Isabel Díaz Ayuso llegó este jueves a la Asamblea de Madrid con un discurso preparado sobre la decadencia de España, pero salió de la sesión de control sin haber respondido a algunas de las preguntas más importantes que le formularon las portavoces de la oposición. Ni una explicación detallada sobre la investigación del Tribunal de Cuentas relacionada con Planifica Madrid, ni una propuesta concreta para resolver la huelga educativa, ni un compromiso de negociación con los profesores. En cambio, hubo tiempo para hablar de Pedro Sánchez, Venezuela, las supuestas escuchas ilegales y hasta los negocios del marido de Mar Espinar.
La presidenta convirtió sus turnos de respuesta en una confrontación sobre política nacional mientras las preguntas que debía contestar se referían a decisiones de su propio Gobierno. Una diferencia importante: los ciudadanos madrileños no habían acudido al pleno para escuchar otro mitin electoral, sino para conocer las explicaciones de su presidenta.
Mar Espinar lleva a Ayuso al terreno de la vivienda, los salarios y los servicios públicos
La portavoz socialista, Mar Espinar, puso sobre la mesa una cuestión especialmente incómoda para el Ejecutivo regional: la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre la adquisición de un ático en la calle General Martínez Campos por parte de la empresa pública Planifica Madrid.
El inmueble fue adquirido por 6,3 millones de euros y el órgano fiscalizador ha apreciado indicios suficientes de un posible perjuicio a fondos públicos para ordenar que se investigue la operación. Esto no constituye una condena ni demuestra por sí mismo una irregularidad, pero exige explicaciones.
Espinar fue directa y preguntó a Ayuso cómo valoraba la política de transparencia de su Gobierno.
La primera respuesta de la presidenta fue reveladora por su brevedad: «¿Cómo valora usted la suya misma, la suya propia? Cuénteme». Ni una cifra. Ni una explicación sobre la compra. Ni una aclaración sobre quién decidió adquirir aquel inmueble ni por qué era necesario.
La socialista pasó entonces a los problemas cotidianos de los madrileños: el precio de la vivienda, las demoras sanitarias y las condiciones de los colegios públicos. «¿De verdad usted cree que los madrileños quieren gastar el 71 % de su nómina en pagar una casa? ¿De verdad cree que los madrileños disfrutan esperando seis meses a que su médico les reciba?», preguntó Espinar.
Las cifras mencionadas requieren contextualizar la población y los indicadores concretos a los que se refieren, pero las preguntas apuntaban a cuestiones reales sobre las que Ayuso tiene responsabilidades de gobierno.
Y llegó uno de los reproches más incisivos de la sesión: «A usted le gusta la fruta; a los madrileños, que alguien haga algo para que ellos puedan vivir mejor».
La hipocresía como argumento y la vida familiar como respuesta
Mar Espinar también reprochó a Ayuso sus declaraciones anteriores sobre las garrapatas, la cultura del esfuerzo y las movilizaciones de los trabajadores públicos. «Lo vergonzoso, señora Ayuso, es llamar garrapatas a los andaluces y a los profesores de la educación pública», afirmó.
La interpretación de Espinar sobre aquellas palabras puede discutirse, porque Ayuso no utilizó literalmente esa denominación para referirse a todos los docentes. Pero la controversia evidencia hasta qué punto las metáforas elegidas por la presidenta han trasladado la confrontación política al terreno de la descalificación personal.
En lugar de responder a las preguntas de transparencia, Ayuso llevó el debate hacia la vivienda ocupada por Espinar, la actividad empresarial de su marido y sus posibles relaciones con los alquileres turísticos.
La presidenta habló de una supuesta sociedad instrumental destinada a pagar menos impuestos, de negocios inmobiliarios y de cifras de facturación, pero no acreditó durante el debate la comisión de irregularidades tributarias ni una responsabilidad personal de la portavoz socialista.
Aquí aparece una contradicción política especialmente llamativa: Ayuso reprochó a Espinar los ataques personales mientras utilizaba su propio turno parlamentario para cuestionar las circunstancias familiares de su adversaria.
