Óscar Puente se va y el PP sigue en campaña

La política democrática necesita mecanismos de control, exigencia de responsabilidades y rendición de cuentas. Pero también necesita una mínima coherencia a la hora de valorar esas responsabilidades cuando finalmente se producen. La reacción del Partido Popular tras la dimisión de Óscar Puente pone de manifiesto una contradicción cada vez más habitual en la política española. Durante meses se reclama una dimisión. Cuando esa dimisión llega, deja automáticamente de tener valor político para convertirse en una simple maniobra electoral.

La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes se produce después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han dejado un balance de 116 fallecidos y han generado una profunda conmoción social. Nadie puede cuestionar la legitimidad de las explicaciones reclamadas por la oposición ni el derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió, qué falló y qué medidas deberán adoptarse para impedir que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre exigir responsabilidades y negar cualquier significado político a una decisión que precisamente implica asumirlas. La dimisión de Óscar Puente no borra el impacto de los accidentes ni exonera al Gobierno de las explicaciones que todavía debe ofrecer. Tampoco elimina el debate sobre la gestión de la red ferroviaria. Pero sí constituye un hecho poco frecuente en una política cada vez más acostumbrada a resistir cualquier desgaste y a permanecer en el cargo pese a la presión pública.

La responsabilidad política también consiste en marcharse

Uno de los grandes problemas del debate público español es la progresiva devaluación del concepto de responsabilidad política. Las dimisiones se exigen con rapidez, pero rara vez son reconocidas como una asunción efectiva de responsabilidades cuando terminan produciéndose. La consecuencia es una paradoja difícil de ignorar. Los partidos convierten la demanda de responsabilidades en una constante del discurso político y, al mismo tiempo, vacían de significado cualquier gesto que encaje precisamente en esa lógica.

En este caso, Óscar Puente no se ha limitado a abandonar el Ministerio. También ha renunciado a formar parte de las listas socialistas para las elecciones del 29N, una decisión que llega después de comparecer públicamente y de afrontar en primera persona una crisis que ha marcado el final de la legislatura.

Se puede discutir si la decisión llega antes o después de lo deseable. Se puede debatir sobre el alcance real de las responsabilidades que deben derivarse de los accidentes. Incluso resulta legítimo cuestionar si la renuncia es suficiente.

Lo que resulta más complejo de sostener es que la decisión carezca de significado político. Porque precisamente la esencia de la responsabilidad política consiste en asumir las consecuencias derivadas de una situación que ha erosionado la confianza pública. Y eso es exactamente lo que implica una renuncia al cargo y a la continuidad en la primera línea institucional.

Del análisis de los hechos al rendimiento electoral

La reacción del PP ha optado por desplazarse rápidamente hacia otro terreno. Los dirigentes populares han insistido en que la dimisión no responde a las víctimas ni a una asunción de responsabilidades, sino a las encuestas. El mensaje es claro. Según este relato, Óscar Puente no se habría marchado por convicción política ni por responsabilidad institucional, sino por puro cálculo electoral.

Puede que exista una parte de estrategia en esa decisión. Sería ingenuo pensar que los cálculos políticos desaparecen en plena campaña. Lo llamativo es que la dirección popular parezca más interesada en discutir las motivaciones de la dimisión que en valorar el significado de la dimisión misma.

La afirmación de que el exministro se marcha "116 muertos tarde" ilustra perfectamente esa lógica. El debate deja de girar únicamente alrededor de los accidentes ferroviarios y comienza a organizarse en torno a un relato diseñado para maximizar el desgaste electoral del adversario.

Las democracias necesitan oposición firme. Necesitan fiscalización constante del poder. Pero también necesitan preservar una diferencia básica entre el control institucional y la utilización partidista del dolor colectivo.

La campaña permanente

La reacción popular encaja además en una tendencia mucho más amplia. Desde hace años, una parte de la política española parece instalada en una campaña electoral permanente en la que cualquier acontecimiento termina absorbido por la lógica de la confrontación partidista. Las crisis institucionales, los errores de gestión, las emergencias o las tragedias dejan de analizarse exclusivamente por sus consecuencias para convertirse también en instrumentos de desgaste político.

Todo adquiere valor electoral, todo se interpreta en clave de campaña, todo acaba subordinado a la necesidad de dañar al adversario y el resultado es un debate público cada vez más centrado en la rentabilidad política de los acontecimientos y cada vez menos orientado a discutir soluciones.

Por supuesto, el Gobierno deberá seguir ofreciendo explicaciones sobre lo ocurrido en Adamuz y Urda. Las investigaciones tendrán que determinar responsabilidades y los ciudadanos tienen pleno derecho a juzgar la actuación del Ejecutivo. Pero también conviene reconocer una evidencia incómoda para la oposición. La dimisión de Óscar Puente constituye, por definición, una asunción de coste político. Puede considerarse tardía. Puede parecer insuficiente. Puede no satisfacer a quienes reclamaban consecuencias más amplias. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es que no signifique nada.

Porque si comparecer públicamente, asumir el desgaste, abandonar el Gobierno y renunciar a continuar en las listas electorales tampoco constituye una forma de rendición de cuentas, entonces el debate deja de girar alrededor de la responsabilidad política y pasa a girar exclusivamente alrededor de la confrontación partidista. Y ese desplazamiento del foco explica muchas cosas sobre el actual estado de la política española.