Hay una paradoja que empieza a definir la política española. El principal partido de la oposición parece cada vez más pendiente de los tribunales que del Parlamento. Más atento al calendario judicial que a la elaboración de un proyecto político capaz de disputar la mayoría social al Gobierno.
Las declaraciones conocidas estos días desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo así parecen indicarlo. No hablan de propuestas económicas, de vivienda, de productividad, de transición energética o de cómo afrontar el envejecimiento demográfico. Hablan de ansiedad. De presión. De desgaste. De la conveniencia de que el PSOE se "cueza" en sus problemas judiciales mientras el Partido Popular administra los tiempos y espera acontecimientos.
La estrategia es legítima desde el punto de vista partidista. Toda oposición intenta capitalizar las dificultades del Gobierno. Lo que resulta más discutible es que esa estrategia termine convirtiéndose prácticamente en el único horizonte político visible.
Feijóo llegó a la presidencia del PP presentándose como un dirigente moderado, pragmático y gestor. Alguien capaz de devolver la política española a terrenos menos crispados. Sin embargo, con el paso de los meses, aquella promesa ha ido diluyéndose en una dinámica donde la confrontación permanente ocupa más espacio que la construcción de alternativas.
La propia terminología utilizada por dirigentes populares revela una concepción particularmente preocupante de la actividad política. Hablar de "jugar con los nervios" de los socios parlamentarios del Gobierno o describir la situación como una "muerte a pellizcos" puede resultar eficaz para movilizar a los más convencidos, pero empobrece inevitablemente el debate democrático.
Porque una democracia madura no debería organizarse alrededor de la expectativa de que el adversario se derrumbe. Debería hacerlo alrededor de la capacidad de ofrecer respuestas mejores.
La cuestión de fondo no es si el Gobierno atraviesa dificultades. Las atraviesa. Tampoco si determinadas investigaciones judiciales deben seguir su curso con absoluta normalidad. Deben hacerlo. La verdadera pregunta es qué propone la principal fuerza de la oposición más allá de esperar que los problemas ajenos le abran las puertas de La Moncloa.
Resulta especialmente llamativo observar cómo el Partido Popular reclama elecciones anticipadas mientras evita concretar cuál sería su hoja de ruta para gobernar un país mucho más complejo que el de hace una década. La vivienda atraviesa una crisis estructural. La digitalización está transformando el mercado laboral. Europa redefine sus prioridades industriales y estratégicas. La emergencia climática condiciona sectores enteros de la economía. Ninguna de esas cuestiones aparece hoy en el centro del discurso popular.
En su lugar, el PP parece haber optado por una política basada en la acumulación de desgaste. Una política que interpreta cada novedad judicial como una pieza más de una estrategia de erosión continuada.
Existe además una contradicción difícil de ignorar. El mismo partido que acusa a sus adversarios de colonizar las instituciones recurre constantemente a los procesos judiciales como principal combustible de su relato político. Y el mismo dirigente que denuncia supuestas anomalías democráticas sigue sin explicar de qué mayorías parlamentarias dispondría para gobernar si mañana mismo se celebraran elecciones.
La oposición cumple una función esencial en cualquier democracia. Fiscaliza, controla y exige responsabilidades. Pero también está llamada a ofrecer dirección, proyecto y horizonte. Cuando esa segunda parte desaparece, la política corre el riesgo de convertirse en una simple administración del conflicto.
Quizá por eso el problema de la estrategia de Feijóo no sea su dureza. El problema es su estrechez. La sensación creciente de que la alternativa política más importante del país ha terminado depositando demasiadas expectativas en los jueces y demasiado pocas en las ideas.
Y ninguna democracia sale fortalecida cuando la principal aspiración de una oposición consiste en esperar a que el adversario caiga antes que en convencer a la sociedad de que existe un camino mejor.