta referencia, el presidente ha incorporado la memoria democrática a un discurso dominado por la defensa de las pensiones y los servicios públicos.
La intervención de Zaragoza ha dejado definida una de las principales líneas argumentales de Sánchez ante la posibilidad de una alternativa de Gobierno encabezada por Feijóo con el apoyo de Vox. El presidente pretende situar la protección social en el centro de la discusión política y obligar a sus adversarios a concretar sus propuestas sobre pensiones, impuestos y gasto público. Una discusión en la que las declaraciones de campaña tendrán que contrastarse con las reformas efectivamente planteadas y con sus consecuencias para trabajadores, pensionistas y generaciones futuras.
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