El Partido Popular ha decidido llevar la batalla política por la crisis de Ceuta bastante más allá de la exigencia de responsabilidades al Gobierno por su gestión. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pudo “promover” la entrada masiva registrada a finales de julio, acusa al Gobierno de “alentar próximas invasiones” y dibuja un escenario en el que España podría enfrentarse sucesivamente a la llegada de 200.000 y hasta 500.000 personas.
Son palabras gruesas para una acusación todavía más gruesa. Porque una cosa es sostener que el Gobierno conocía el riesgo de una entrada masiva, discutir si reaccionó adecuadamente a las advertencias recibidas y exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas en aquellas horas. Otra muy distinta es sugerir que el Ejecutivo pudo favorecer deliberadamente una entrada de decenas de miles de personas por una frontera española. Muñoz dio ese salto este domingo sin aportar ninguna prueba que permita sostenerlo.
“Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó”, aseguró la portavoz popular, que vinculó además la gestión posterior de las personas que permanecen en la ciudad autónoma con futuras entradas masivas. Según su razonamiento, trasladar migrantes desde Ceuta a la Península equivale a demostrar que “entrar irregularmente tiene premio” y provocará nuevas llegadas de dimensiones todavía mayores.
La portavoz del principal partido de la oposición puso incluso cifras a su pronóstico. Después de lo ocurrido en julio, aseguró, podría producirse una “invasión de 200.000” personas y posteriormente otra de 500.000. No explicó de dónde salen esos números.
Tampoco citó ningún informe de la Guardia Civil, la Policía, el CNI, Frontex o cualquier otro organismo que contemple una progresión semejante. Las cifras aparecen en el discurso como una proyección política destinada a reforzar una idea muy concreta: que España no se enfrenta únicamente a un problema de control fronterizo y gestión migratoria, sino a sucesivas “invasiones” que el propio Gobierno estaría incentivando.
Los documentos dicen una cosa y el PP añade otra
La publicación de los documentos desclasificados sobre Ceuta ha permitido conocer con bastante más precisión qué información manejaban los distintos organismos antes de la crisis. Y esos documentos contienen elementos suficientes para exigir explicaciones al Gobierno, pero no para sostener que promovió la entrada.
El CNI emitió el 29 de julio una “alerta temprana” después de detectar llamamientos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Esa información fue trasladada tanto a los servicios de inteligencia marroquíes como a autoridades españolas, entre ellas la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil. Los documentos publicados por el Ejecutivo incluyen además comunicaciones e informes de distintos organismos que permiten reconstruir la evolución de la presión migratoria durante julio.
La existencia de advertencias es, por tanto, un hecho. También lo es que su alcance, la valoración que hicieron de ellas las autoridades y la respuesta adoptada deben ser sometidos a escrutinio político. El propio contenido de los documentos permite discutir si el dispositivo fue suficiente y si las señales disponibles aconsejaban adoptar medidas diferentes. Lo que esos papeles no demuestran es que el Gobierno promoviese la entrada.
Convertir la existencia de información previa en indicio de una voluntad deliberada supone añadir a los documentos una conclusión que los documentos no contienen. Saber que existe un riesgo no equivale a provocarlo, del mismo modo que una eventual negligencia o una respuesta insuficiente no pueden transformarse, sin pruebas, en colaboración con aquello que debía impedirse.
El Gobierno hizo públicos 40 informes, alertas y comunicaciones procedentes, entre otros organismos, de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La documentación confirma avisos anteriores y comunicaciones entre instituciones, pero también muestra que no se anticipó la dimensión que finalmente alcanzaría la crisis. El PP tiene material para fiscalizar al Ejecutivo. Lo que no aparece en esos papeles es el material necesario para acusarlo de promoverla.
De 72.000 personas a medio millón por arte de la política
La crisis de Ceuta tuvo unas dimensiones extraordinarias. La cifra oficial consolidada por el Gobierno situó en unas 72.000 las personas que accedieron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de finales de julio. En las primeras semanas llegaron a manejarse referencias a unas 80.000, pero el Ministerio de Política Territorial aclaró posteriormente que la cifra oficial no había aumentado y permanecía en 72.000. No hace falta inflar lo sucedido para comprender su gravedad.
