Feijóo ha convertido la denuncia permanente contra Pedro Sánchez en el eje de su estrategia política. El problema es que desgastar a un Gobierno no equivale necesariamente a construir una mayoría social capaz de sustituirlo.
La sesión de control vivida esta semana en el Congreso volvió a retratar una dinámica que se ha instalado en la política española desde hace demasiado tiempo. Más allá de los titulares, de los golpes de efecto y de las frases diseñadas para circular por redes sociales, la confrontación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volvió a evidenciar dos maneras muy distintas de entender la oposición y el ejercicio del poder.
El líder del Partido Popular elevó nuevamente el tono hasta situar el debate en términos casi terminales para el Gobierno. Corrupción, delincuencia de Estado, cloacas, elecciones inmediatas. Un repertorio que se ha convertido en habitual en la estrategia de Génova durante los últimos años.
Sin embargo, existe una contradicción difícil de ignorar.
Feijóo lleva prácticamente toda la legislatura anunciando el final inminente del Gobierno. Lo hizo tras las elecciones generales de 2023. Lo hizo durante el debate sobre la ley de amnistía. Lo hizo después de cada crisis parlamentaria relevante. Y vuelve a hacerlo ahora. El problema de convertir el derrumbe político en una estrategia permanente es que termina perdiendo capacidad de persuasión incluso entre quienes desean una alternancia en el poder.
La oposición tiene la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. Es una función esencial en cualquier democracia. Lo que resulta más discutible es reducir toda la acción política a una acumulación constante de sospechas, insinuaciones y pronósticos de caída inminente.
Porque mientras el Partido Popular centra buena parte de su discurso en exigir elecciones anticipadas, la evolución económica ofrece una fotografía más compleja de la que suele aparecer en el debate político. España mantiene tasas de crecimiento superiores a las de buena parte de las grandes economías europeas, registra cifras históricas de empleo y recibe valoraciones positivas de distintos organismos internacionales.
Nada de eso convierte al Gobierno en inmune a la crítica. Ni mucho menos. Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda para la dirección popular. Si la situación del país es tan crítica como describen diariamente sus dirigentes, ¿cómo se explica que buena parte de los indicadores económicos reflejen una realidad bastante más matizada?
La cuestión afecta también al propio liderazgo de Feijóo. Cuando llegó a Madrid desde Galicia proyectó una imagen de moderación institucional que le permitía diferenciarse de la etapa de Pablo Casado. Prometió una oposición serena, centrada en los problemas reales y alejada de la sobreactuación política. Aquella imagen se ha ido erosionando progresivamente.
Hoy resulta cada vez más difícil distinguir algunos de los discursos utilizados por el Partido Popular de los que emplea Vox en determinadas cuestiones. La apelación constante a la supuesta ilegitimidad del Gobierno, la presentación recurrente de España como un país al borde del colapso institucional o la utilización de cualquier procedimiento judicial como elemento central del debate político forman ya parte de una estrategia compartida en amplios sectores de la derecha.
Esa aproximación tiene un riesgo evidente. Cuando toda la política gira alrededor del adversario, desaparece el proyecto propio.
Durante la intervención de Feijóo apenas hubo referencias a propuestas concretas sobre vivienda, productividad, innovación, transición energética, desigualdad o modernización económica. El foco volvió a situarse casi exclusivamente sobre Pedro Sánchez. Y ahí aparece una de las principales debilidades del actual Partido Popular. Después de años ejerciendo la oposición, sigue resultando más sencillo explicar aquello que rechaza que aquello que propone.
El debate sobre la corrupción tampoco puede desligarse de la propia trayectoria reciente del Partido Popular. Gürtel, Kitchen, Púnica o la financiación irregular acreditada judicialmente forman parte de una memoria política demasiado cercana como para desaparecer del debate público cada vez que la corrupción vuelve a ocupar titulares.
Eso no exonera a nadie de rendir cuentas ni impide investigar cualquier actuación irregular que pueda producirse en cualquier partido político. La exigencia debe ser la misma para todos.
Precisamente por eso resulta difícil aceptar que quienes durante años minimizaron o relativizaron algunos de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española pretendan presentarse ahora como referentes exclusivos de la regeneración institucional.
La política necesita control, fiscalización y exigencia. Son funciones imprescindibles de cualquier oposición democrática. Pero también necesita proyectos capaces de generar confianza y ofrecer una dirección reconocible al conjunto de la sociedad. Porque desgastar a un Gobierno puede convertirse en una estrategia eficaz para acumular descontento. Lo que resulta bastante más complejo es transformar ese descontento en una mayoría social estable.
Los gobiernos no suelen ser sustituidos únicamente por sus errores. También lo son cuando enfrente existe una alternativa capaz de convencer a una parte suficiente de la ciudadanía de que puede gestionar mejor el país.
Y esa sigue siendo, probablemente, la gran asignatura pendiente de Alberto Núñez Feijóo. Convertir la crítica permanente en un proyecto propio. Porque la oposición puede alimentar el desgaste. Pero las mayorías duraderas se construyen ofreciendo horizontes, no únicamente señalando adversarios.