Se puede exigir transparencia a cualquier representante público, también a Mar Espinar. Lo que resulta difícil de justificar es utilizar las sospechas sobre terceras personas para evitar explicar una operación de una empresa pública sometida a investigación.
Profesores en huelga: denuncias, servicios mínimos y ninguna solución concreta
El conflicto educativo fue otro de los grandes asuntos que quedaron sin una respuesta satisfactoria durante la sesión.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, denunció que la Consejería de Educación estuviera recurriendo a acciones judiciales contra miembros del comité de huelga mientras persistían las reclamaciones sobre salarios, jornada lectiva, ratios y mantenimiento de los centros. «Si quieren volver a pisar la calle con normalidad, siéntense a negociar y resuelvan el problema de la educación pública», exigió.
La situación va más allá del enfrentamiento parlamentario. Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT han recurrido judicialmente comunicaciones dirigidas al profesorado.
La consejera Mercedes Zarzalejo sostiene, por su parte, que las actuaciones judiciales se refieren a supuestas conductas violentas y no al ejercicio legítimo de la huelga. Esa diferencia deberá determinarse a partir de los hechos y de las decisiones judiciales correspondientes.
El Gobierno regional también ha ampliado los servicios mínimos mediante una orden publicada este mismo jueves, con medidas destinadas a garantizar la atención educativa básica. La propia disposición establece que estos servicios no deben sustituir plenamente el trabajo de los huelguistas ni privar de eficacia a su derecho constitucional.
Sin embargo, en la réplica a Bergerot, Ayuso no explicó cómo piensa acercar posiciones con los docentes, qué calendario de negociación propone o qué solución ofrece a las reclamaciones laborales. Los profesores pedían respuestas concretas. La presidenta volvió a hablar de Sánchez.
Del ático y las goteras a «cómo mueren las democracias»
Cuando Bergerot insistió en la investigación del ático y denunció el deterioro de las instalaciones educativas, Ayuso respondió con una extensa intervención que comenzó así: «¿Cómo mueren las democracias?».
Durante los minutos siguientes, la presidenta enumeró presuntas prácticas del Gobierno central: colonización institucional, compra de medios, manipulación de censos, escuchas ilegales, persecución judicial y fabricación de causas contra adversarios.
Acusaciones extraordinariamente graves, algunas relacionadas con posibles delitos, sin que aportara pruebas específicas durante su intervención.
Y terminó con una frase de campaña electoral: «España tiene diez días para decidir si se suicida».
El contraste resulta evidente. La oposición preguntaba por un inmueble adquirido con dinero público, por profesores que llevan semanas de movilizaciones y por centros educativos con deficiencias. La presidenta respondió con una descripción de la desaparición de la democracia española.
No se trataba de una pregunta abstracta sobre el futuro del país. Era una sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El verdadero problema de Ayuso: las preguntas que siguen sin respuesta
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar una operación de 6,3 millones de euros. Los profesores reclaman mejoras laborales y negociación. Los sindicatos han llevado a los tribunales y a la Inspección de Trabajo sus denuncias sobre las actuaciones de la Consejería. Y las familias necesitan respuestas sobre el estado de los colegios, la atención sanitaria y el precio de la vivienda.
Sobre todas estas cuestiones, Ayuso tiene competencias y responsabilidades concretas.
La presidenta también tiene pleno derecho a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y a exigir explicaciones sobre sus decisiones. Pero esas críticas no sustituyen la rendición de cuentas de su propio Ejecutivo.
Mar Espinar consiguió que el contraste quedara planteado con claridad: frente a las apelaciones de Ayuso a la cultura del esfuerzo, recordó las dificultades de quienes trabajan y no pueden pagar una vivienda; frente a las descalificaciones, contrapuso las necesidades de los servicios públicos; y frente a los discursos sobre transparencia, reclamó explicaciones sobre una compra investigada por el Tribunal de Cuentas. Ayuso optó por contestar hablando de la familia de su adversaria, de Puigdemont y de Pedro Sánchez.
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