Alberto Núñez Feijóo quería hablar de bajas médicas y ha terminado abriendo, quizá sin pretenderlo, una discusión bastante más profunda sobre las mutuas. La propuesta del líder del PP para permitir que estas entidades puedan dar el alta en determinadas patologías ha encontrado una respuesta de CCOO que no se limita a rechazar esa nueva competencia, sino que cuestiona el propio modelo sobre el que descansan unas organizaciones que gestionan prestaciones y recursos públicos conservando al mismo tiempo su naturaleza privada.
La posición del sindicato que dirige Unai Sordo introduce una pregunta que merece salir del estrecho debate sobre el absentismo: si las mutuas van a asumir cada vez más funciones propias de la protección social, ¿tiene sentido mantener indefinidamente su actual configuración como asociaciones privadas de empresarios?
La Ley General de la Seguridad Social ayuda a entender la singularidad. Define a las mutuas colaboradoras como asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro y sometidas a la dirección y tutela del Ministerio competente, pero establece también que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo por la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan. Su financiación procede fundamentalmente de cuotas de la Seguridad Social y buena parte del patrimonio utilizado para desarrollar sus funciones pertenece igualmente a la Seguridad Social.
La fórmula ha permitido durante décadas combinar gestión privada y protección pública, pero adquiere una dimensión distinta cuando se plantea aumentar su capacidad para adoptar decisiones sobre derechos de los trabajadores.
CCOO propone resolver esa contradicción avanzando en sentido contrario al sugerido por Feijóo. Si se quieren ampliar las competencias de las mutuas, habría que integrarlas como entidades gestoras de la Seguridad Social, bajo su dirección y gerencia, mediante un proceso que preserve los derechos y condiciones laborales de quienes actualmente trabajan en ellas.
Dinero público, prestaciones públicas y dirección empresarial
La singularidad de las mutuas no termina en su definición jurídica. Su estructura de gobierno conserva un peso decisivo de las empresas asociadas. La Junta General, máximo órgano de gobierno, está integrada fundamentalmente por empresarios asociados, además de una representación de trabajadores autónomos adheridos y un representante de los trabajadores de la propia mutua. La legislación prevé mecanismos de participación y control institucional, pero la naturaleza empresarial de origen permanece en el corazón del modelo.
Al mismo tiempo, las mutuas gestionan prestaciones que forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, prestación económica de determinadas incapacidades temporales, riesgo durante el embarazo y la lactancia, cuidado de menores con enfermedades graves o cese de actividad de autónomos, entre otras funciones.
Sus cuentas son además rendidas al Tribunal de Cuentas y el Ministerio ejerce funciones de dirección, tutela y supervisión sobre su actividad. Son privadas por su naturaleza jurídica, públicas por buena parte de los recursos que administran y colaboradoras en la gestión de derechos que pertenecen al sistema de Seguridad Social.
Ese equilibrio puede resultar funcional mientras las competencias permanezcan claramente delimitadas, pero empieza a generar más preguntas cuando se pretende ampliar la capacidad de estas entidades para decidir sobre el acceso, mantenimiento o extinción de prestaciones.
Feijóo defendió esta semana ante la patronal Cecot que las mutuas puedan realizar más pruebas diagnósticas y conceder altas en determinadas patologías, dentro de su propuesta para combatir el absentismo. No concretó qué enfermedades quedarían incluidas ni desarrolló el mecanismo que permitiría ejercer esa nueva competencia, pero sí planteó un salto cualitativo respecto del modelo vigente.
CCOO ha aprovechado ese movimiento para trasladar la discusión desde las bajas hacia la arquitectura institucional de las propias mutuas. Y ahí la propuesta sindical resulta especialmente interesante porque no pretende desaprovechar los recursos sanitarios disponibles. Lo que plantea es que una ampliación sustancial del poder de estas entidades debería ir acompañada de una transformación igualmente sustancial de su naturaleza y de su gobierno.
Feijóo quería ampliar competencias y CCOO plantea cambiar el modelo
El debate deja entonces de ser exclusivamente médico para convertirse en político y administrativo. Las mutuas disponen de profesionales, centros sanitarios, experiencia y capacidad asistencial que pueden resultar útiles para aliviar determinadas demoras del sistema público. Nadie gana con un trabajador esperando durante meses una prueba diagnóstica que podría realizarse antes, especialmente cuando esa demora prolonga innecesariamente una incapacidad temporal. La colaboración puede, por tanto, mejorar el sistema sin necesidad de alterar quién tiene la responsabilidad última sobre determinados derechos.
La propuesta de CCOO va más lejos al sostener que, si el objetivo político consiste en aumentar progresivamente la participación de las mutuas hasta atribuirles funciones propias de las entidades gestoras, habría que abordar abiertamente su integración en la Seguridad Social.
No sería una modificación menor. Afectaría a la gobernanza de las entidades, a su personal, a su patrimonio histórico y al encaje administrativo de organizaciones que llevan décadas funcionando mediante un modelo específico de colaboración. Una transformación de esas características exigiría legislación, negociación y un diseño suficientemente cuidadoso para conservar capacidad asistencial y empleo sin provocar disfunciones en un sistema que atiende a millones de trabajadores. Precisamente por eso merece ser discutida.
La propuesta de Feijóo parte de la idea de que las mutuas pueden asumir más competencias porque ya disponen de medios y experiencia. CCOO responde con una cuestión anterior: si se considera que están preparadas para ejercer más poder sobre derechos de Seguridad Social, también debería revisarse quién gobierna esas entidades y bajo qué naturaleza jurídica lo hace.
La diferencia entre ambos planteamientos resulta mucho más interesante que una nueva discusión sobre si existen demasiadas bajas laborales.
El modelo español ha construido durante décadas una figura híbrida que utiliza organizaciones de origen empresarial para colaborar en la gestión de una parte de la protección social, sometiéndolas a controles públicos y financiando su actividad mediante recursos del sistema. Esa fórmula no tiene por qué permanecer inalterable si cambian sustancialmente las competencias que se pretende atribuirles.
Feijóo ha propuesto aumentar su poder sin plantear una transformación equivalente de su naturaleza. CCOO considera que ambas cuestiones no deberían separarse y coloca sobre la mesa una alternativa que obliga a discutir el modelo completo.
El planteamiento sindical tiene además una virtud que conviene no perder entre el ruido político alrededor de las bajas: no rechaza necesariamente utilizar mejor los recursos de las mutuas, sino que vincula un mayor poder de decisión a un mayor grado de integración pública.
La discusión que queda abierta es, por tanto, bastante más amplia que la que comenzó Feijóo. España puede decidir que las mutuas continúen siendo colaboradoras privadas con competencias delimitadas o puede plantearse que asuman mayores responsabilidades dentro del sistema, pero cuanto más se acerquen sus funciones a las de una entidad gestora pública, más difícil resultará evitar el debate sobre si también su estructura debería recorrer ese camino.
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