Pedro Sánchez eligió la Festa de la Rosa del PSC para responder a dos de los asuntos que más presión política han acumulado sobre el Gobierno durante las últimas semanas. Uno está en Ceuta, donde la crisis migratoria continúa poniendo a prueba los recursos públicos y la convivencia. El otro se extiende mucho más allá de las fronteras españolas y afecta a cientos de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la llamada Ley de Nietos y cuyo derecho al voto ha quedado cautelarmente suspendido por decisión del Tribunal Supremo.
Dos conflictos muy diferentes que el presidente reunió este domingo bajo una misma acusación política. PP y Vox, sostuvo, han sustituido la oposición por una estrategia en la que el deterioro de los problemas termina proporcionando más rédito que su solución. En Ceuta, Sánchez les reprochó buscar la fotografía de la crisis mientras el Gobierno moviliza recursos para afrontarla. En el caso de la Ley de Nietos, señaló directamente a quienes promovieron los recursos que han desembocado en la suspensión cautelar del voto.
La intervención tuvo mucho de arranque de curso político y también de delimitación del terreno sobre el que Sánchez pretende disputar a la derecha los próximos meses. Frente al endurecimiento del discurso migratorio de Alberto Núñez Feijóo y su creciente aproximación a Vox en cuestiones como la nacionalidad, el jefe del Ejecutivo reivindicó gestión, derechos y una idea que atraviesa ambos debates, que la condición de ciudadano no debería depender de la conveniencia electoral del momento.
Ceuta entre el ruido político y los 309 millones
Sánchez prometió que Ceuta “volverá a la normalidad” y aseguró que el Gobierno mantendrá todos los recursos necesarios hasta conseguirlo. La afirmación llega en un momento especialmente delicado, después de semanas de presión migratoria, dificultades en los dispositivos de acogida y un deterioro evidente del clima social.
La respuesta del Ejecutivo tiene detrás algo más tangible que las declaraciones de un mitin. El Gobierno aprobó el 1 de septiembre un plan de choque de 309 millones de euros para los cuatro últimos meses de 2026, una cantidad equivalente aproximadamente al 16% del PIB de Ceuta. El paquete reserva 21 millones al refuerzo de servicios esenciales, 90 millones a seguridad, 118 millones a acogida humanitaria y 80 millones al apoyo de empresas y trabajadores.
Dentro de ese último bloque figuran 36,6 millones en ayudas directas para empresas y autónomos. La previsión oficial es alcanzar a unos 2.500 trabajadores por cuenta propia y 1.500 empresas, con pagos que deberían comenzar a principios de octubre. El Gobierno también ha habilitado más de 3.400 plazas adicionales para atender a personas migrantes y trabaja en nuevos espacios de acogida.
Son cifras que no resuelven por sí mismas una crisis de semejante dimensión ni borran los problemas que persisten sobre el terreno, pero introducen un elemento que se pierde con facilidad entre declaraciones sobre invasiones, fronteras y culpables. Mientras el debate político se endurece, existe una respuesta material del Estado que puede medirse en plazas, refuerzos de seguridad, personal sanitario y dinero destinado a sostener la economía ceutí.
Sánchez utilizó precisamente esa diferencia para acusar a PP y Vox de haberse instalado en el “cuanto peor para España, mejor para nosotros”. Es una valoración política del presidente, no un hecho demostrable, pero llega después de que Feijóo haya elevado considerablemente el tono sobre Ceuta y la inmigración y haya convertido ambos asuntos en uno de los principales ejes de confrontación con el Gobierno.
El problema de fondo no desaparece porque exista una partida presupuestaria. Ceuta sigue necesitando recuperar la normalidad, reducir la presión sobre sus servicios y ofrecer seguridad tanto a sus vecinos como a las personas migrantes que permanecen en la ciudad. La diferencia está en si esa situación se utiliza fundamentalmente para exigir soluciones o para mantener abierta una herida políticamente rentable.
La batalla por el voto de los nuevos españoles
Sánchez reservó algunas de sus palabras más duras para la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada Ley de Nietos. La calificó de “muy grave” y sostuvo que la suspensión cautelar del voto de cientos de miles de españoles en el extranjero “socava nuestra democracia”.
El asunto requiere precisión porque el Supremo no ha retirado la nacionalidad a estas personas. Lo que ha acordado cautelarmente es paralizar su inscripción y participación en el Censo Electoral de Residentes Ausentes cuando hayan obtenido la nacionalidad por esta vía, salvo que puedan acreditar el vínculo con el exilio exigido en los términos establecidos por el tribunal. La medida permanecerá mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
El Supremo justificó su intervención por el incremento extraordinario del censo y por lo que considera un riesgo para la objetividad y transparencia del proceso electoral. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a las cautelares y defendieron que la controversia planteada no permitía revisar indirectamente la concesión de la nacionalidad.