La ciudad quedó sometida a una presión difícilmente asumible para un territorio de sus dimensiones y miles de personas tuvieron que ser atendidas, identificadas o alojadas mientras se gestionaban retornos, expulsiones y solicitudes de protección. La crisis exigió recursos extraordinarios del Estado y provocó una alteración profunda de la vida cotidiana de Ceuta.
Precisamente por eso resulta difícil justificar la necesidad de añadir a unos hechos ya excepcionalmente graves una predicción de medio millón de personas que no viene acompañada de explicación alguna.
Muñoz construye una escalera numérica en la que 72.000 terminan convertidos en 200.000 y después en 500.000. Entre una cifra y otra no ofrece cálculos, informes ni datos. Lo que sí permanece es la palabra elegida para describir a quienes cruzan la frontera: “invasión”. Y las palabras tienen consecuencias cuando se utilizan desde la tribuna política para hablar de inmigración.
Una “invasión” formada también por menores
La portavoz popular no reservó el término para describir una supuesta operación de Marruecos o una actuación contra la frontera española. Al responder sobre la acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas, insistió en que “esto no se trata de un problema de refugiados”, sino de “una invasión” y de un “ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea”.
La instrumentalización de movimientos migratorios por parte de un Estado puede formar parte de una estrategia de presión y existe incluso una terminología europea para abordar ese fenómeno. La actuación de Marruecos durante la crisis, además, plantea preguntas que siguen abiertas. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, atribuyó en plena crisis lo sucedido a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.
Pero identificar una posible utilización política de los flujos migratorios por Marruecos no obliga a describir a las personas que los protagonizan como una fuerza invasora. Esa diferencia desaparece en el discurso de Muñoz.
La portavoz popular defendió que todas las personas que hubieran entrado irregularmente, “sean menores o sean adultos”, deberían ser retornadas “por donde entraron”. En el caso de los menores, añadió que su interés superior pasa por estar con sus familias o, cuando eso no sea posible, bajo protección de los servicios sociales marroquíes.
La protección de los menores extranjeros, sin embargo, no funciona mediante devoluciones colectivas decididas con una frase. El interés superior del menor exige analizar cada situación, comprobar las circunstancias familiares y garantizar que cualquier eventual retorno se realice con las garantías establecidas legalmente.
El Gobierno ha informado de que más del 90% de las personas que accedieron inicialmente regresaron a Marruecos en las primeras horas y días posteriores a la crisis. Desde el 10 de agosto se han producido además miles de retornos voluntarios y centenares de expulsiones, mientras continúa la identificación de quienes permanecen en Ceuta para determinar su situación jurídica y proceder, cuando corresponda, a su devolución conforme a la ley.
Ese procedimiento puede parecer demasiado lento al PP. Puede discutirlo, exigir más medios o reclamar cambios legislativos. Lo que no puede hacerse es borrar de un plumazo las garantías legales aplicables a adultos y menores para sustituirlas por la idea de devolver a todo el mundo “por donde entró”.
Acusar al Gobierno de abrir la frontera exige algo más que una sospecha
El PP sostiene también que la Guardia Civil había alertado desde principios de julio del riesgo de una entrada masiva y recuerda que presentó a mediados de ese mes una proposición para modificar la Ley de Extranjería. Esos argumentos forman parte de una ofensiva política con la que pretende demostrar que el Ejecutivo disponía de elementos suficientes para anticiparse a lo ocurrido.
Es legítimo plantearloy también lo es preguntar qué sabía Interior, qué información recibió la Delegación del Gobierno, cómo circularon los avisos entre los distintos organismos y por qué una frontera exterior de la Unión Europea terminó desbordada de semejante manera. La publicación de los documentos no clausura esas preguntas. Pero Muñoz no se quedó ahí.
La portavoz afirmó que “es evidente” que el Ejecutivo tenía la información y “no quiso proteger nuestra frontera”. No habló únicamente de que no supiera hacerlo, de que reaccionase tarde o de que calculase mal la amenaza. Introdujo una voluntad.
