La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados a dos años y medio de prisión por irregularidades en contratos adjudicados a Waiter Music para la organización de fiestas populares en varios municipios madrileños gobernados por el PP. La sentencia, dictada dentro de una pieza del caso Púnica, le atribuye un delito continuado de fraude y otro de prevaricación, por el que se le impone además una inhabilitación de ocho años y medio.
El fallo tiene un valor que trasciende la pena concreta. Granados no fue un cargo menor ni un nombre periférico. Fue secretario general del PP de Madrid, exconsejero autonómico y una de las figuras más próximas a Esperanza Aguirre. Su condena devuelve al primer plano una etapa en la que el poder institucional del PP madrileño se confundió demasiadas veces con una red de intereses, favores y adjudicaciones orientadas a beneficiar a empresas amigas.
La Audiencia Nacional sostiene que Granados actuó como "facilitador político" del sistema, sin necesidad de gestionar directamente los expedientes. Esa precisión resulta especialmente relevante. La corrupción sofisticada rara vez necesita una firma en cada documento. Le basta con una posición de influencia, con alcaldes dispuestos a obedecer señales y con empresarios capaces de entender el lenguaje no escrito del poder.
Según la sentencia, Waiter Music obtuvo contratos de festejos entre 2007 y 2014 en distintos municipios madrileños, al tiempo que prestaba servicios privados o vinculados a actos del PP que no siempre eran facturados. El empresario José Luis Huertas, ya fallecido, asumía esos costes para conservar el favor de responsables municipales y políticos. La fiesta, en este caso, dejó de ser una celebración popular para convertirse en una vía más de captura de recursos públicos.
La condena alcanza también a varios exalcaldes del PP de la Comunidad de Madrid y al exsenador popular David Erguido. No se trata, por tanto, de una anécdota individual ni de una desviación aislada. El caso describe una cultura política donde la proximidad al poder abría puertas, ordenaba contratos y premiaba lealtades.
Por eso resulta tan llamativo escuchar a Génova erigirse cada día en tribunal moral de la vida pública española. El PP tiene todo el derecho a exigir explicaciones al Gobierno por cualquier causa judicial abierta. La corrupción debe investigarse siempre. Pero ese derecho pierde fuerza cuando se ejerce desde una memoria selectiva, como si Gürtel, Bárcenas, Lezo, Kitchen o Púnica pertenecieran a una historia ajena, sin continuidad política ni responsabilidad colectiva.
La regeneración democrática no puede ser un eslogan disponible solo contra el adversario. Exige mirar también hacia dentro, reconocer patrones y asumir que determinadas prácticas no surgieron por generación espontánea. En Madrid, durante años, el PP construyó un poder casi hegemónico que confundió estabilidad institucional con control político del territorio. Las sentencias siguen llegando muchos años después, pero llegan.
La derecha y la ultraderecha han convertido la corrupción ajena en combustible diario de desgaste político. Sin embargo, cuando el pasado judicial llama a la puerta de sus propias siglas, el relato cambia de tono, se vuelve administrativo, antiguo o prescrito moralmente. Esa doble vara no regenera nada. Solo confirma que algunos reclaman limpieza pública con las alfombras de casa todavía levantándose en los tribunales.
La sentencia contra Granados recuerda una verdad elemental. La corrupción también tiene memoria. Y por mucho que Génova intente presentarse como punto de partida de una nueva pureza institucional, los juzgados siguen escribiendo capítulos de una historia que el PP nunca ha terminado de explicar con la profundidad que exige una democracia adulta.