Unidades móviles gestionadas por una empresa privada de la aseguradora sanitaria Asisa, que mantiene actualmente la adjudicación del servicio por un valor total de nueve millones de euros tras ser prorrogado el contrato, se encargan en exclusiva en Andalucía desde comienzos de 2022 del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 49 y 70 años, pese a que ese mismo año el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya había prometido que la edad de cribado se extendería desde los 40 años a los 75 años, una promesa electoral que ha vuelto a anunciar ahora tras el escándalo surgido por la denuncia de un número indeterminado de mujeres no diagnosticadas a tiempo durante meses o incluso años de espera. “Ha fallado la cadena”. Los responsables sindicales de la sanidad pública andaluza lo tienen muy claro cuando ponen el foco en el origen de un problema que en apenas unos días ha pasado de afectar a “tres o cuatro casos” a 2.000 mujeres al menos en toda Andalucía, según la propia Consejería de Salud.
Al cuarto intento y después de varios patinazos graves de comunicación tanto de Moreno Bonilla en persona (“Cuando hay indicio, no se dice nada para no generar ansiedad”) como de su consejera, Rocío Hernández, que aconseja a las afectadas que no vean “el vaso medio vacío”, el ejecutivo andaluz anuncia “cambios” en el polémico e ineficaz protocolo de información del programa de detección precoz del cáncer de mama después de conocerse un número inconcreto de retrasos en casos de posibles tumores de mama.
Este protocolo de actuación ha fallado por completo, ya que desde enero de 2022 en que se privatizó el sistema de cribado y captación de mujeres a estudiar se rompió la cadena de comunicación entre los sanitarios especializados y los pacientes a través de las distintas vías del sistema público de salud. Así, antes eran los propios radiólogos y profesionales de los centros públicos de salud o de los distritos sanitarios los que localizaban e informaban directamente a las mujeres para que continuaran inmediatamente con otras pruebas diagnósticas antes de iniciar el tratamiento. Ahora, con las unidades móviles de la empresa adjudicataria y la externalización del sistema de cribado, un radiólogo que note algo sospechoso en las mamografías envía su informe al distrito en cuestión de cada paciente, pasando sin más a engrosar las ya de por sí abultadas listas de espera.
Moreno Bonilla opta al cuarto intento por la empatía con las afectadas del escándalo del cáncer de mama ante el temor a una avalancha de denuncias judiciales
Cuando el Gobierno de Moreno Bonilla ha anunciado que “se llamará una a una” a todas las potenciales mujeres afectadas por esta falta de diagnóstico a tiempo, queda en evidencia que no se las llama actualmente mediante el sistema que se venía ejecutando antes, cuando un profesional de cada centro público donde se había realizado la prueba se ponía inmediatamente en contacto con la paciente sospechosa de tener un tumor tras ser alertado por el radiólogo del sistema público. “Se ha despersonalizado todo el sistema”, lamenta Antonio Macías, responsable de la sección de Sanidad de UGT en Andalucía. “Ya en enero de este año denunciamos que existían miles y miles de pruebas diagnósticas de todo tipo pendientes de realizar”, denuncia el responsable sindical.
Este escándalo sanitario, el más grave de la gestión de Moreno Bonilla desde los más de seis años y medio que está al frente de la Junta y a las puertas de unas elecciones autonómicas antes del próximo verano, puede desembocar en una cascada de cientos o miles de denuncias judiciales individuales o colectivas de un número aún por determinar de afectadas por el fallo del sistema.
También se ha conocido este lunes que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación de este escándalo sanitario en la comunidad tras la denuncia presentada por la asociación 'El Defensor del Paciente'.