Ese “no quiso” prepara el terreno para el “pudo promover”. Y ahí cambia completamente la naturaleza de la acusación. Afirmar que un Gobierno gestionó mal una crisis exige demostrar errores. Afirmar que pudo contribuir deliberadamente a que se produjera una entrada masiva en territorio nacional exige demostrar algo infinitamente más grave y el PP no lo ha hecho.
Si dispone de pruebas de que el Gobierno promovió, facilitó deliberadamente o decidió permitir la entrada de decenas de miles de personas para que se produjera la situación vivida en Ceuta, debería hacerlas públicas y llevarlas a las instituciones correspondientes. Si no las tiene, está utilizando la insinuación más grave posible para convertir una crisis fronteriza en combustible político.
El miedo como argumento
Hay algo más preocupante que una frase desafortunada en la intervención de Ester Muñoz. Las palabras utilizadas forman un relato completo.
Primero existe una “invasión”. Después aparece un Gobierno que sabía lo que podía suceder y “no quiso” proteger la frontera. A continuación ese mismo Gobierno “pudo promover” lo ocurrido. Finalmente, al trasladar migrantes a la Península, estaría demostrando que entrar ilegalmente “tiene premio” y provocando otra invasión de 200.000 personas, seguida de otra de 500.000. No son expresiones aisladas.
Construyen una secuencia en la que el inmigrante pasa a ser invasor, la política de acogida se convierte en recompensa, la gestión administrativa se transforma en efecto llamada y el Gobierno termina situado bajo la sospecha de colaborar con una operación dirigida a desestabilizar España.
Es una forma extremadamente irresponsable de utilizar políticamente una crisis que ya contiene suficientes elementos para exigir responsabilidades sin necesidad de fabricar otros.
El PP puede mantener una política migratoria más restrictiva que la del Gobierno, defender un mayor control de la frontera, exigir más devoluciones y cuestionar las decisiones adoptadas por Interior. Todo eso forma parte de una discusión política legítima. Lo que resulta mucho más difícil de asumir es que el principal partido de la oposición sustituya esa discusión por una retórica en la que decenas de miles de personas se convierten en una “invasión” y el Gobierno aparece como sospechoso de haberle abierto la puerta.
La responsabilidad también se mide desde la oposición
Muñoz aprovechó la misma comparecencia para acusar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de cometer una “enorme irresponsabilidad y gravedad” al pronunciarse sobre una cuestión pendiente ante el Tribunal Supremo relacionada con el Censo Electoral de Residentes Ausentes y la conocida como ley de nietos.
El debate sobre las declaraciones de un ministro acerca de una causa pendiente en el Supremo merece su propio análisis. Pero la invocación de la responsabilidad institucional resulta llamativa cuando procede de quien acaba de sugerir que el Gobierno de España pudo promover una entrada masiva por una frontera española.
La responsabilidad política no consiste únicamente en medir las decisiones cuando se gobierna. También obliga a medir las acusaciones cuando se está en la oposición.
Ceuta merece saber por qué ocurrió lo que ocurrió. Merece conocer hasta el último aviso que recibieron las autoridades españolas, qué hizo Marruecos, qué hicieron los servicios de inteligencia, qué decisiones adoptó Interior y si el Gobierno estuvo a la altura de una amenaza que terminó adquiriendo unas dimensiones extraordinarias. Si hubo errores, negligencias o responsabilidades políticas, deberán esclarecerse. Precisamente por la gravedad de los hechos, las acusaciones necesitan pruebas y no hipérboles.
Porque cuando el principal partido de la oposición habla de “invasiones” de hasta medio millón de personas y desliza que el Gobierno pudo promover la primera, deja de limitarse a cuestionar la gestión de una frontera. Está alimentando la idea de que existe una amenaza exterior de dimensiones crecientes y que el propio Ejecutivo español puede formar parte del problema.
El PP juega con un material especialmente inflamable. Y en política migratoria, prender la mecha puede resultar mucho más fácil que controlar después el incendio.
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