El Partido Popular vuelve a presentar como defensa institucional lo que en realidad empieza a parecer una estrategia de desgaste sin demasiados escrúpulos. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, acusó este domingo al ministro Félix Bolaños de haberse creído que su Ministerio es “el departamento de Comunicación del PSOE”, en plena escalada política por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y por las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición.
La frase tiene intención de titular. Pero también revela la lógica actual del PP. Todo se reduce a propaganda ajena, a utilización partidista de las instituciones, a sospecha permanente sobre el adversario. El problema es que esa denuncia llega desde un partido que lleva meses usando cada causa judicial, cada filtración y cada imagen de tensión institucional como combustible de campaña. La acusación de politización resulta mucho menos convincente cuando quien la formula ha convertido la política nacional en un juicio sumarísimo diario contra el Gobierno.
Ezcurra enmarcó sus declaraciones en el caso Kitchen y defendió que los juicios deben ser justos y que no se debe atacar a jueces y tribunales. La afirmación, en abstracto, es impecable. Pero en política los principios se miden también por la memoria. Kitchen no fue un asunto menor, sino una investigación sobre una presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior durante un Gobierno del PP para espiar al extesorero Luis Bárcenas y tratar de impedir que saliera información comprometedora sobre la corrupción del partido. Presentarse ahora como guardián pulcro de la independencia judicial exige, al menos, algo más de pudor político.
El PP intenta hablar de limpieza institucional sin detenerse demasiado en su propia hemeroteca.
La intervención de Ezcurra fue más allá. El PP vinculó también la situación política con una ley antiokupación que, según la dirigente popular, permanece “enterrada” en el Congreso, y aprovechó una visita a Parla para asociar problemas de inseguridad con la política migratoria del Gobierno. Ahí aparece el verdadero giro en su discurso. La derecha ya no se limita a criticar la gestión del Ejecutivo. Construye un paquete emocional donde corrupción, okupación, inmigración e inseguridad forman parte de un mismo relato de deterioro nacional.
Ese marco no es casual. Es el lenguaje que la extrema derecha lleva años utilizando con eficacia. Y el PP, lejos de combatirlo, cada vez lo incorpora con más naturalidad. Hablar de personas migrantes en términos de amenaza, insinuar que quien llega sin contrato acaba generando problemas y presentar barrios populares como escenarios de desorden permanente no es una política pública. Es una forma de alimentar miedo.
La oposición legítima no obliga a importar el vocabulario de Vox.
El fondo del asunto es que el PP atraviesa una tensión estratégica evidente. Quiere aparecer como alternativa institucional y, al mismo tiempo, compite cada día con Vox por el tono más duro. Quiere denunciar la crispación, pero alimenta relatos que mezclan delincuencia, inmigración y decadencia social. Quiere defender la Justicia, pero utiliza los procedimientos judiciales como munición política antes de que existan sentencias.
Esa contradicción debilita su discurso. Porque una democracia necesita una oposición exigente, fiscalizadora y dura cuando sea necesario. Lo que no necesita es una oposición instalada en la intoxicación permanente, dispuesta a convertir cada problema social en una amenaza identitaria y cada investigación en una condena anticipada.
El PP acusa a Bolaños de hacer comunicación del PSOE desde el Ministerio. Pero quizá la pregunta sea ¿qué queda del principal partido de la oposición cuando su proyecto político empieza a parecer menos una alternativa de gobierno que una campaña continua de agitación contra todo lo que no controla?