El 29 de octubre de 2024 murieron 229 personas por los efectos de una dana que arrasó el litoral valenciano. Diez meses después, el Gobierno de la Generalitat aún no ha aclarado si ocultó voluntariamente pruebas documentales que podrían haber evitado parte de esa tragedia. La investigación judicial abierta en Catarroja pone el foco en un vídeo grabado durante la reunión del Cecopi (centro de coordinación de emergencias) que la administración negó formalmente, pese a haberlo recibido por encargo propio.
Una mentira formal
El corazón del caso es una omisión intencionada en un procedimiento reglado de acceso a la información pública. En diciembre de 2024, la Generalitat respondió por escrito que "no se realizó ninguna grabación de la reunión del Cecopi". Esa afirmación, emitida por un alto cargo, es ya incompatible con la revelación posterior: el vídeo existe, fue grabado por encargo público, entregado al propio gobierno y está bajo custodia de un ente instrumental dependiente del Ejecutivo valenciano.
En condiciones normales, las mentiras administrativas en un procedimiento de transparencia no tienen consecuencias penales. Sin embargo, cuando la misma información es relevante en un proceso judicial, el escenario cambia por completo. El artículo 464 del Código Penal contempla penas de prisión para quienes oculten pruebas en un procedimiento penal en curso. La clave está en si el Gobierno tenía conocimiento de la existencia del vídeo cuando respondió negativamente al requerimiento del juzgado.
Ocultar una prueba relevante para esclarecer la responsabilidad institucional en una tragedia con víctimas mortales no es una falta técnica: es un hecho de enorme gravedad jurídica. Más aún cuando el vídeo en cuestión podría confirmar o desmentir si los responsables políticos —hoy investigados— dieron instrucciones que negaron bajo juramento.
Transparencia obstruida, justicia comprometida
La jueza instructora ha lamentado en reiterados autos la “falta de documentación relevante” por parte de la administración. El comportamiento de la Generalitat —negando primero, reconociendo después— socava los principios de cooperación institucional con la justicia y vulnera de facto el deber de veracidad en los procesos penales, especialmente si quienes emiten los informes están citados como testigos con obligación de decir la verdad.
El testimonio del subdirector de la Agencia de Emergencias, Jorge Suárez, será determinante. Su firma figura en la respuesta oficial que negó la existencia del vídeo. Pero además, la SGISE —sociedad instrumental que contrató la grabación— está tutelada por la misma agencia donde él ostenta un cargo directivo. La posibilidad de que conociera la existencia del vídeo en el momento de negar su existencia ante el juzgado abre la puerta a una imputación por obstrucción, falso testimonio o encubrimiento.
Lo que está en juego ya no es solo la depuración de responsabilidades por la tragedia del 29-O. La pregunta que se abre es otra: ¿puede un gobierno ocultar pruebas de una tragedia con víctimas mortales sin enfrentar consecuencias penales?
Del juicio político al penal
Carlos Mazón ha guardado silencio mientras su administración se enreda en contradicciones documentadas. Su equipo ha preferido atrincherarse tras tecnicismos y declaraciones ambiguas, como la ofrecida esta semana por el actual consejero de Emergencias, que solo reconoció la existencia del vídeo “si la jueza lo requiere”. Pero a estas alturas, la colaboración selectiva no basta.
La administración pública no tiene discrecionalidad sobre qué pruebas entrega y cuáles esconde. Cuando se trata de esclarecer la muerte de 229 personas, la justicia no puede depender de la voluntad política del Ejecutivo de turno.
Este caso puede sentar un precedente en la jurisprudencia española. Si finalmente se acredita la ocultación consciente de un material clave en una investigación penal, estaríamos ante uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años en la Comunitat Valenciana. No solo por la negligencia previa, sino por el intento deliberado de obstruir el acceso de la justicia a la verdad.