La comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente del Congreso, convocada para explicar el accidente ferroviario de Urda que ha dejado 69 fallecidos, ha desembocado en una dura ofensiva parlamentaria protagonizada por Ester Muñoz, del Partido Popular, y Pepa Millán, de Vox. Ambas diputadas han exigido responsabilidades por la tragedia, pero han acompañado sus reproches de una sucesión de descalificaciones personales y acusaciones de corrupción cuya gravedad exige una verificación que no puede sustituirse por declaraciones desde la tribuna.
Muñoz ha calificado al ministro de «negligente, frívolo e incompetente», mientras Millán lo ha definido como «siervo» y «títere» de Pedro Sánchez. Las dos han utilizado reiteradamente la cifra de 116 fallecidos, sumando las víctimas de Adamuz, Gelida y Urda, para responsabilizar personalmente al titular de Transportes.
La exigencia de responsabilidades políticas es legítima, especialmente después de tres accidentes mortales. Sin embargo, establecer una responsabilidad penal requiere acreditar conductas concretas y su relación causal con los hechos investigados.
Ester Muñoz: de la crítica política a la descalificación personal
«¡Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente muera en los trenes!», ha proclamado la portavoz popular.
A partir de ese momento, su intervención ha alternado las preguntas sobre seguridad con ataques directos contra Puente. Muñoz ha considerado «nauseabunda» su forma de hacer política, le ha acusado de ser incapaz de empatizar con el dolor ajeno y ha asegurado que «carece de toda virtud».
También ha afirmado que el ministro nunca debió ocupar el cargo y lo ha acusado de utilizar las ruedas de prensa para justificar su gestión en lugar de asumir responsabilidades.
La diputada ha ido más allá al denunciar supuestas malversaciones de fondos europeos, amaños de contratos y filtraciones de grabaciones ferroviarias destinadas, según ella, a responsabilizar a los trabajadores.
Durante su intervención, sin embargo, no ha aportado pruebas que acrediten que Puente ordenara esas filtraciones o hubiera cometido personalmente los delitos denunciados.
Pepa Millán: «No tiene ni dignidad ni vergüenza»
La portavoz de Vox ha elevado todavía más el tono del enfrentamiento. «Cada amo tiene su siervo, que es usted», le ha espetado a Puente, antes de afirmar que el ministro «no tiene ni dignidad ni vergüenza».
Millán también ha asegurado que el Gobierno representa la «podredumbre moral», ha llamado «títere» al ministro y ha sostenido que su proyecto político «está matando a la gente».
Su intervención ha culminado con el anuncio de que Vox hará todo lo posible para que Puente responda ante los tribunales por cada una de las 116 muertes.
La diputada ha afirmado igualmente que el Gobierno decidió que murieran personas durante la DANA de Valencia para obtener rédito político. Se trata de una imputación especialmente grave que no ha acompañado de pruebas.
Las acusaciones sobre intenciones deliberadas, delitos y responsabilidades personales no quedan acreditadas por el hecho de formularse en sede parlamentaria.
Los 160.000 millones europeos que Vox atribuyó falsamente al ferrocarril
Uno de los errores comprobables de la intervención de Millán afecta a los fondos europeos. «¿Dónde están los 160.000 millones de euros que dio la Unión Europea para el mantenimiento de la red ferroviaria en España?», ha preguntado.
La cifra corresponde aproximadamente al conjunto del Plan de Recuperación español, que contempla inversiones y reformas en numerosos sectores, desde la transición energética hasta la digitalización, la educación y las infraestructuras. No son 160.000 millones destinados exclusivamente al mantenimiento ferroviario.
También ha denunciado que el Gobierno entregó alrededor de 1.500 millones para modernizar redes ferroviarias de Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Sin embargo, esas operaciones corresponden a créditos reembolsables vinculados a proyectos en los que participan empresas españolas, no a donaciones.
Millán ha relacionado igualmente el accidente de Urda con el proyecto para que los trenes circulen a 350 kilómetros por hora. Pero esa iniciativa fue anunciada para la línea Madrid-Barcelona, no para el corredor Madrid-Sevilla donde ocurrió la tragedia.
Las inversiones y advertencias que requieren explicaciones
Tanto Muñoz como Millán han presentado la infraestructura ferroviaria como resultado exclusivo de años de abandono.
Sin embargo, existe un programa de renovación de la línea Madrid-Sevilla dotado con 780 millones de euros, iniciado antes del accidente, y un contrato para sustituir progresivamente el sistema LZB por ERTMS adjudicado en 2021.
La existencia de esas actuaciones contradice la impresión de una ausencia absoluta de inversiones, aunque no demuestra que fueran suficientes.
De hecho, la implantación del ERTMS acumula retrasos que merecen explicaciones públicas, y las advertencias previas sobre la dependencia de procedimientos humanos deben analizarse cuidadosamente.
También es necesario investigar por qué, después de la caída del LZB en Urda, el centro de control de Adif autorizó a un AVE a reanudar la marcha normal cuando otro tren permanecía detenido por delante.
El ministro ha reconocido esa secuencia y ha anunciado nuevas medidas, entre ellas la doble validación de órdenes por los controladores y la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla.
Las 116 víctimas no sustituyen una investigación
Las portavoces de PP y Vox han repetido la cifra de 116 fallecidos para reclamar la salida de Puente. El número resulta de sumar 46 muertos en Adamuz, uno en Gelida y 69 en Urda. La cifra es correcta, pero las circunstancias de cada accidente y sus responsabilidades deben establecerse individualmente.
Tampoco puede presentarse como demostrado que el ministro ordenara filtrar los audios del centro de control, que desviara fondos destinados al mantenimiento o que las irregularidades investigadas en contratos ferroviarios causaran los siniestros. Las investigaciones deben esclarecer esos extremos sin interferencias y con plena colaboración de las administraciones.
Las intervenciones de Muñoz y Millán contienen cuestiones que merecen respuestas: la ejecución de las inversiones, los retrasos tecnológicos, las advertencias desatendidas y la supervisión de los procedimientos de circulación.
Pero también dejan un problema de rigor parlamentario: las descalificaciones personales y las acusaciones de delitos aparecen entremezcladas con los datos técnicos, dificultando distinguir qué está acreditado y qué constituye una denuncia política.
Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a exigir responsabilidades y a recibir una reparación adecuada. Ese objetivo requiere investigaciones independientes, datos contrastados y decisiones efectivas sobre seguridad ferroviaria, no que la gravedad de las acusaciones se confunda con la solidez de sus pruebas.
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