La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea ha aprobado una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular para “detener” la regularización de migrantes promovida por el Gobierno. Lo ha hecho con el respaldo de Vox. El resultado no cambia la legislación, pero sí consolida algo más relevante: la asunción por parte del principal partido de la oposición del marco político de la ultraderecha en materia migratoria.
De la política europea al discurso del “efecto llamada”
Formalmente, el PP argumenta que la regularización extraordinaria contradice el futuro Pacto Europeo de Migración y Asilo y que cualquier reforma debería coordinarse con Bruselas. Es una posición discutible jurídicamente, pero defendible en términos técnicos.
El problema no está ahí. El problema es el lenguaje y el encuadre político elegido. Hablar de “regularización masiva y sin requisitos” no es una descripción neutra: es una etiqueta diseñada para generar alarma. La regularización extraordinaria prevista no elimina controles ni convierte la residencia en automática; establece condiciones y plazos. Pero el debate ya no gira en torno a eso. Gira en torno a la construcción de amenaza.
El voto conjunto con Vox resulta aún más significativo. Aunque el PP no aceptó la enmienda que proponía derogar el Reglamento de Extranjería o introducir el concepto de “remigración” —un término importado del discurso identitario europeo más radical—, el terreno común es evidente.
La oposición a la regularización se convierte en bandera simbólica, no en debate técnico.
El argumento del “efecto llamada” reaparece como explicación universal. Es un recurso recurrente que simplifica fenómenos complejos y desplaza la discusión desde las causas estructurales de la migración hacia la responsabilidad exclusiva del país receptor. España no regula porque haya “llamada”; regula porque existe una población ya residente en situación irregular cuya invisibilidad administrativa no elimina su presencia real.
La paradoja es conocida pero poco mencionada en el debate parlamentario: sectores económicos que hoy reclaman mano dura dependen en buena medida de mano de obra migrante en agricultura, hostelería o cuidados. Sin regularización, lo que se perpetúa no es el orden, sino la precariedad. Pero ese matiz desaparece en el discurso político cuando el objetivo es competir en firmeza.
El PP justifica su iniciativa en nombre de la “lealtad europea” y la coordinación con la Comisión. Sin embargo, el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo no prohíbe regularizaciones nacionales extraordinarias. De hecho, varios Estados miembros han recurrido a ellas en distintos momentos.
Lo que está en juego no es una contradicción jurídica inevitable, sino una estrategia política. Y esa estrategia se alinea cada vez más con la lógica de Vox: presentar la migración como amenaza estructural y la gestión administrativa como concesión ideológica.
La aprobación de la proposición no de ley no obliga al Gobierno a modificar su política. Pero sí revela una deriva preocupante en el discurso de la oposición conservadora. Cuando el principal partido de la derecha adopta el marco narrativo de la ultraderecha, el desplazamiento del debate no es menor. La migración deja de tratarse como fenómeno social complejo para convertirse en instrumento de confrontación identitaria.