Alberto Núñez Feijóo lleva años construyendo un mismo relato. El Gobierno está a punto de caer. La legislatura se encuentra en sus últimos días. La siguiente revelación judicial será definitiva. El próximo sumario marcará un antes y un después. El siguiente escándalo precipitará unas elecciones inevitables.
Es el relato del colapso permanente. Una narración política que se repite con tanta frecuencia que ha terminado convirtiéndose en el principal eje de la oposición del Partido Popular. La última ofensiva de Génova vuelve a situarse exactamente en ese terreno. El PP insiste en presentar cada novedad judicial como una prueba irrefutable del derrumbe moral y político del Gobierno. Cada investigación es interpretada como una confirmación de sus tesis. Cada comparecencia ante un juez se incorpora a un relato en el que todas las piezas parecen conducir a una única conclusión posible.
Pedro Sánchez sería el centro de una gran trama que explicaría cuanto sucede en la vida política española. La contundencia del discurso resulta llamativa por una razón muy concreta. Si el Partido Popular está realmente convencido de que España atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas, cuesta entender por qué sigue actuando con una prudencia que desmiente la gravedad de sus propias palabras.
Feijóo pide tranquilidad a los suyos, rechaza movimientos precipitados y evita comprometerse con una moción de censura. Descarta cualquier paso que no tenga garantías de éxito parlamentario. Recomienda paciencia, e insiste en esperar.
Por un lado, el líder popular describe un escenario casi terminal para el Gobierno. Por otro, administra los tiempos con la serenidad de quien considera que no existe ninguna urgencia real. Hay algo casi paradójico en anunciar el hundimiento inminente del adversario durante años y seguir actuando como si siempre pudiera aguardarse un poco más.
Desde su llegada a la presidencia del PP, Feijóo ha convertido el desgaste del Gobierno en el principal motor de su proyecto político. El problema es que desgastar a un adversario no equivale necesariamente a construir una mayoría social capaz de sustituirlo.
La oposición puede ganar titulares señalando los errores del Gobierno. Las elecciones suelen ganarse ofreciendo algo más que la crítica. De hecho, cuanto más tiempo transcurre, más visible se vuelve una carencia que empieza a acompañar al líder popular como una sombra incómoda.
España sabe perfectamente aquello a lo que Feijóo se opone y sigue sin conocer con la misma claridad qué país propone. La economía aparece de forma intermitente. La vivienda apenas ocupa espacio en el discurso popular. La desigualdad raramente se sitúa en el centro de sus prioridades. Los servicios públicos suelen surgir como argumento de confrontación antes que como elemento vertebrador de un proyecto político propio.
La sensación es que el Partido Popular ha encontrado una enorme comodidad en la condición de fiscal permanente y gobernar exige bastante más que fiscalizar.
También resulta llamativa la facilidad con la que el PP reivindica la independencia judicial cuando las investigaciones afectan a sus adversarios políticos y la rapidez con la que relativiza determinadas resoluciones cuando afectan a dirigentes propios.
La memoria reciente sigue ofreciendo suficientes ejemplos para observar con cautela cualquier intento de presentar al Partido Popular como depositario exclusivo de la regeneración democrática.
Gürtel, Kitchen, la financiación irregular acreditada judicialmente o la propia condena al PP como partícipe a título lucrativo forman parte de una historia demasiado reciente como para ser borrada mediante una estrategia de amnesia selectiva.
Nada de ello convierte en irrelevantes las investigaciones actuales. La corrupción debe perseguirse siempre. Sin excepciones, sin siglas protegidas y sin privilegios partidistas. Precisamente por eso conviene preservar una diferencia fundamental entre la responsabilidad judicial y la rentabilidad política. Los tribunales están para investigar y los partidos están para gobernar.
Y gobernar implica explicar qué modelo económico se defiende, qué políticas sociales se impulsarán, cómo se abordará el acceso a la vivienda, qué papel debe desempeñar España en Europa o qué respuesta se ofrece a los desafíos tecnológicos, demográficos y medioambientales que ya están transformando nuestras sociedades.
Feijóo parece sentirse mucho más cómodo denunciando el país que imaginando el país que propone. Quizá porque la indignación moviliza con más facilidad que los programas políticos. Quizá porque la confrontación permanente genera más atención que las propuestas complejas. Quizá porque señalar las debilidades ajenas siempre resulta más sencillo que someter las propias ideas al escrutinio público.