Pedro Sánchez ha asegurado durante una entrevista en El Intermedio que su intención es agotar la legislatura y celebrar las elecciones generales en 2027, al tiempo que ha situado a finales de este año el horizonte para estabilizar la crisis migratoria de Ceuta. En una conversación extensa con El Gran Wyoming, el presidente del Gobierno también ha hablado de las relaciones con Marruecos, los Presupuestos Generales del Estado, la vivienda y las causas judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, combinando la defensa de su gestión con el reconocimiento de que algunos de los principales problemas del país no tendrán una solución inmediata.
Sánchez sitúa a finales de año el horizonte para estabilizar Ceuta
La situación de Ceuta ocupó buena parte de la entrevista, durante la cual Pedro Sánchez rechazó que la prolongación de la crisis responda necesariamente a una mala gestión del Gobierno y la definió como una emergencia humanitaria de enorme complejidad, cuya resolución exige identificar a las personas llegadas, determinar cuáles tienen derecho a protección internacional y tramitar el retorno de aquellas que no cumplen los requisitos establecidos legalmente.
El presidente explicó que el Gobierno ha habilitado un mando único al amparo de la Ley de Seguridad Nacional y que se ha fijado como referencia el final de 2026 para conseguir que la situación esté estabilizada, aunque evitó establecer una fecha exacta para recuperar por completo la normalidad anterior. Sánchez insistió en que el Ejecutivo trabaja para acelerar los procedimientos administrativos, ampliar la capacidad de acogida y reducir el impacto económico y social que la crisis está provocando sobre la población ceutí.
Según los datos ofrecidos durante la entrevista, Ceuta disponía de unas 500 plazas para atender a migrantes antes de los acontecimientos del 30 y el 31 de julio, una capacidad que habría aumentado hasta superar las 6.000 plazas y que el Gobierno pretende acercar a las 10.000. Sánchez presentó esta ampliación como una medida preventiva, destinada tanto a responder a la situación actual como a evitar que una nueva llegada numerosa vuelva a desbordar los recursos disponibles.
El jefe del Ejecutivo también destacó la aprobación de un plan extraordinario de más de 300 millones de euros para Ceuta, de los cuales 80 millones se inyectarían en la economía de la ciudad autónoma antes de que termine el año. De acuerdo con su explicación, esa cantidad equivaldría aproximadamente al 4 % del producto interior bruto anual de Ceuta y formaría parte de una estrategia articulada alrededor de tres ámbitos: la atención humanitaria, la seguridad fronteriza y el relanzamiento económico.
El presidente admite que el Gobierno no previó la magnitud de la llegada
Sánchez negó que los servicios de inteligencia hubieran ignorado por completo los movimientos migratorios anteriores a la crisis, pero reconoció que ninguna de las informaciones recibidas anticipaba una llegada de las dimensiones observadas durante los días 30 y 31 de julio.
El presidente sostuvo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia detectaron movimientos que apuntaban a un incremento del número de personas que podían intentar alcanzar Ceuta, aunque, según su versión, aquellas advertencias no permitían prever la magnitud final de los acontecimientos. Su respuesta, por tanto, no niega que existieran avisos previos, sino que establece una diferencia entre conocer que podía aumentar la presión migratoria y disponer de información suficiente para anticipar una llegada masiva.
También restó valor probatorio a los mensajes de WhatsApp conocidos entre diferentes responsables públicos, al considerar que una alerta formal de inteligencia habría quedado recogida en informes compartidos con los ministerios competentes y con los responsables políticos encargados de tomar decisiones. Sánchez defendió que las autoridades españolas y marroquíes permanecieron atentas a la evolución de los acontecimientos, aunque admitió que la reacción desplegada resultó insuficiente ante el volumen alcanzado por la llegada.
Sánchez defiende la cooperación con Marruecos y niega estar condicionado por Pegasus
Ante las sospechas de que Marruecos pudiera estar detrás de la crisis fronteriza, Pedro Sánchez aseguró que el Gobierno no dispone actualmente de información sólida que permita atribuir al régimen marroquí la organización de aquella llegada masiva. No obstante, dejó abierta la posibilidad de adoptar una respuesta contundente si aparecieran pruebas concluyentes que demostraran una intervención de las autoridades del país vecino.
El presidente atribuyó el origen inmediato de la movilización a la difusión en redes sociales de una interpretación tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. Según explicó, se propagó la idea falsa de que quienes llegaran a España a nado no podrían ser devueltos en frontera, un mensaje que habría alentado a miles de personas a dirigirse hacia Ceuta.
