Pedro Sánchez: "Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda por humanidad"

Pedro Sánchez salió a la sala de prensa del Palacio de La Moncloa con la cara de quien sabe que está entre la espada y la pared, pero decide echar un órdago y doblar la apuesta, es decir, Sánchez en su esencia. Con el decreto de disolución de las Cortes prácticamente fresco sobre la mesa y la convocatoria de elecciones generales fijada para el próximo 29 de noviembre de 2026, el presidente anunció que el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar, con algunas pequeñas modificaciones, los mismos decretos ley de vivienda que el Congreso de los Diputados le tumbó hace solo unas semanas. Un portazo en toda regla que dejó al Gobierno tiritando en un pleno agónico.

La pregunta que corría hoy entre los periodistas era inevitable: ¿es una maniobra legal o un desafío descarado a las normas del procedimiento parlamentario? A decir verdad, es las dos cosas. Un movimiento al límite del reglamento para mandarle una señal a sus propios socios de investidura: si la legislatura se rompe del todo, la culpa no será del que gobierna, sino de quienes dejaron desamparada a la gente en la calle.

La voz de Sánchez sonó calculadamente firme. Nada en ese atril se deja al azar. Cada pausa, cada gesto con la mano y cada mirada fija a la cámara responden a una estrategia pensada al milímetro. El presidente busca conectar con esa parte del electorado que está harta, exhausta, viendo cómo el precio del alquiler se come más de la mitad del sueldo a principio de mes.

“Tengo la convicción de que, si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa, como es la vivienda, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento”, soltó a bocajarro.

Sin paños calientes, vinculando sin rodeos el adelanto electoral al bloqueo de sus leyes estrella. Y para quienes pensaban que un Gobierno con las Cortes disueltas se limita a ver las horas pasar, el recado fue directo: “Hasta entonces, el Gobierno va a continuar gobernando, dando respuestas a los problemas de la gente”. Así de claro.

Aquí no hay improvisación alguna. En el laboratorio político de Moncloa, la crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema técnico de oferta y demanda para convertirse en una trinchera moral. Un terreno donde no hay término medio: o estás con los inquilinos o estás con la especulación inmobiliaria, lo cual coloca en el mismo terreno al pequeño propietario, al trabajador que tiene dos o tres viviendas compradas con su esfuerzo y su ahorro, o al trabajador que cuenta con una segunda vivienda, en el mismo terreno que los grandes tenedores o los grandes fondos especulativos. 

“No es una cuestión ideológica, sino de humanidad”, insistió Sánchez desde el atril, subiendo el tono emocionado. “Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo desde el Consejo de Ministros. Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir ningún desahucio más como el de Maricarmen. Ni en lo que queda de legislatura ni en la siguiente, si los ciudadanos nos dan una mayoría más amplia”.

El nombre de Maricarmen resonó en la sala como un eco pesado. Una historia real, de esas que duelen, convertida en el símbolo de una rueda de prensa de tintes casi épicos. El gobierno mantendrá su pulso político en el interregno previo a las urnas de noviembre. Y Sánchez piensa agotar cada milímetro del margen ejecutivo que le queda.

El presidente volvió a sacar pecho con los topes al alquiler, comparando la situación actual con los momentos más duros de la pandemia o la crisis energética. Pues bien... Si en aquel momento el Estado intervino los precios de la luz con la famosa excepción ibérica o le puso freno al gas, ¿por qué no hacerlo ahora con los pisos? “Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente”, volvió a repetir, casi como un mantra.

De paso, lanzó un dardo directo a la oposición: “¿Por qué no vamos a poder hacer lo mismo interviniendo un mercado que claramente está muy por encima de lo que exigen las leyes del mercado de la oferta y la demanda?”.

Pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Qué dicen exactamente estos papeles que el Ejecutivo pretende resucitar? En el núcleo duro del paquete reeditado hoy está la protección de los inquilinos frente al fin repentino de sus contratos. El primero de los reales decretos recupera la prórroga obligatoria de los alquileres por un periodo de hasta dos años. Una tabla de salvación para los arrendatarios que estén al día con sus pagos, para evitar que los caseros los pongan en la calle de la noche a la mañana o les metan subidas inasumibles por encima de los límites fijados por la Ley de Vivienda y el IPC.

Sánchez insistió en que las nuevas normas servirán para “dar tranquilidad a la gente”. Y para que no parezca cháchara vacía, desgranó un paquete de deducciones fiscales al alquiler. Entre las medidas destaca una deducción directa en la declaración de la renta para quienes viven en régimen de arrendamiento. “Algo que supondría, pongamos el caso de un alquiler medio de 800 euros, una deducción de casi 1.000 euros”, calculó sobre la marcha, buscando que el ciudadano eche sus propias cuentas desde casa.

