La reciente sesión de control en el Congreso ha puesto de manifiesto la compleja aritmética parlamentaria que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El debate, marcado por las críticas cruzadas entre el bloque de la investidura, revela una brecha creciente entre las aspiraciones de los socios nacionalistas e independentistas y la capacidad de ejecución del Gobierno. Mientras Junts per Catalunya endurece su discurso contra el modelo fiscal y migratorio estatal, EH Bildu presiona para acelerar una agenda social que, a su juicio, corre el riesgo de quedar incompleta ante el agotamiento de la legislatura.
La intervención de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, fue especialmente incisiva al denunciar lo que considera un "menosprecio" a las instituciones catalanas bajo la presidencia de Salvador Illa. Nogueras trazó un panorama crítico donde la riqueza generada en Cataluña se diluye en un sistema que "ahoga a los autónomos" y "empobrece a la gente para después subsidiarla". La diputada independentista lanzó un dardo directo a la estrategia migratoria y legislativa del Gobierno: “Ustedes no han hecho los deberes, porque bastante tienen con ocupar el poder sin una mayoría, señor Sánchez”. Este análisis político sugiere que Junts busca diferenciarse de la gestión de la izquierda, apostando por una defensa de la clase media trabajadora y el autogobierno frente a lo que denominan "políticas por la puerta de atrás".
Por su parte, Pedro Sánchez defendió su gestión internacionalista y la proyección de Barcelona como escenario de cumbres globales, rechazando las críticas sobre el modelo de regularización migratoria. El presidente vinculó el crecimiento económico a la contribución de la población migrante, cuestionando la postura de Junts con una pregunta retórica: “¿Qué problema tienen ustedes con la regularización? ¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quienes viven aquí?”. Esta respuesta marca una línea roja ética y económica, situando al Gobierno en la defensa de los derechos humanos y la descarbonización industrial como motores de resistencia frente a la "ola reaccionaria" internacional.
En un tono sensiblemente distinto, Maite Aizpurua, portavoz de EH Bildu, trasladó la urgencia de cumplir con los compromisos plurinacionales y sociales antes de que finalice el año de legislatura. Aizpurua enumeró tareas pendientes de alto calado, como la reforma de la ley mordaza, el control de los pisos turísticos y la oficialidad de las lenguas propias en Europa. Su advertencia fue clara respecto al tiempo disponible: “La legislatura necesita un impulso social y plurinacional real, y aún queda mucho por hacer”. La formación vasca parece decidida a condicionar su apoyo a avances tangibles en el autogobierno y en la protección de la mayoría social trabajadora, evitando que la geopolítica opaque las necesidades domésticas.
Sánchez recogió el guante de EH Bildu reafirmando su voluntad política de culminar los acuerdos de investidura, utilizando como ejemplo la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El presidente aprovechó para confrontar su modelo de vivienda protegida con el de los gobiernos autonómicos de la derecha, afirmando que su objetivo es “evitar y prohibir que las viviendas protegidas sean pasto de la venta a fondos buitre”. Con una movilización de 7.000 millones de euros, el Ejecutivo intenta recuperar la iniciativa social y demostrar que, pese a la inestabilidad parlamentaria, la maquinaria legislativa sigue activa.
Sánchez se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, debe aplacar el descontento de Junts, que percibe una pérdida de influencia política en Cataluña; por otro, debe satisfacer la sed de reformas de EH Bildu para mantener viva la llama del bloque progresista. El éxito de los próximos meses dependerá de la capacidad de la Moncloa para transformar los reales decretos leyes en una mejora real de los servicios públicos, mientras navega en un Parlamento donde cada votación se convierte en un plebiscito sobre la supervivencia de la coalición.