Óscar López ha situado una pregunta en el centro del enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular: “¿Qué Estado se está defendiendo y de qué Gobierno?”. En una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha calificado de “golpistas” las palabras del PP que presentan al Estado como una estructura que necesita protegerse del Ejecutivo.
El también secretario general del PSOE de Madrid ha defendido que la independencia judicial no convierte a quienes ejercen la justicia en personas ajenas a la crítica. Pero ha precisado el alcance de su acusación cuando le han preguntado directamente si considera que existe golpismo entre los jueces: “He dicho que las palabras del Partido Popular son golpistas”.
Esa distinción resulta esencial para entender la entrevista. López ha cuestionado determinadas actuaciones judiciales y el discurso de la oposición, al tiempo que ha reconocido expresamente el trabajo de la inmensa mayoría de la judicatura.
Óscar López cuestiona la idea de un Estado enfrentado al Gobierno
El ministro ha dirigido su reproche contra la afirmación de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que presentó al Estado como una instancia que se estaba protegiendo del Gobierno. Esa declaración y la respuesta de López también han sido recogidas en la
“Si alguien asegura que determinados poderes del Estado se están defendiendo del Gobierno, debemos preguntarnos a qué poderes se refiere y qué pretende justificar”, ha afirmado.
Su objeción apunta al significado político de esa expresión. Presentar al Gobierno como una amenaza de la que el Estado debe defenderse puede contribuir a deslegitimarlo, más allá de cuestionar sus decisiones o exigir responsabilidades a sus miembros. Esa es la lectura que sostiene López, cuya utilización del término “golpista” constituye una valoración política, no la acreditación de un delito.
El ministro ha insistido en que el PP “ha ido demasiado lejos con sus discursos, actitudes e insultos”. La pregunta que deja abierta es qué actuaciones se pretende amparar bajo esa supuesta defensa del Estado y quién estaría legitimado para llevarlas a cabo.
“Existen políticos corruptos, periodistas corruptos y también jueces corruptos”
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ha llegado cuando López ha rechazado que una profesión pueda considerarse intachable en su conjunto.
“Ni los jueces, ni los periodistas ni los políticos son infalibles o intachables en su totalidad. Existen políticos corruptos, periodistas corruptos y también jueces corruptos”, ha declarado.
No ha identificado a un magistrado concreto ni ha presentado esa frase como una denuncia documentada contra una persona determinada. Su argumento ha sido que el respeto institucional no obliga a renunciar al escrutinio público.
“No voy a señalar con nombres y apellidos a ninguna persona, pero los jueces no son infalibles y los ciudadanos tenemos derecho a expresar una opinión. Yo reivindico ese derecho y no pienso callarme”.
López también ha incluido un reconocimiento que evita convertir sus palabras en una descalificación indiscriminada: “En España existe una inmensa mayoría de jueces y juezas que desarrollan su trabajo de manera extraordinaria, defienden la separación de poderes y protegen el Estado de derecho y las garantías de todos, pero también hay otros que no lo hacen”.
Su tesis es que una institución puede merecer respeto y sus integrantes seguir sujetos a la crítica. Ahora bien, cuestionar una actuación concreta y acreditar que responde a una motivación partidista son afirmaciones diferentes: la segunda necesita pruebas adicionales.
El ministro niega haber llamado terrorista a ningún juez
La entrevista también ha abordado su anterior utilización de la expresión “lobos solitarios”, habitualmente asociada a autores de atentados que actúan individualmente.
López ha negado esa interpretación: “Evidentemente, no he llamado terrorista a ningún juez”. Según ha explicado, se refería a personas que, a su juicio, parecen haber respondido al llamamiento de José María Aznar de que “el que pueda hacer, que haga”.
El ministro ha mantenido, en cambio, el término “salvapatrias”, con el que reprocha a determinadas personas que se atribuyan una misión de defensa del Estado frente al Ejecutivo. Ha presentado esa conexión como su impresión, sin aportar en la entrevista pruebas de una coordinación entre dirigentes políticos y miembros de la judicatura.
También ha denunciado lo que considera una desigualdad en los tiempos judiciales. Ha contrapuesto investigaciones que, según su relato, se activan rápidamente a partir de informaciones periodísticas con la prolongación de causas como Lezo y Púnica.
La comparación expresa una crítica al funcionamiento de la justicia. Por sí sola, sin examinar las circunstancias y los trámites de cada procedimiento, no demuestra un trato deliberadamente desigual.
La ley de los lobbies y los límites del relato sobre el bloqueo
La conversación había comenzado con otro revés para el Ejecutivo: el rechazo parlamentario de la regulación de los grupos de interés, por 179 votos en contra y 155 a favor. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras PNV y Podemos se abstuvieron.
“La derecha y la ultraderecha no quieren que exista transparencia”, ha sostenido López. El entrevistador le ha recordado, sin embargo, que el resultado también refleja la falta de respaldo de otros grupos.
El ministro ha defendido que la negociación se prolongó durante más de un año y que incorporó numerosas peticiones parlamentarias. Entre ellas, ha mencionado que el registro de los grupos de interés dependiera del Consejo de Transparencia.
López ha cifrado en 260 millones de euros los fondos europeos comprometidos por el rechazo. Pero, preguntado de nuevo, ha admitido que la cuestión puede renegociarse. Por tanto, sus propias respuestas no permiten presentar esa cantidad como una pérdida definitiva e irreversible.
Las listas de espera de Madrid y el ataque al médico denunciante
En su condición de líder del PSOE madrileño, López ha cuestionado la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las denuncias sobre las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal.
Su argumento ha sido que centrar la controversia en la personalidad o los antecedentes del facultativo denunciante desplaza la cuestión principal: qué ocurrió con los registros y qué explican los documentos aportados.
“No se trata de creer o no a una persona concreta, aunque eso es precisamente lo que intenta plantear Isabel Díaz Ayuso al descalificar al denunciante”, ha afirmado.
El dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de repetir una estrategia de descrédito: “Su método habitual consiste en perseguir a quien denuncia y atacar a la víctima”.
López también ha defendido que el deterioro de la atención pública favorece la contratación de seguros y la actividad de centros privados. Esa es su interpretación política del modelo sanitario madrileño; demostrar que las demoras responden a una estrategia deliberada exige acreditar decisiones y responsabilidades concretas.
López exige la dimisión de Ayuso por las explicaciones sobre el ático
El cierre de la entrevista ha estado marcado por la adquisición de un ático por parte de la Comunidad de Madrid y las explicaciones ofrecidas sobre su uso temporal como oficinas.
López ha acusado a Ayuso de haber dado una versión falsa y ha reclamado su salida: “Dimita, señora Ayuso, porque ha mentido gravemente”.
El dirigente socialista ha cuestionado la justificación administrativa de la operación y ha explicado que su partido ha acudido a la justicia porque considera que los hechos podrían constituir un delito.
Su intervención ha ido más allá al atribuir a la presidenta la intención de utilizar el inmueble como residencia. Esa acusación debe distinguirse de la compra pública: la entrevista no aporta pruebas que permitan presentar ese supuesto destino personal como un hecho acreditado.
El hilo que recorre sus respuestas es la exigencia de rendición de cuentas. López la reclama al PP, a los responsables de la sanidad madrileña y a quienes ejercen funciones judiciales. Esa misma exigencia alcanza a sus propias acusaciones: la contundencia política gana fuerza cuando precisa qué está documentado, qué se denuncia y qué sigue pendiente de demostrar.
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