La dimisión de Carlos Mazón tras la DANA del 29 de octubre de 2024 no ha cerrado nada. Llega tarde, llega sin asumir responsabilidad y llega después de un año en el que las familias han tenido que organizarse solas para recordarle a las instituciones su obligación más básica: proteger vidas. La indignación expresada por las asociaciones en Madrid no es solo duelo. Es la constatación de un modelo político que, durante años, trató la emergencia climática y la gestión del territorio como elementos secundarios, hasta que el daño se hizo irreversible.
La política reducida a comunicación y la emergencia convertida en trámite
El modo en que Mazón compareció —hablando de infraestructuras, reconstrucción y cifras económicas sin pronunciar la palabra “dimisión” ni dirigirse a las víctimas— resume una forma de gobernar. La ciudadanía aparece únicamente como objeto de gestión, nunca como sujeto de derechos. La narración de la catástrofe se desplaza hacia daños materiales para evitar nombrar lo explícito: hubo vidas que podían haberse protegido, y no se protegieron.
No se trata de buscar culpables morales, sino de señalar responsabilidades estructurales: recortes en prevención, descoordinación entre administraciones, un sistema de alerta que no llegó donde debía, y servicios públicos infrafinanciados que no pudieron sostener la emergencia. Durante años, la Generalitat gobernada por Mazón gestionó la prevención climática como gasto prescindible, mientras dedicaba atención preferente a conflictos identitarios diseñados para ocupar titulares. La tragedia no fue solo el temporal; fue el contexto de vulnerabilidad construido previamente.
La responsabilidad compartida que Feijóo intenta situar fuera de su campo
La reacción del PP estatal ha sido sintomática. Feijóo ha insistido en tratar la dimisión de Mazón como un asunto personal, desligado del proyecto político del partido. Pero Mazón no actuó en un vacío: formaba parte de una estructura, sostenía una forma de hacer política y replicaba el patrón del PP en territorios donde gobierna.
Ese patrón es conocido: minimizar la planificación pública; delegar en la iniciativa privada; considerar que la gestión aparece sola con tal de mantener estabilidad presupuestaria; y reaccionar solo una vez producido el daño. La diferencia entre discurso y responsabilidad se vuelve abismo cuando el escenario ya no es sanitario, cultural o laboral, sino la vida y la muerte.
Que Feijóo no exigiera la dimisión cuando correspondía no es fragilidad personal, como señalaron las víctimas; es la lógica del partido: proteger al dirigente antes que reparar el daño. La política entendida como autopreservación del poder.
Las víctimas no son parte del relato; son quienes han sostenido la dignidad democrática
La presencia en Madrid de CCOO, UGT, asociaciones vecinales, la Federación de Sindicatos de Periodistas, organizaciones de derechos sociales, plataformas ciudadanas y grupos de apoyo mutuo revela algo esencial: la sociedad civil organizada llegó donde las instituciones no estuvieron. No para sustituir al Estado, sino para recordarle que su función es proteger.
La expresión de la rabia pública no es desorden; es democracia defensiva. Nombrar la negligencia no es exceso retórico; es condición para que no vuelva a ocurrir. Las asociaciones no están pidiendo venganza. Están pidiendo verdad y garantías: protocolos de emergencia efectivos, inversión en prevención climática, refuerzo de servicios territoriales, planificación de cuencas y una gestión que no se limite a anunciar obras después de los cuerpos.