El registro de preguntas del Partido Popular sobre el personal eventual del Gobierno vuelve a colocar en el centro un debate que lleva años distorsionado: la transparencia como herramienta política, no como política pública. La acusación de “ocultamiento” que dirige el PP al Ejecutivo choca con su propio historial y con la utilización selectiva que hace de un concepto que, para ser creíble, exige coherencia. Lo que aflora detrás de esta ofensiva no es tanto una preocupación por la rendición de cuentas como una estrategia de desgaste envuelta en el lenguaje de la fiscalización.
La transparencia convertida en escenificación
La narrativa del PP se presenta bajo una envoltura solemne: una supuesta preocupación por la publicidad del personal eventual, los asesores y el coste asociado. Pero si se desbroza el discurso, lo que aparece es un argumento estratégicamente incompleto: se exige al Gobierno una transparencia que el propio PP nunca ejerció cuando tuvo la capacidad de hacerlo, ni en sus gobiernos autonómicos ni, menos aún, en los ejecutivos centrales.
No es necesario repasar mandatos pasados para advertir la asimetría. Cuando Feijóo habla de “opacidad”, lo hace como si la memoria institucional hubiese quedado en blanco. Y cuando su partido invoca al Consejo de Transparencia, lo hace desde una posición de conveniencia, no desde la convicción de que la rendición de cuentas debe ser un eje permanente de todas las administraciones, incluidos los gobiernos autonómicos que preside.
El problema no es reclamar información, sino convertir la reclamación en campaña, despojándola de su dimensión técnica y transformándola en munición política. Una política seria de transparencia exige continuidad, estándares estables y mecanismos de acceso que no dependan del calendario electoral ni del humor del día. El PP no parece interesado en esa arquitectura: solo en su uso instrumental.
La opacidad también se fabrica
El PP acusa al Gobierno de limitar el acceso a la información sobre asesores. Pero el modo en que formula esta crítica deja fuera un elemento esencial: la estructura del personal eventual es perfectamente conocida y forma parte del funcionamiento cotidiano de cualquier administración. Es visible, regulada y sometida a los mismos controles que el resto del gasto público. Presentarla como una trama escondida responde más a una construcción narrativa que a un análisis solvente.
El énfasis del PP en las “estructuras paralelas” y el “ocultamiento sistemático” es un ejemplo de cómo el lenguaje político puede amplificar artificialmente una sospecha. Nada hay más eficaz que sugerir que existe un aparato oculto, aunque se sepa que ese aparato no existe. La transparencia se degrada así en sospecha preventiva, y la fiscalización en acusación previa al hecho.
Aquí se abre un ángulo institucional que la derecha prefiere no abordar: si hay un problema de transparencia, la solución no pasa por registrarlo en campaña, sino por reforzar los mecanismos técnicos, dotar de recursos al Consejo de Transparencia y garantizar que sus resoluciones se cumplen por igual para gobiernos centrales y autonómicos. Pero esa parte del discurso no aparece. No interesa.
Feijóo y la política del agravio prefabricado
Feijóo ha optado por una estrategia basada en la reiteración de agravios: cada semana un motivo nuevo, cada declaración una denuncia, cada trámite parlamentario un acto de acusación. Pero la técnica tiene un límite. La saturación retórica no sustituye a la gestión ni al conocimiento técnico de la administración. Y en este caso, la ofensiva sobre los asesores refleja más una necesidad de alimentar el relato que un problema real de funcionamiento gubernamental.
El líder del PP reclama transparencia absoluta mientras sus propios gobiernos mantienen zonas oscuras similares o mayores, especialmente en materia de personal eventual y contratos de emergencia. La falta de homogeneidad en su exigencia evidencia que el objetivo no es mejorar el sistema, sino desgastar al adversario mediante la repetición de un concepto que, mal utilizado, pierde valor y credibilidad.
Aquí la ironía se vuelve casi metodológica: quien exige transparencia debe empezar por ejercerla, no por administrarla como arma política. Y cuando no es así, el votante percibe la maniobra con más precisión de la que algunos estrategas creen. La ciudadanía sabe reconocer cuándo una solicitud de información es sincera y cuándo es una pieza más de la liturgia de oposición.
Un debate serio necesita instituciones fuertes, no campañas ruidosas
La cuestión de fondo —el modelo de asesoramiento en la administración— merece un debate real. Requiere discutir la profesionalización, la idoneidad, la publicidad activa, la evaluación de desempeño y la necesidad de estructuras de apoyo en ministerios cada vez más complejos. Ese análisis sería imprescindible para fortalecer la Administración General del Estado.
Sin embargo, no es eso lo que está planteando el PP. Lo que ha registrado en el Congreso no es un plan de mejora, sino un cuestionario con el único propósito de reavivar la sospecha. Las preguntas buscan el titular, no el rigor; apelan al clima político, no a la eficiencia institucional.
La transparencia, si quiere ser creíble, debe ser transversal, constante y aplicable a todos, no solo al Gobierno de turno. Y la democracia necesita controles fuertes, sí, pero no controles convertidos en espectáculo. El ruido puede servir en campaña, pero nunca ha mejorado una administración pública.