La declaración del empresario Julio Martínez en la Audiencia Nacional ha introducido un elemento nuevo en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. El administrador de Análisis Relevante ha situado a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de las gestiones realizadas para la aerolínea y ha afirmado que el expresidente marcaba las directrices de la consultora. También ha asegurado que desconoce si Zapatero intervino directamente ante las autoridades que aprobaron la ayuda pública.
Se trata de un testimonio relevante, pero también de un procedimiento judicial que continúa abierto. Esa diferencia parece haber desaparecido del discurso del Partido Popular.
Miguel Tellado no esperó a conocer la valoración del juez, de la Fiscalía o del conjunto de las pruebas para proclamar que "todos han mentido", que Zapatero cobró "comisiones ilegales" y que Pedro Sánchez se encuentra "contra las cuerdas". Esteban González Pons fue un paso más allá al presentar como acreditada la corrupción de una autoridad pública y reclamar conocer quién aceptó ser "contaminado".
La investigación ha dejado de ser, para la dirección del PP, un proceso destinado a esclarecer hechos. Se ha convertido en una sentencia ya redactada.
La democracia necesita una oposición exigente. Resulta plenamente legítimo pedir explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra, cuestionar las decisiones adoptadas durante la pandemia o reclamar responsabilidades políticas cuando existan indicios consistentes. y troa cosa muy distinta consiste en presentar como hechos definitivamente probados aquello que todavía está siendo investigado.
El propio Julio Martínez introdujo un matiz que la dirección popular ha preferido ignorar. Afirmó que Zapatero dirigía las gestiones desarrolladas por la consultora, pero también declaró que desconoce si intervino personalmente para conseguir la aprobación del rescate. Esa precisión desaparece por completo en los mensajes difundidos por Tellado, donde las dudas procesales se transforman inmediatamente en certezas absolutas.
El Partido Popular lleva años construyendo una estrategia basada en la identificación automática entre investigación judicial y culpabilidad política. La apertura de diligencias se presenta como una condena moral irreversible. Cada declaración de un investigado pasa a convertirse en prueba concluyente. Cada filtración se interpreta como demostración definitiva de una trama generalizada.
La prudencia desaparece porque ralentiza el relato.
Resulta llamativo que quienes durante años reclamaron respeto escrupuloso a la presunción de inocencia cuando los procedimientos afectaban a dirigentes de la derecha renuncien ahora a ese mismo principio con una facilidad sorprendente. La presunción de inocencia no pertenece a una ideología. Es una garantía constitucional que protege a cualquier ciudadano y también a quienes desempeñan responsabilidades públicas.
Eso no impide exigir responsabilidades políticas antes de que exista una sentencia firme. La política y el derecho operan con estándares distintos. Un Gobierno puede verse obligado a ofrecer explicaciones mucho antes de que concluya un procedimiento penal, pero incluso esa responsabilidad política necesita apoyarse sobre hechos contrastados y no sobre afirmaciones categóricas que los propios tribunales todavía están investigando.
La declaración de Julio Martínez fortalece objetivamente la investigación judicial. Complica la posición procesal de Zapatero y abre nuevas líneas de indagación para el juez instructor. Esa es una realidad. Pero convertir esa declaración en la prueba irrefutable de una organización corrupta dirigida desde La Moncloa constituye otra muy distinta.
El lenguaje empleado por Tellado ilustra esa deriva. Habla de "El Uno", de "cerco", de "mentiras", de "comisiones ilegales", de una cadena perfectamente cerrada de corrupción. No formula hipótesis. No plantea interrogantes. No admite incertidumbres, la investigación desaparece. Solo queda el veredicto.
Ese tipo de oposición puede resultar eficaz en la batalla diaria de las redes sociales. Produce titulares rápidos, alimenta la polarización y consolida a los electorados más convencidos. También empobrece profundamente la calidad institucional.
Porque la función de un partido de gobierno no consiste únicamente en desgastar al adversario. Debe demostrar que sería capaz de administrar el mismo Estado cuyas instituciones utiliza como argumento político. Y eso exige una relación mucho más respetuosa con los tiempos de la justicia.
La democracia representativa se sostiene sobre una arquitectura delicada. Los jueces investigan. Los fiscales acusan o archivan. Los gobiernos gobiernan. La oposición fiscaliza. Cuando un partido decide apropiarse de las funciones de los tribunales y proclamar condenas antes de tiempo, esa distribución comienza a deteriorarse.
El caso Plus Ultra merece toda la investigación necesaria. Si existieron irregularidades, influencias indebidas o utilización ilícita de recursos públicos, deberán depurarse hasta sus últimas consecuencias, y precisamente por eso conviene proteger el procedimiento judicial de quienes pretenden utilizarlo como simple combustible para la confrontación partidista.
El Partido Popular tiene derecho a exigir explicaciones al Gobierno. Lo que no debería hacer es presentar cada declaración de un investigado como si fuera ya una sentencia firme. La fortaleza de un Estado de derecho no depende únicamente de que existan jueces independientes. También exige que los dirigentes políticos acepten que las condenas las dictan los tribunales y no los departamentos de comunicación de los partidos.
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