La Asamblea de Madrid debatirá el próximo 12 de febrero una iniciativa que el Partido Popular intentó borrar del orden del día y que el Tribunal Constitucional ha devuelto a la Cámara. No es un trámite menor ni un gesto simbólico: la petición de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en un caso de estudio sobre el uso del poder institucional y los límites que la mayoría absoluta está dispuesta a cruzar para blindar su núcleo político.
La Proposición No de Ley registrada por Más Madrid fue bloqueada por la Mesa del Parlamento autonómico en un movimiento que el Constitucional ha considerado nulo. No entró en el fondo del asunto —la conducta del jefe de Gabinete—, pero sí dejó claro algo más incómodo para el PP: no todo vale para impedir un debate parlamentario, ni siquiera cuando los números acompañan.
La decisión inicial de la Mesa de inadmitir la iniciativa no fue un error técnico ni una discrepancia reglamentaria menor. Respondía a una práctica cada vez más habitual en la Asamblea madrileña: utilizar los órganos de gobierno de la Cámara como filtro político para evitar debates incómodos. El Constitucional ha desautorizado ese uso instrumental del reglamento, recordando que la mayoría no puede convertirse en un veto preventivo al control parlamentario.
La rectificación forzada devuelve la iniciativa al Pleno, aunque sin alterar su desenlace previsible. La PNL no es vinculante y el PP hará valer su mayoría para tumbarla. Pero el debate existirá. Y eso, en sí mismo, ya supone una grieta en la estrategia de cierre de filas.
Miguel Ángel Rodríguez, más que un cargo de confianza
La figura del jefe de Gabinete de Ayuso trasciende el perfil técnico que el PP intenta atribuirle. Su papel en la relación del Gobierno madrileño con los medios de comunicación, su tono público y su influencia en la estrategia política han convertido su nombre en un símbolo de la forma de gobernar del Ejecutivo regional.
La iniciativa de Más Madrid no busca solo una destitución improbable. Apunta a algo más estructural: el modelo de poder concentrado en torno a la presidenta y la confusión deliberada entre comunicación institucional, presión política y confrontación permanente. El debate del día 12 obligará al PP a defender ese modelo en sede parlamentaria, algo que hasta ahora ha evitado.
La reacción del PP: mayoría como argumento
La respuesta del portavoz popular ha seguido un guion conocido: reducir la cuestión a una disputa partidista y refugiarse en el resultado electoral. Según ese planteamiento, ganar elecciones equivale a inmunidad política, incluso frente a decisiones corregidas por el Constitucional. El mensaje es claro: la mayoría absoluta no solo gobierna, también decide qué se discute y qué no.
Ese enfoque elude el fondo del asunto. Nadie discute que el PP nombre a sus cargos de confianza. Lo que se discute es si el Parlamento puede pronunciarse sobre su actuación y si la Mesa puede impedir ese pronunciamiento. El Constitucional ya ha respondido a lo segundo. El Pleno tendrá que afrontar lo primero.
Aunque la PNL será rechazada, el episodio deja un precedente relevante. El fallo del Constitucional marca un límite al uso partidista de los órganos parlamentarios y desnuda una forma de ejercer el poder que confunde estabilidad con control absoluto. El debate del 12 de febrero no cambiará el organigrama del Gobierno madrileño, pero sí fijará posiciones y dejará constancia de hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para evitar rendir cuentas.
En una Asamblea acostumbrada a mayorías que se imponen sin fricción, el simple hecho de que este asunto llegue al Pleno ya es un síntoma. No de debilidad numérica, sino de desgaste político.