Cada vez que una resolución judicial afecta al adversario político, Alberto Núñez Feijóo reivindica un principio que parece indiscutible. Las sentencias, afirma, deben acatarse y no descalificarse. La afirmación resulta razonable. Lo que deja de ser razonable es convertir ese principio en un arma de un solo uso.
La condena de David Sánchez por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa ha abierto un intenso debate político. Es lógico. Se trata del hermano del presidente del Gobierno y la sentencia, aunque todavía no es firme, tiene una enorme trascendencia pública.
Lo discutible no es que exista ese debate. Lo discutible es la tesis que intenta imponer Feijóo. Según el líder del PP, expresar discrepancias con la resolución judicial supone adentrarse en una "esfera peligrosa". La afirmación merece un matiz esencial. Una democracia no exige unanimidad ante las sentencias. Exige respeto a los procedimientos judiciales.
Las resoluciones de los tribunales pueden ser recurridas. De hecho, ese es uno de los pilares del sistema judicial. También pueden ser analizadas, criticadas o discutidas desde el ámbito político, académico o periodístico. Lo que ninguna democracia admite es el incumplimiento de las resoluciones o la presión ilegítima sobre los jueces. Discrepar jurídicamente no equivale a desobedecer.
El propio Gobierno ha recordado que la sentencia será recurrida y ha reiterado su confianza en las instancias superiores. La Fiscalía, además, había solicitado la absolución durante el juicio. Son hechos objetivos que forman parte del procedimiento y que explican por qué el debate jurídico sigue abierto.
Lo llamativo es que Feijóo presente esa discrepancia como una anomalía democrática.
La historia reciente desmiente esa idea. El Partido Popular ha cuestionado en numerosas ocasiones resoluciones del Tribunal Constitucional, decisiones del Tribunal Supremo, pronunciamientos de juzgados de instrucción e incluso actuaciones de la Fiscalía cuando afectaban a dirigentes o intereses de su espacio político. También ha acusado en distintas etapas al Tribunal Constitucional de actuar con criterios ideológicos y ha mantenido un prolongado bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial alegando precisamente su desacuerdo con determinadas mayorías institucionales.
Resulta difícil sostener que expresar críticas a una resolución judicial pone en riesgo la democracia cuando el propio Partido Popular ha convertido esa práctica en una constante de su estrategia política durante años.
La independencia judicial merece una defensa mucho más seria que la que propone Feijóo. Significa aceptar que los tribunales pueden dictar resoluciones favorables o desfavorables para cualquier partido. Significa respetar los recursos previstos por la ley. Significa, también, permitir que esas decisiones sean objeto de análisis y crítica sin convertir cualquier discrepancia en un ataque al Estado de derecho.
Porque la Justicia no es infalible. Precisamente por eso existen recursos, tribunales superiores y mecanismos de revisión.
Hay además otra contradicción difícil de ignorar. Feijóo insiste en que el Gobierno debe limitarse a acatar la sentencia. Sin embargo, él mismo extrae de una resolución todavía recurrible consecuencias políticas de enorme alcance y la utiliza como argumento central contra Pedro Sánchez, pese a que el tribunal no atribuye responsabilidad penal alguna al presidente del Gobierno.
La prudencia que reclama para los demás desaparece cuando llega el momento de obtener rentabilidad política.
Feijóo pretende presentar cualquier discrepancia con una sentencia como una amenaza para el Estado de derecho. En realidad, el verdadero riesgo aparece cuando las decisiones de los tribunales dejan de analizarse jurídicamente para convertirse en simples herramientas de combate político.
La fortaleza de la Justicia no depende de que nadie pueda discutir sus resoluciones. Depende de que esas resoluciones puedan recurrirse, examinarse y revisarse dentro de las reglas del propio sistema. Eso es exactamente lo que diferencia un Estado de derecho de un sistema donde las sentencias se convierten en verdades incontestables.
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