La respuesta del Gobierno de coalición a la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual no se dirimirá, de momento, en el Consejo de Ministros ni en una mesa política de alto nivel. La reunión prevista entre PSOE y Sumar se celebrará sin ministros y quedará circunscrita a cargos orgánicos de los partidos. Un formato que dice mucho más de lo que aparenta sobre el momento del Ejecutivo.
El encuentro, aún sin fecha cerrada pero previsto para finales de semana, se aleja deliberadamente de las anteriores comisiones de seguimiento de la coalición. Entonces, cuando el caso Santos Cerdán irrumpió con fuerza en el debate público, sí se sentaron a la mesa figuras clave del Gobierno. Ahora, con el impacto político aún abierto y una evidente pérdida de iniciativa, el diálogo se traslada a un plano inferior. No es una decisión neutral.
La ausencia de ministros no responde a un problema de agenda. Es una elección política que busca acotar el alcance del debate y reducir su visibilidad. El mensaje implícito es claro: la crisis se gestiona como un asunto de partido, no como una cuestión que afecte al funcionamiento del Ejecutivo en su conjunto. Para Sumar, esa lectura es insuficiente.
El socio minoritario ha insistido en la necesidad de “relanzar” al Gobierno, un término que no se utiliza a la ligera. En la práctica, significa recuperar iniciativa política, reforzar la agenda social y dar señales claras de rendición de cuentas. La comparecencia del presidente del Gobierno fue percibida en ese espacio como una oportunidad perdida, más defensiva que explicativa.
Desde el PSOE, en cambio, se ha optado por una estrategia de contención. Reconocer la gravedad de los hechos sin sobreactuar, evitar decisiones que puedan interpretarse como concesiones al socio y, sobre todo, impedir que la crisis orgánica se traduzca en una crisis de Gobierno formal. El formato de la reunión encaja con esa lógica.
En política, el nivel de representación no es un detalle técnico. Delimita el alcance de los acuerdos posibles. Una reunión entre secretarías de organización puede servir para ordenar mensajes, rebajar tensiones y fijar líneas internas. Difícilmente puede relanzar un Ejecutivo que atraviesa un momento de evidente fragilidad parlamentaria y reputacional.
Que IU y otras fuerzas de Sumar reclamaran una cita “al máximo nivel” no era un gesto retórico. Apuntaba a la necesidad de implicar directamente a quienes toman decisiones de gobierno. La rebaja del formato deja a esa demanda sin respuesta y desplaza el conflicto hacia un terreno más controlado, pero también más estéril.
Lealtad, pero no silencio
Desde Sumar se insiste en una salida “constructiva”, basada en la lealtad y la transparencia. Son términos cuidadosamente elegidos. No hay amenaza de ruptura ni cuestionamiento del acuerdo de investidura, pero sí una advertencia clara: la inacción tiene costes. La sensación de parálisis no se disipa con reuniones discretas ni con declaraciones medidas.
El riesgo para la coalición no es tanto el choque abierto como la erosión progresiva. Cuando las crisis se gestionan en voz baja y sin gestos políticos visibles, la percepción externa es la de un Gobierno a la defensiva, más preocupado por cerrar filas que por ofrecer explicaciones convincentes.
El calendario tampoco ayuda. Con una mayoría parlamentaria frágil y una oposición en permanente ofensiva, el margen para el repliegue es limitado. Cada semana sin iniciativa refuerza la idea de que el Ejecutivo responde a los acontecimientos, pero no los dirige.
La reunión orgánica puede servir para recomponer confianzas internas, pero difícilmente cambiará el clima político si no va acompañada de decisiones tangibles. El debate de fondo —cómo afrontar una crisis que nace en uno de los socios sin arrastrar al conjunto— sigue abierto.
Por ahora, PSOE y Sumar se verán las caras sin ministros y con un orden del día implícito: ganar tiempo. La incógnita es si el tiempo juega a favor del Gobierno o si, por el contrario, consolida una percepción de desgaste que ya empieza a ser estructural.