La Junta Electoral Central terminó acatando la decisión y solicitando información adicional a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares, aunque la discusión dentro del organismo estuvo lejos de ser pacífica. La decisión de no recurrir el auto salió adelante en una votación dividida y varios vocales expresaron importantes objeciones jurídicas a la medida. Ahí es donde el discurso de Sánchez encuentra un terreno bastante más complejo que la simple confrontación entre Gobierno y jueces.
El presidente dejó claro que no comparte la decisión pero que respetará lo que finalmente determine el Supremo. Su carga política se dirigió principalmente hacia PP y Vox y, en particular, hacia el origen de unos recursos que han conseguido algo excepcionalmente delicado en democracia, dejar temporalmente fuera del ejercicio del sufragio a ciudadanos que ya habían sido incorporados al censo electoral.
Españoles hasta que llega la urna
El argumento de Sánchez tiene además una derivada difícil de separar del giro que está protagonizando Feijóo en materia de nacionalidad. Mientras el líder del PP propone revisar cómo se concede, se conserva y se puede perder la nacionalidad española, el Supremo deberá determinar ahora las consecuencias electorales de la forma en que cientos de miles de descendientes de españoles accedieron a ella mediante la Ley de Memoria Democrática.
Son debates jurídicamente distintos, pero políticamente confluyen en una pregunta incómoda sobre hasta qué punto la ciudadanía adquirida va a seguir siendo tratada exactamente igual que la ciudadanía recibida al nacer.
Sánchez recordó que la norma entró en vigor en 2022 y que desde entonces se han celebrado elecciones sin que esta cuestión hubiera adquirido la dimensión política actual. También contrapuso la posición de la derecha ante estos nacionalizados con su comportamiento en otros procesos de reconocimiento de la ciudadanía española, como el de los descendientes de sefardíes.
La controversia sobre la Ley de Nietos tiene un componente jurídico real que tendrá que resolver el Supremo. Lo que resulta más difícil de explicar es por qué cientos de miles de personas que ya son españolas y figuraban en el censo pasan a convertirse, precisamente cuando llega el momento de votar, en ciudadanos cuyo sufragio debe quedar cautelarmente congelado.
No es una cuestión menor. El derecho de sufragio ocupa el núcleo de cualquier sistema democrático y una medida que impide ejercerlo, aunque sea provisionalmente, exige una justificación especialmente sólida. Más aún cuando la propia Junta Electoral ha mostrado profundas discrepancias internas sobre la respuesta que debía darse al auto del Supremo.
Sánchez lo resumió con una frase mucho más eficaz que cualquier disquisición jurídica. “El voto se protege y se ejerce”.
Dos maneras de entrar en el nuevo curso político
La coincidencia este domingo de Sánchez y Feijóo en Cataluña permitió observar con bastante nitidez los terrenos que cada uno pretende ocupar. Feijóo estuvo en Badalona endureciendo su propuesta migratoria, prometiendo cerrar España “a cal y canto” a quienes vengan a incumplir la ley y defendiendo una revisión de las condiciones para adquirir y perder la nacionalidad. Sánchez, a pocos kilómetros, eligió Ceuta para reivindicar la intervención económica del Estado y la Ley de Nietos para defender el derecho al voto de quienes ya obtuvieron la ciudadanía. La confrontación no podría resultar mucho más clara.
Eso no convierte la gestión del Gobierno en inmune a la crítica. Ceuta continúa atravesando una crisis extraordinariamente grave y 309 millones de euros son una respuesta cuya eficacia deberá medirse por sus resultados, no por su anuncio. Del mismo modo, la controversia jurídica sobre la Ley de Nietos deberá resolverse con una sentencia y no desde un escenario político. Pero hay una diferencia relevante entre discutir cómo solucionar un problema y construir una estrategia sobre su permanencia.
Sánchez ha decidido situar ahí su línea de ataque. Frente a una derecha que endurece aceleradamente su discurso sobre inmigración, fronteras y nacionalidad, el presidente intenta recuperar un terreno que durante semanas estuvo dominado por la ofensiva de PP y Vox y responder con dos argumentos menos estridentes pero más difíciles de despachar con un eslogan.
En Ceuta, recursos y resultados. Para los españoles en el exterior, ciudadanía y derechos.
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