La vivienda ha regresado al centro de la agenda política porque nunca dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de una parte creciente de la sociedad. El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para impulsar un nuevo decreto antes del parón estival persigue precisamente recuperar una iniciativa que el Gobierno perdió hace apenas unos meses, cuando el Congreso rechazó la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
El nuevo texto recupera aquella medida y amplía su alcance. Los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 30 de junio de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, manteniendo las condiciones esenciales del contrato. Según los cálculos del Ejecutivo, la medida podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y a un millón y medio de hogares.
Pero el decreto aspira a ir más allá de esa prórroga. El Gobierno plantea regular de forma más estricta los alquileres de temporada y por habitaciones para impedir que estas modalidades se utilicen como un mecanismo para eludir la legislación de vivienda habitual y los límites de precios en las zonas tensionadas. También incorpora un incremento del IVA de los pisos turísticos hasta el 21 % y un endurecimiento de las sanciones por la publicidad de alojamientos que incumplan la normativa. A ello se suma la voluntad de negociar con los grupos parlamentarios nuevas medidas destinadas a evitar que las familias vulnerables queden sin alternativa habitacional ante un desahucio.
El contenido del decreto refleja una convicción política cada vez más extendida dentro de la coalición de Gobierno. El mercado, por sí solo, no ha conseguido garantizar el acceso a una vivienda asequible. Después de años de incrementos sostenidos en el precio de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades y en numerosos municipios turísticos, la intervención pública ha dejado de presentarse como una excepción para convertirse en una herramienta permanente de política social.
Ese diagnóstico encuentra respaldo en una realidad difícil de discutir. El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas y buena parte de los jóvenes destina una proporción creciente de sus ingresos al pago del alquiler. En ese contexto, la estabilidad residencial ha adquirido un valor que trasciende el propio contrato y afecta a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Ahora bien, la política de vivienda también se juega en el Parlamento. El anterior decreto decayó porque el Ejecutivo no consiguió reunir una mayoría suficiente. Junts rechazó la iniciativa al considerar que faltaban incentivos para los propietarios y otras formaciones plantearon objeciones sobre distintos aspectos del texto. El nuevo decreto intenta ampliar el consenso incorporando medidas fiscales y manteniendo abierta la negociación hasta el último momento, aunque las posiciones siguen siendo muy diferentes y la aritmética parlamentaria continúa siendo incierta. Podemos ya ha advertido de que no respaldará determinadas bonificaciones fiscales a los arrendadores, mientras Junts mantiene reservas sobre varios puntos del texto.
La dificultad ilustra uno de los grandes desafíos de la legislatura. Existe un acuerdo bastante amplio sobre la gravedad de la crisis residencial, pero resulta mucho más complejo alcanzar consensos acerca de cómo afrontarla. Una parte del arco parlamentario considera imprescindible reforzar la regulación para proteger a los inquilinos. Otra sostiene que el problema solo puede resolverse aumentando la oferta y reduciendo las cargas regulatorias sobre los propietarios.
Ambas estrategias parten de diagnósticos distintos y, por tanto, conducen a respuestas diferentes. El Gobierno ha optado por insistir en la primera vía. No porque la regulación pueda resolver por sí sola un problema estructural que también exige más vivienda pública y una oferta residencial suficiente, sino porque entiende que millones de personas necesitan respuestas inmediatas mientras esas soluciones de largo recorrido llegan.
La vivienda se ha convertido en el gran termómetro social de esta década. También en una de las pruebas más exigentes para cualquier mayoría parlamentaria. El nuevo decreto permitirá comprobar si el Congreso es capaz de traducir ese diagnóstico compartido en medidas concretas o si la crisis seguirá acumulando consensos retóricos y desacuerdos políticos.
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