Por otro lado, está el problema endémico de este país: la falta alarmante de pisos disponibles en las grandes ciudades. Para atajarlo, el Gobierno anuncia una línea de financiación de 10.000 millones de euros destinada a dar préstamos sin intereses para primera vivienda de hasta 50.000 euros. Una medida pensada sobre todo para los jóvenes, aunque abierta a familias de cualquier edad.

A esto se suma la promesa de reflotar la oferta pública. La empresa estatal Casa 47 se encargará de comprar miles de inmuebles propiedad de la Seguridad Social para pasarlos al parque de vivienda pública y social. “Los decretos que aprobamos hoy van a servir para crear más oferta de vivienda, en concreto, con 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada y 400 millones para ayudar a los proveedores de vivienda social”, remató el presidente.

Ahora bien, detrás de la foto oficial y los grandes titulares hay una partida de ajedrez parlamentario con un nivel de riesgo altísimo. Una jugada de infarto. Con las Cortes disueltas, la pelota no rueda en el hemiciclo habitual, sino en la Diputación Permanente. Ese órgano reducido de 69 diputados que se queda de guardia cuando el Parlamento se cierra.

Para convalidar estas normas, Sánchez necesita reunir el sí de al menos 35 diputados. Y las cuentas están apretadísimas. Un solo fallo, un desmarque a última hora de los socios de la coalición de Gobierno, y el desastre institucional sería histórico. Sabiendo que camina sobre un alambre muy fino, la Moncloa ha tenido que hacer encaje de bolillos con la letra pequeña para no volver a tropezar con la misma piedra.

Por ejemplo, el segundo decreto incluye la prórroga automática del alquiler al vencer el contrato, salvando los casos en los que el propietario necesite el piso para uso propio o de un hijo.

Pero como el PNV ya dijo en su día que por ahí no pasaba, el Ejecutivo se ha sacado de la manga un truco jurídico: la entrada en vigor de esta prórroga automática no se aplicará de inmediato al publicarse en el BOE. Quedará congelada y condicionada a que la Diputación Permanente del Congreso le dé el visto bueno definitivo. Así evitan crear un vacío legal de un par de semanas que volvería locos a propietarios e inquilinos por igual.

Durante su comparecencia, a Sánchez se le notaba una mezcla de rabia contenida e indignación por la derrota encajada la semana pasada. “Detrás de ellos hay muchas horas de trabajo y muchos meses de negociación. Se encontró un punto común para poder salir adelante, pero desgraciadamente no se logró”, lamentó con el rostro serio. Para los socialistas, las reticencias de la oposición y de algunos socios territoriales son una muestra de lo lejos que están de la realidad que se vive en las calles.

“Hay muchos españoles esperando soluciones, no solo quienes se concentran y acampan en cientos de plazas; hay millones de ciudadanos que esperan coraje de sus representantes”, ha dicho. El texto que va camino de la cámara de guardia va a por todas contra el mercado inmobiliario opaco.

El Gobierno mantiene su compromiso de regular el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones, dos vías de escape que muchos propietarios utilizan para esquivar el control de precios y multiplicar sus beneficios. Además, insiste en apretar las tuercas a la compra de inmuebles por parte de fondos buitre y en obligar a que las viviendas de uso turístico tributen como lo que son: una actividad comercial en toda regla.

La foto fija de esta mañana en Madrid refleja a un país tenso, atrapado entre el cansancio de los ciudadanos y la incertidumbre de unas elecciones anticipadas. Al volver a presentar unos textos casi calcados a los que ya fueron tumbados, el Ejecutivo camina por el filo de la navaja reglamentaria. Los letrados de la Cámara y los partidos de la oposición van a mirar cada coma con lupa.

Pero más allá del enredo jurídico sobre si el retén parlamentario debe o no convalidar estas medidas, la estrategia de Sánchez es transparente como el agua. El presidente ha decidido convertir un tropiezo institucional en el motor de su campaña electoral poniendo la regulación del alquiler, el acceso a la vivienda y la intervención del mercado en el centro de la pista, obliga a todo el arco político a retratarse a pocas semanas de ir a votar.

La suerte está echada sobre la mesa. Si los partidos presentes en el órgano de guardia aprueban estos decretos de urgencia, el Ejecutivo llegará a la campaña exhibiendo músculo y vendiendo la idea de que cumple sus promesas hasta el último minuto. Si los vuelven a tumbar... Sánchez utilizará ese 'no' para pedir una mayoría más rotunda el 29 de noviembre. La política en España vuelve a jugárselo todo a una sola carta. Y la crisis de la vivienda es, sin duda, la partida decisiva.