La gestión de Alberto Núñez Feijóo vuelve a quedar salpicada por la sombra de las adjudicaciones públicas vinculadas al grupo empresarial en el que desarrolla su carrera profesional su hermana, Micaela Núñez Feijóo. La Ciudad Autónoma de Ceuta, gobernada por el Partido Popular, adjudicó por la vía de emergencia y sin concurso público un contrato de 457.707 euros a Eulen para prestar servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones habilitadas durante la última crisis migratoria.
La adjudicación tenía por objeto la vigilancia de los recursos extraordinarios ubicados en El Tarajal y de las dependencias del Equipo Técnico de Protección de Menores. Aunque la contratación de emergencia está prevista en la legislación para circunstancias excepcionales, la operación vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre las administraciones gobernadas por el PP y una compañía que mantiene estrechos vínculos con el entorno político conservador.
No se trata de un episodio aislado. Eulen se ha convertido durante los últimos años en una de las principales beneficiarias de los contratos vinculados al control migratorio en las fronteras del sur de España. La empresa acumula adjudicaciones millonarias relacionadas con la vigilancia, el mantenimiento de infraestructuras fronterizas y la gestión de numerosos servicios externalizados en Ceuta y Melilla, consolidando una posición dominante en un negocio sostenido con fondos públicos.
Un gigante de las externalizaciones financiado con dinero público
La compañía está controlada por una de las familias empresariales más influyentes del país. Sus propietarias, María José Álvarez Mezquíriz y María Álvarez Becerril, han sido relacionadas durante años con organizaciones y proyectos ideológicos situados en la órbita de la derecha más conservadora. Entre ellos figura Hazte Oír, plataforma conocida por su activismo ultracatólico y por su cercanía a posiciones defendidas posteriormente por Vox.
Al mismo tiempo, Eulen incorporó a Micaela Núñez Feijóo como directora para el noroeste de España, circunstancia que ha generado críticas recurrentes cada vez que la empresa resulta beneficiaria de importantes adjudicaciones públicas. Aunque no existe constancia de irregularidad alguna en las contrataciones, la coincidencia entre poder político, relaciones familiares y millonarios contratos públicos continúa alimentando las dudas de la oposición y de diversas organizaciones de control institucional.
La expansión de Eulen en el ámbito migratorio resulta especialmente llamativa. La compañía presta servicios de vigilancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta mediante contratos que superan ampliamente el millón de euros. Asimismo, distintas filiales del grupo han obtenido adjudicaciones para atención sanitaria, mediación social, limpieza, mantenimiento técnico, gestión logística y otros servicios relacionados con la acogida de personas migrantes.
Millones de euros en la frontera sur
La presencia de Eulen en Ceuta y Melilla va mucho más allá de la seguridad privada. La empresa ha asumido durante años el mantenimiento de instalaciones fronterizas, el control de accesos, la vigilancia en albergues temporales y numerosos servicios asociados a la gestión de los flujos migratorios.
Entre los contratos adjudicados figuran cerca de 1,8 millones de euros para la vigilancia del CETI de Ceuta, más de 600.000 euros para servicios sanitarios, casi 700.000 euros para el mantenimiento de la valla de Melilla y más de 1,2 millones para instalaciones similares en Ceuta. A ello se suman contratos de emergencia otorgados tras episodios de elevada presión migratoria registrados en los últimos años.
El crecimiento de este entramado de adjudicaciones coincide con el endurecimiento del discurso migratorio impulsado por PP y Vox, que han situado la inmigración irregular como una de sus principales banderas políticas. Mientras la derecha reclama más controles y medidas de expulsión, buena parte de la respuesta humanitaria sobre el terreno continúa dependiendo de organizaciones sociales y ONG que denuncian una insuficiente implicación de las administraciones públicas.
Feijóo y la incómoda cuestión de los vínculos familiares
La figura de Alberto Núñez Feijóo ha estado marcada en distintas etapas por las preguntas sobre las actividades profesionales de familiares y personas de su entorno. En este caso, la polémica reaparece por la posición directiva que ocupa su hermana dentro de una empresa que mantiene una intensa relación contractual con administraciones públicas.
El líder del PP ha intentado históricamente desligarse de cualquier responsabilidad respecto a la actividad profesional de su hermana, pero las cifras continúan alimentando el debate político. Más aún cuando algunas de estas adjudicaciones se producen en territorios gobernados por su propio partido y mediante procedimientos extraordinarios que reducen la concurrencia competitiva.
La cuestión de fondo va más allá de la legalidad de cada contrato. Lo que vuelve a estar en discusión es el modelo de externalización de servicios públicos y el creciente peso de grandes grupos empresariales que encuentran en la gestión de la frontera un nicho de negocio cada vez más rentable financiado con recursos públicos. En ese escenario, Eulen ocupa una posición privilegiada y, una vez más, el apellido Feijóo reaparece junto a una nueva adjudicación millonaria.
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