La reunión comienza cuando ya ha anochecido. Sobre la mesa hay mapas de Ceuta, informes sanitarios, cifras todavía provisionales, notas diplomáticas procedentes de Rabat y una carpeta con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez escucha. Sabe que cualquier decisión puede deteriorar las relaciones con Marruecos, provocar una revuelta política en las comunidades autónomas o alimentar la ofensiva de una derecha que ha decidido presentar a los migrantes como una amenaza colectiva. También sabe que no hacer nada sería la peor decisión posible.
Esta es una historia de política ficción. Pero las preguntas que se formulan dentro de esa sala son reales.
La primera orden: devolver el control al Estado
—presidente, lo primero es que el Gobierno vuelva a parecer Gobierno.
La frase la pronuncia uno de los asesores. No propone una gran declaración ni una visita apresurada para hacerse una fotografía. Propone crear un gabinete permanente de crisis presidido por Moncloa y dirigido sobre el terreno por una única autoridad civil, con capacidad para coordinar Interior, Migraciones, Infancia, Exteriores, Sanidad y Defensa.
La crisis de Ceuta no puede seguir fragmentada entre ministerios que explican por separado lo que están haciendo. Tampoco puede quedar reducida a una batalla de titulares entre el Gobierno y Feijóo. Sánchez necesita comparecer con datos, calendario y responsabilidades concretas.
La primera medida sería completar la identificación individual de todas las personas que permanecen en la ciudad. No para fabricar una lista de expulsiones, sino para saber quién es menor, quién solicita protección internacional, quién tiene familia en Marruecos o en Europa, quién puede retornar legalmente y quién necesita atención médica o psicológica.
Las devoluciones colectivas no son una opción legal. Cada caso debe examinarse individualmente, especialmente cuando afecta a menores, solicitantes de asilo o personas vulnerables. Esa realidad jurídica debe explicarse con claridad: cumplir la ley no significa mantener indefinidamente el caos.
Sacar a Ceuta de la emergencia
Otro asesor coloca sobre la mesa una propuesta más delicada: trasladar de manera inmediata a la Península a una parte de las personas ya identificadas.
Mantener a miles de migrantes concentrados en Ceuta únicamente sirve para colapsar sus servicios públicos, multiplicar el malestar vecinal y entregar imágenes de desorden a la extrema derecha. Ceuta no puede convertirse en una enorme sala de espera ni asumir en solitario una responsabilidad que pertenece al conjunto del Estado.
El plan incluiría centros de acogida pequeños y repartidos, plazas extraordinarias en varias comunidades autónomas y financiación estatal suficiente para que ningún ayuntamiento pueda alegar que recibe personas sin recursos. Los menores tendrían un circuito diferenciado, con escolarización, atención psicológica, intérpretes y búsqueda de familiares.
El Gobierno debería aprobar además un programa económico extraordinario para Ceuta: refuerzo sanitario, compensaciones al comercio, ayudas a trabajadores autónomos, apoyo a los servicios municipales y recuperación de los espacios afectados. La ciudadanía debe comprobar que la protección de los migrantes no significa su abandono.
Esa es una de las claves políticas. La solidaridad fracasa cuando el Estado obliga a los territorios más débiles a pagarla solos.
Hablar con Marruecos sin aceptar el chantaje
En la sala se produce entonces el silencio más incómodo. Nadie ignora que la crisis no puede resolverse sin Marruecos. Pero tampoco puede resolverse aceptando que Rabat utilice el control fronterizo, los cadáveres o los menores como instrumentos de presión.
La propuesta de Exteriores tendría dos niveles. El primero sería reservado: negociación directa con el Gobierno marroquí para reabrir un mecanismo de retornos legales, seguros y verificados; facilitar la identificación de familias; recuperar los cuerpos de los fallecidos, y reforzar la vigilancia para impedir nuevas entradas masivas.
El segundo nivel sería europeo. Sánchez debería solicitar una misión permanente de la Comisión Europea y de las agencias comunitarias competentes. La frontera de Ceuta no puede ser tratada como una relación bilateral en la que España negocia sola frente a Marruecos. Es también una frontera exterior de la Unión.
