La reforma del registro horario, una de las herramientas con las que el Ministerio de Trabajo pretende atajar el problema de las horas extra no pagadas, se ha encontrado con un obstáculo inesperado. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al proyecto, poniendo en cuestión una iniciativa que buscaba reforzar el control de la jornada laboral y cerrar una de las grietas más persistentes del mercado de trabajo.
No es un informe vinculante, pero sí tiene peso político y técnico. Y llega en un momento especialmente delicado, después de que la reducción de la jornada a 37,5 horas, de la que esta medida formaba parte inicialmente, quedara bloqueada en el Congreso tras el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Lejos de abandonar la idea, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz decidió seguir adelante con la reforma del registro horario en una norma independiente. El objetivo es claro: impedir manipulaciones, facilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y, sobre todo, garantizar que las horas trabajadas se paguen.
Según los datos que maneja el propio Ministerio, en España se realizan más de 2,8 millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana. Es una cifra que lleva años repitiéndose y que explica por qué el control efectivo de la jornada sigue siendo una de las asignaturas pendientes en el ámbito laboral.
El nuevo modelo planteado por Trabajo apuesta por un sistema digital, accesible en remoto y verificable en tiempo real. La idea es que el registro no dependa exclusivamente de la empresa, sino que el propio trabajador pueda anotar su jornada y acceder a ella en cualquier momento. También se prevé que los representantes sindicales y la Inspección tengan acceso directo a esos datos, lo que permitiría detectar irregularidades con mayor rapidez.
Además, la reforma introduce una novedad relevante: los registros no podrían modificarse sin el consentimiento del trabajador, un punto que busca evitar prácticas que, aunque no siempre visibles, son habituales en determinados sectores.
El Consejo de Estado, sin embargo, ha puesto reparos al diseño de la norma. Entre las críticas, según se ha conocido, figuran la falta de adaptación a las particularidades de cada sector, la carga administrativa que podría suponer para las pequeñas y medianas empresas y la decisión de tramitar la reforma mediante un real decreto en lugar de una ley.
A esas objeciones se suman también reservas expresadas por otros departamentos del propio Gobierno, como Economía o Función Pública, lo que refleja que el debate no está cerrado ni siquiera dentro del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Trabajo no comparten esa visión. Fuentes del departamento consideran difícil de entender que se cuestione una herramienta que, en esencia, busca hacer cumplir la legislación vigente. Insisten en que reforzar el control horario no solo protege a los trabajadores, sino que también evita situaciones de competencia desleal entre empresas.
El trasfondo del debate va más allá del propio registro de jornada. Lo que está en juego es hasta qué punto el sistema actual es capaz de reflejar las horas reales trabajadas y de garantizar que se respetan los límites legales de la jornada y los descansos.
Por ahora, el dictamen del Consejo de Estado introduce incertidumbre en la tramitación de la reforma. Pero en Trabajo mantienen la intención de seguir adelante. Consideran que modernizar el control de la jornada es una pieza clave para avanzar hacia un mercado laboral más transparente, en el que lo que se trabaja y lo que se paga no sean dos realidades distintas.
En ese punto, la discusión deja de ser técnica para convertirse en algo mucho más concreto, cómo se protege, en la práctica, el tiempo de trabajo de millones de personas.