Sánchez también negó tajantemente que el espionaje mediante el programa Pegasus esté condicionando la política española hacia Marruecos y rechazó las insinuaciones de que pueda encontrarse sometido a algún tipo de chantaje. Frente a esas acusaciones, defendió que la relación bilateral debe construirse a partir de hechos acreditados y no de especulaciones, al tiempo que recordó que la cooperación con Marruecos resulta indispensable para gestionar los retornos y prevenir nuevas crisis.
Su argumento fue fundamentalmente pragmático: romper las relaciones con el país al que deben regresar muchas de las personas que no obtengan protección internacional dificultaría la solución del problema en lugar de facilitarla. Esta defensa del diálogo no impidió que Sánchez afirmara que España reaccionaría con firmeza si llegara a demostrarse una responsabilidad directa del Gobierno marroquí.
La desigualdad entre España y Marruecos como problema estructural
Más allá de la gestión inmediata, el presidente situó el origen profundo de la presión migratoria en la desigualdad económica existente entre los dos lados de la frontera. Sánchez señaló que la renta de la parte española multiplica por ocho la de la zona marroquí, una diferencia que, a su juicio, continuará impulsando los movimientos migratorios mientras no se reduzca.
El jefe del Ejecutivo defendió por ello una estrategia que combine el refuerzo de las fronteras con una mayor cooperación económica entre España, la Unión Europea y Marruecos, especialmente en el norte del país africano. Su planteamiento reconoce que las medidas de contención pueden reducir las entradas, pero difícilmente eliminarán un fenómeno alimentado por las enormes diferencias de renta, oportunidades laborales y perspectivas de futuro.
También recordó que Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África, lo que convierte a ambas ciudades en puntos especialmente sensibles. El Gobierno, según explicó, ha invertido más de 77 millones de euros en las fronteras de las dos ciudades autónomas y prevé destinar otros 100 millones durante los próximos años.
Sánchez reprocha al PP y a Vox que utilicen políticamente la crisis de Ceuta
El presidente afirmó haber percibido un cambio en la colaboración del Gobierno de Ceuta respecto a la crisis migratoria de 2021, cuando, según recordó, el Ejecutivo central y el presidente ceutí, Juan Vivas, trabajaron de manera coordinada. Sánchez aseguró que en esta ocasión han aparecido dificultades después de haberse alcanzado acuerdos para utilizar determinados terrenos destinados a la reubicación de migrantes.
Aunque no aportó detalles concretos sobre esos desencuentros, atribuyó el cambio de actitud a la estrategia política del Partido Popular y de Vox, a los que acusó de utilizar la situación de Ceuta para desgastar al Gobierno de España en lugar de contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos.
Sánchez mostró además su preocupación por el efecto que los discursos contra la inmigración puedan tener sobre la convivencia en la ciudad autónoma y rechazó el concepto de «invasión» empleado por la extrema derecha. El presidente recordó que entre quienes llegaron había numerosos menores y personas que trataban de encontrar unas oportunidades que no tenían en su país de origen, aunque también sostuvo que la obligación humanitaria de atenderlas debe ser compatible con la aplicación de la legislación migratoria y con el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Elecciones en 2027, incluso si no se aprueban los Presupuestos
Pedro Sánchez reiteró que presentará los Presupuestos Generales del Estado antes de que termine el año, pero desvinculó su aprobación de la continuidad de la legislatura. Preguntado por la posibilidad de adelantar las elecciones si no consigue reunir los apoyos parlamentarios necesarios, respondió que las elecciones se celebrarán en 2027 y recordó que las legislaturas también deben durar cuatro años cuando gobierna la izquierda.
El presidente matizó que, después de presentar los presupuestos, evaluará los apoyos disponibles para sacar adelante otras iniciativas legislativas y que tomará sus decisiones en función del interés general. Sin embargo, dejó clara su voluntad política de culminar la legislatura y permanecer al frente del Gobierno hasta el último día.
Sánchez fue más allá y se mostró convencido de que las fuerzas progresistas volverán a ganar las elecciones generales de 2027. En su opinión, cada jornada durante la cual continúa gobernando el actual Ejecutivo representa un avance para los derechos, las libertades y la transformación del país, una afirmación con la que trató de movilizar al electorado progresista frente a la alternativa formada por el Partido Popular y Vox.
La Ley de nietos y el temor a que se limite el voto exterior
La posible incidencia electoral de los nuevos ciudadanos reconocidos al amparo de la Ley de Memoria Democrática también apareció en la entrevista. Sánchez rechazó que pueda cuestionarse el derecho al voto de alrededor de 400.000 españoles y acusó al PP, a Vox y a organizaciones ultraderechistas de intentar limitar un derecho esencial por miedo a sus posibles consecuencias electorales.