La cooperación económica con Rabat debería continuar, pero vinculada a compromisos comprobables. Cooperar no equivale a entregar un cheque en blanco. Marruecos debe ser tratado como socio estratégico, no como propietario del interruptor que abre y cierra la frontera cuando quiere obtener una concesión política.
La fórmula propuesta a Sánchez sería aparentemente sencilla: firmeza sin humillación, diálogo sin sometimiento y cooperación sin impunidad.
Desmontar la mentira sanitaria
En otra carpeta aparecen las palabras de Feijóo reclamando que se valore un confinamiento en Ceuta por un supuesto riesgo sanitario asociado a la sarna y la tuberculosis. Sanidad ya ha respondido que no existe un peligro que justifique semejante medida y que aislar colectivamente a los migrantes sería desmesurado. La legislación española tampoco permite las repatriaciones masivas exigidas por el PP. El Ministerio de Sanidad ha negado que exista riesgo de contagio generalizado.
Los asesores recomendarían a Sánchez no responder solamente con indignación moral. La mentira sanitaria debe combatirse con médicos, epidemiólogos y datos públicos diarios.
Habría que establecer controles sanitarios individualizados, tratar los casos detectados y publicar informes periódicos. Si existe una enfermedad, se atiende. Si requiere aislamiento médico, se aísla al paciente durante el tiempo indicado. Lo que no se hace en una democracia es confinar una ciudad o encerrar a un grupo humano por su nacionalidad.
Feijóo ha cruzado una frontera especialmente peligrosa: convertir enfermedades tratables en argumentos para la segregación. Sánchez debería obligarle a responder a una pregunta muy concreta: ¿qué autoridad sanitaria ha solicitado el confinamiento y en qué informe se basa?
No combatir a la ultraderecha imitando su lenguaje
Una asesora advierte entonces del error más tentador: endurecer el discurso para demostrar autoridad.
La derecha ultra y la extrema derecha quieren que el debate se desarrolle exclusivamente en su terreno: invasión, contagio, delincuencia, expulsión y fuerza. Si el Gobierno acepta ese vocabulario, aunque intente utilizarlo con mayor moderación, ya habrá perdido.
La respuesta no puede consistir en negar las dificultades que vive Ceuta. Hay saturación, miedo, agotamiento institucional y una convivencia sometida a enorme presión. Pero reconocerlo no obliga a presentar a cada migrante como un enemigo.
Sánchez tendría que viajar a la ciudad, reunirse con los vecinos, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las entidades sociales y el Gobierno ceutí. No para organizar un acto partidista, sino para anunciar decisiones. La presencia solo sirve si llega acompañada de recursos, traslados, plazos y una negociación diplomática avanzada.
El ático puede ayudar, pero no salvará al Gobierno
Al final de la reunión alguien pregunta por el ático de Chamberí. La compra del inmueble por una empresa pública madrileña, las explicaciones contradictorias sobre su destino y la admisión de Feijóo de que conocía desde abril la búsqueda de una ubicación provisional han abierto una grieta dentro del PP. Ayuso ha respondido con un “está en venta, chao, pescao”, sin aclarar las contradicciones planteadas por el propio líder de su partido. El inmueble costó unos 6,3 millones y su adquisición ya está bajo investigación judicial. La controversia ha dejado enfrentados los relatos de Ayuso y Feijóo.
Sí, la crisis del ático ayuda a Sánchez. Debilita la autoridad de Feijóo, fractura el discurso del PP y devuelve al primer plano el uso del dinero público. Pero Moncloa cometería un error gravísimo si confiara en que un escándalo madrileño hará desaparecer Ceuta.
El ático puede distraer a la derecha. No puede alimentar a un menor, descongestionar un hospital, cerrar un acuerdo con Marruecos ni devolver la tranquilidad a los ceutíes.
Sánchez saldría de la reunión con una conclusión menos cómoda que cualquier consigna electoral: esta crisis no se gana derrotando verbalmente a Feijóo. Se gana demostrando que el Estado democrático puede proteger simultáneamente la frontera, la legalidad, la dignidad de los migrantes y la vida cotidiana de Ceuta.
Y se pierde si, por miedo a la ultraderecha, el Gobierno termina gobernando con sus palabras.
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