Una lista de espera quirúrgica debe ordenar la atención según las necesidades de los pacientes. Si se modifica su prioridad para cumplir objetivos de gestión, la pregunta deja de ser únicamente cuánto tarda un hospital en operar: pasa a ser quién decide cuánto puede esperar una persona y con qué justificación clínica.
Esa es la cuestión que plantea la investigación publicada este martes por El País, basada en documentos internos, correos y testimonios de cuatro médicos del Hospital Ramón y Cajal. Según esa información, 57 pacientes de Cirugía Ortopédica y Traumatología vieron rebajada su prioridad entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, sin que se consultara a los cirujanos responsables de sus indicaciones.
El hospital niega haber cometido irregularidades. La denuncia, sin embargo, exige algo más que una declaración genérica de cumplimiento: una explicación documentada de quién ordenó los cambios, por qué se realizaron y qué consecuencias tuvieron para cada paciente.
Cambiar la prioridad no cura al paciente: modifica el plazo con el que se evalúa su espera
La investigación describe el paso de pacientes clasificados como preferentes, con un objetivo de intervención inferior a 90 días, a la categoría normal, vinculada en los indicadores de gestión examinados a un plazo de 180 días.
Cambiar la categoría no reduce los días que una persona lleva esperando. Lo que puede modificar es la valoración de si su demora está dentro o fuera del objetivo previsto y la prioridad con la que se programa su intervención.
Este matiz resulta fundamental: la información publicada no acredita una reducción artificial del número total de pacientes ni de la demora media difundida en la web autonómica. La presunta alteración afecta a la prioridad clínica y al cumplimiento de los plazos asociados a ella.
Según los testimonios recogidos, muchos de los afectados acumulaban entre 80 y 140 días de espera. Reclasificarlos podía hacer que dejaran de aparecer como incumplimientos del objetivo de 90 días, aunque su situación clínica no hubiera mejorado.
La gravedad del caso está precisamente ahí: el indicador puede mejorar sin que mejore la atención.
La normativa atribuye la prioridad clínica a los especialistas quirúrgicos. La Orden 804/2016 de la Comunidad de Madrid establece que los especialistas quirúrgicos son responsables de indicar la intervención y fijar la prioridad clínica. También dispone que, para programar las operaciones, se tenga en cuenta esa prioridad y, a igualdad de condiciones, la antigüedad en la lista.
La norma distingue entre pacientes que no admiten una demora superior a treinta días, aquellos para los que se recomienda intervenir antes de noventa y quienes presentan una patología que permite aplazar el tratamiento sin secuelas importantes.
La organización de los quirófanos requiere coordinación entre profesionales y servicios. Pero esa coordinación no elimina la necesidad de justificar clínicamente una modificación de prioridad. La investigación pendiente debe esclarecer si existió esa justificación, quién la formuló y dónde quedó registrada.
Una niña de tres años y pacientes con dolor entre los casos denunciados
Uno de los testimonios más preocupantes es el de la cirujana que detectó el cambio en la ficha de una niña de tres años. Según su relato, la intervención era especialmente sensible y la demora podía comprometer la conservación de una pierna. La doctora afirma que restableció la prioridad y consiguió operarla cuando obtuvo disponibilidad de quirófano.
Ese testimonio describe un riesgo clínico señalado por la especialista; no acredita que la menor sufriera finalmente ese daño. Su relevancia está en que la profesional sostiene que se modificó la clasificación sin contar con ella y sin informar a los padres.
Otros médicos describen pacientes con dolor intenso y riesgo de deterioro articular. Para esclarecer el alcance del caso no basta con comprobar que algunos acabaron siendo operados: es necesario reconstruir las decisiones y determinar si hubo retrasos atribuibles a los cambios.
Bergerot pide una auditoría y López reclama explicaciones a Ayuso
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado una auditoría que identifique el origen de las instrucciones. “Si no logran sus objetivos, cambian la meta”, ha criticado. También ha atribuido una responsabilidad política al Gobierno regional, una acusación que debe distinguirse de lo acreditado hasta ahora sobre las actuaciones hospitalarias.
Manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado.
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 15, 2026
Por eso en julio llevamos al Consejo Interterritorial los nuevos criterios de transparencia y trazabilidad del RD de listas de espera que no fueron aprobados por las CCAA, pero que… pic.twitter.com/VHivaQMQ25
El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido que la presidenta explique por qué se habrían alterado las listas en perjuicio de los pacientes. “Primero tuvimos los audios de Ribera Salud, y ahora esto. Es un escándalo”, ha declarado, vinculando políticamente ambas controversias. Esa comparación no demuestra que respondan a una misma instrucción o mecanismo.
“Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferente”.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 15, 2026
Primero tuvimos los audios de Ribera Salud, y ahora esto. Es un escándalo.
Ayuso debe explicar por qué sus gerentes intentan maquillar las listas de espera a costa de la salud de los madrileños. https://t.co/E7w4w8AQy4
Las demandas de explicaciones alcanzan a Ayuso por su responsabilidad al frente del Ejecutivo autonómico. La información disponible no demuestra que la presidenta ordenara los cambios, pero sí plantea una obligación política de esclarecer cómo se controla la gestión de un hospital público y qué respuesta reciben las denuncias internas.
El hospital niega irregularidades y Sanidad defiende el procedimiento
La Consejería de Sanidad sostiene que las listas corresponden a los servicios asistenciales, bajo criterios clínicos y con intervención del comité semanal de quirófanos. Añade que la Dirección Médica y la Gerencia no realizan directamente las modificaciones individuales. El hospital reafirma su compromiso con la normativa y la atención adecuada. Respuesta institucional recogida por Europa Press.
Esa explicación describe el reparto general de funciones, pero no resuelve por sí sola la denuncia concreta. No ejecutar personalmente un cambio informático es distinto de no haberlo ordenado. Los documentos publicados atribuyen indicaciones a responsables del servicio y de la dirección médica; esa aparente contradicción requiere una comprobación independiente.
El médico denunciante y el expediente disciplinario
El cirujano Luis Alberto Martos trasladó sus objeciones a la dirección médica y a la gerencia. Posteriormente se abrió contra él un expediente por conflictos internos y acoso, que, según la información aportada, continúa en tramitación.
La sucesión temporal no demuestra por sí sola una represalia: también se describen conflictos anteriores entre el profesional y sus superiores. Pero obliga a extremar las garantías y a investigar la denuncia sobre los pacientes con independencia del procedimiento disciplinario.
Una organización sanitaria necesita que sus profesionales puedan comunicar posibles irregularidades sin que el temor a las consecuencias silencie advertencias relevantes. Al mismo tiempo, cualquier responsabilidad individual debe establecerse mediante un procedimiento con pruebas y garantías.
Una auditoría debe reconstruir lo ocurrido, no limitarse a revisar promedios
Para aclarar el caso habría que examinar el historial de modificaciones, las autorizaciones, los fundamentos clínicos, la información trasladada a los afectados y las fechas de intervención. También sería necesario comprobar si las reclasificaciones influyeron en la evaluación de objetivos o en complementos de productividad.
La existencia de incentivos no prueba que alguien alterase registros para cobrar más. Sí justifica revisar que el sistema premie mejoras asistenciales reales y no permita obtener mejores resultados administrativos a costa de cambiar las categorías de los enfermos.
El Gobierno de Ayuso debe responder con documentación y una investigación verificable. Defender la sanidad pública significa proteger tanto a sus pacientes como a los profesionales que advierten de posibles fallos. Una lista de espera solo merece confianza cuando la prioridad responde a la salud de quien espera.
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