El presidente recordó que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor en 2022 y que sus beneficiarios ya pudieron participar en los procesos electorales celebrados desde entonces sin que se produjeran problemas. También señaló que el Partido Popular ganó el voto exterior en las elecciones generales de 2023, un dato con el que trató de desmontar la sospecha de que los descendientes de españoles que obtienen la nacionalidad votan necesariamente a la izquierda.
Su respuesta fue políticamente contundente, aunque dejó sin desarrollar el fondo jurídico del procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo. Sánchez centró su crítica en los partidos que promovieron las denuncias y no acusó de manera directa al conjunto del tribunal de actuar en connivencia con la derecha.
Sánchez critica al juez Peinado y defiende la inocencia de su familia
La entrevista entró en un terreno especialmente personal cuando Wyoming preguntó al presidente por las causas judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, así como por la próxima jubilación del juez Juan Carlos Peinado.
Sánchez afirmó que Peinado ha causado «mucho daño a la justicia» y consideró que no será recordado por la imparcialidad de sus instrucciones. El presidente defendió la honestidad y la trayectoria profesional de su esposa y de su hermano, y sostuvo que ambos están sufriendo procedimientos impulsados por asociaciones ultraderechistas, el Partido Popular y Vox con el propósito de debilitar al Gobierno.
En el caso de su hermano, anunció que recurrirá una sentencia que considera incomprensible, mientras que, respecto a Begoña Gómez, expresó su confianza en que el jurado actúe con ecuanimidad y reconozca su inocencia. Sus palabras constituyeron una crítica directa a determinadas actuaciones judiciales, aunque Sánchez trató de diferenciar entre el cuestionamiento de jueces concretos y un ataque general contra la justicia.
La vivienda, el principal problema que Sánchez admite que necesita tiempo
La vivienda fue otro de los grandes asuntos de la conversación. Sánchez defendió que la actual Ley de Vivienda ha supuesto un cambio de paradigma al proporcionar a las administraciones herramientas para intervenir en el mercado mediante los índices de referencia de precios, la regulación de los alojamientos turísticos y la declaración de zonas tensionadas.
El presidente reconoció, sin embargo, que después de ocho años de Gobierno el problema continúa agravándose y que sus efectos no podrán corregirse de manera inmediata. Atribuyó parte de las dificultades al rechazo de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a aplicar los mecanismos previstos en la ley, una actitud que calificó de boicot ideológico.
Sánchez destacó que el Gobierno ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda, ha aprobado un plan estatal dotado con más de 7.000 millones de euros y ha transferido 1.000 millones a las comunidades autónomas para desarrollar estas políticas. También reivindicó la transformación de SEPES en Casa 47, la nueva empresa pública estatal encargada de promover y construir viviendas asequibles.
Según el presidente, las primeras viviendas de Casa 47 ya han sido entregadas en Valencia y próximamente se hará lo mismo en Murcia. Sánchez señaló que ciudades como Barcelona y algunas localidades de Euskadi, donde se aplican los mecanismos de la Ley de Vivienda, muestran una mayor contención del precio del alquiler que Madrid, aunque admitió que todavía se necesita tiempo para evaluar completamente los resultados.
El jefe del Ejecutivo defendió igualmente que las nuevas viviendas de protección oficial mantengan de forma permanente su carácter público y no puedan ser vendidas a fondos de inversión. En su opinión, si esta protección se hubiera mantenido durante las últimas cuatro décadas, España dispondría actualmente de un parque público muy superior y más cercano a los niveles europeos.
Una entrevista de defensa política con algunos reconocimientos
Pedro Sánchez aprovechó su paso por El Intermedio para defender la continuidad del Gobierno, reivindicar las medidas adoptadas en materia de vivienda y justificar la necesidad de mantener una relación estable con Marruecos. El presidente se mostró seguro al negar cualquier condicionamiento derivado del espionaje de Pegasus y al confirmar que pretende llegar hasta las elecciones de 2027.
La entrevista también dejó algunos reconocimientos relevantes, porque Sánchez admitió que el Gobierno no anticipó la magnitud de la llegada a Ceuta, que la crisis no tiene una solución inmediata y que las políticas de vivienda necesitarán tiempo para producir resultados apreciables. Aunque atribuyó buena parte de las dificultades a la falta de colaboración de otras administraciones y a la actuación de la oposición, no ocultó que ambos problemas seguirán condicionando la acción del Ejecutivo durante los próximos meses.
Su intervención mantuvo un tono más explicativo que confrontativo durante la mayor parte de la conversación, aunque se endureció cuando habló del PP, de Vox y del juez Peinado. Entre la defensa de su gestión y la promesa de completar la legislatura, Sánchez trató de transmitir una idea central: el Gobierno considera que todavía tiene capacidad política y tiempo para resolver las crisis abiertas, aunque algunas de las respuestas ofrecidas continúan dependiendo de resultados que aún están por materializarse.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.