La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a más de 45 personas, no solo ha abierto una investigación técnica y judicial. Ha activado también un reflejo político previsible en España: la pugna por el relato en medio del duelo. En ese contexto, la apelación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la lealtad institucional adquiere un significado que va más allá del gesto retórico.
Desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros europeos de Justicia e Interior, Bolaños pidió contención a todas las administraciones públicas y fuerzas políticas, subrayando que la prioridad debe ser el respeto a las víctimas. El mensaje apunta tanto hacia dentro del Gobierno como hacia la oposición, en un momento en que el luto oficial ha concluido y la política, inevitablemente, regresa al primer plano.
En España, las grandes catástrofes públicas suelen convertirse en exámenes de madurez institucional. A menudo, el suspenso no es técnico, sino político.
De la tragedia al concepto de “crisis”
La reacción del Partido Popular, que este viernes reúne a su equipo de seguimiento de lo que denomina ya “crisis ferroviaria”, ilustra el delicado equilibrio entre fiscalización legítima y oportunismo populista. El término no es inocente: transforma un accidente concreto en un síntoma sistémico y desplaza el foco desde las causas inmediatas hacia la gestión global del sistema ferroviario español.
La reunión, presidida por Alberto Núñez Feijóo, reúne perfiles técnicos y políticos: desde el vicesecretario de Transportes, Juan Bravo, hasta el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, además de expertos en gestión ferroviaria y los equipos sectoriales del Congreso y el Senado. El mensaje implícito es claro: el PP quiere presentarse no solo como oposición, sino como alternativa de gobierno preparada.
Tras el encuentro, Feijóo comparecerá públicamente para valorar “el difícil momento que atraviesa el país”. La formulación es amplia, casi deliberadamente ambigua, y conecta la tragedia de Adamuz con una narrativa más general sobre el estado de los servicios públicos y la capacidad del Ejecutivo. Lo que parece claro es que en el PP, por miedo al crecimiento de Vox, se va imponiendo la línea de Isabel Díaz Ayuso sobre la de Juan Manuel Moreno Bonilla y, al fin y al cabo, Feijóo pinta muy poco ya en el partido.
Lealtad institucional frente a polarización estructural
La llamada de Bolaños a la altura política y al respeto institucional revela una preocupación más profunda: que el accidente se convierta en otro episodio de la polarización crónica que domina la política española. En un sistema ya tensionado por la fragmentación parlamentaria y la confrontación permanente, incluso el duelo corre el riesgo de ser instrumentalizado.
Desde el punto de vista del Gobierno, mantener la discusión en el terreno técnico y judicial es una forma de preservar la autoridad del Estado y evitar que la confianza pública en infraestructuras clave se deteriore aún más. Desde la oposición, elevar el tono responde a la lógica de la rendición de cuentas y al cálculo político de capitalizar el descontento.
Ambas posturas son comprensibles. El problema surge cuando dejan de ser compatibles.
En términos comparativos, los países con sistemas políticos más estables tienden a separar con mayor claridad la investigación de responsabilidades técnicas de la batalla partidista. No siempre lo logran, pero el intento es visible. En España, esa frontera es más porosa, especialmente cuando la tragedia afecta a símbolos de modernización como la red ferroviaria.
El uso del término “crisis” por parte del PP busca precisamente erosionar esa frontera, mientras que la insistencia del Ejecutivo en la lealtad institucional intenta reforzarla. Ninguna de las dos estrategias es neutral.
Riesgo de fondo
Más allá del enfrentamiento inmediato, el mayor riesgo es que la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar servicios seguros se vea aún más dañada. Cuando la política aparece como ruido antes que como solución, las víctimas quedan atrapadas entre comunicados, comparecencias y marcos narrativos en disputa.
El PP pretende convertir Adamuz, en la línea de Ayuso, en un arma arrojadiza de cara a una batalla épica como la de Stalingrado. La cuestion es con quién lucha el Partido Popular, si contra el gobierno o contra Vox. El problema está en que Adamuz es , ante todo, una tragedia humana que exige respuestas técnicas rigurosas y una política capaz de modular su instinto combativo.